ÍNDICE:

EDITORIAL: ¡Seamos serios!

1. LAS NEGOCIACIONES DE KAMPALA

a. El orden del día de las negociaciones

b. El pliego de condiciones del M23

c. La respuesta del gobierno

2. LA POLÍTICA EN KAMPALA

 

EDITORIAL: ¡SEAMOS SERIOS!

Las delegaciones del gobierno congolés y del grupo armado conocido como el Movimiento del 23 de marzo (M23) aprobaron el orden del día de sus negociaciones durante una reunión en Kampala tras estallar la guerra del M23 en Kivu del Norte. Tras ello, la delegación del M23 leyó una declaración en la que enumeraba varias de sus reivindicaciones, a las que la delegación del gobierno respondió al día siguiente.

 

La arrogancia de los dos primeros puntos.

 

El primer punto del orden del día establece que se evalúen los Acuerdos del 23 de marzo de 2009 entre el grupo armado conocido entonces como Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) y el gobierno congolés para «poner fin» a la guerra que el mismo CNDP comenzó en 2008. En este acuerdo, en el artículo 1, el CNDP se comprometía a abandonar la lucha armada para convertirse en un partido político, llevando a cabo así su lucha por la vía política y respetando la Constitución, la ley y las instituciones del Estado. El gobierno se comprometía a integrar las tropas y los representantes civiles del CNDP en él ejército nacional y en la administración y vida política del Estado respectivamente.

 

El M23 afirma que tomó de nuevo las armas porque el gobierno no respetó este acuerdo. Sin embargo, los hechos contradicen esta acusación: las tropas del CNDP fueron integradas en el ejército y su rama política fue reconocida como partido y aceptada incluso como miembro de la Mayoría Presidencial (MP). Hubiese sido totalmente normal que el CNDP hubiese exigido, por la vía política, que se evaluase el acuerdo si el gobierno no lo hubiese respetado (tal y como se establece en el propio acuerdo). Sin embargo, decidió retomar la guerra, surgiendo así el M23. Lo que es sorprendente y contradictorio es que ciertos miembros del CNDP, un partido político, formen parte de la delegación gubernamental de Kampala.

 

Cabe destacar que el M23 no dedica nada más que cinco líneas de su declaración de 13 páginas al primer punto del orden del día, titulado «Evaluación del Acuerdo del 23 de marzo de 2009». Esto se debe a dos simples razones: el M23 no es firmante de este acuerdo y además violó el artículo 1 del mismo al tomar las armas.

 

El segundo punto, que no va más allá de la página y media, aborda cuestiones de seguridad mezclando cuestiones nacionales con reivindicaciones propias y con las ya que contiene el Acuerdo del 23 de marzo de 2009.

 

Evitar los errores del pasado

 

El gobierno no debe repetir los errores que cometió en 2009 bajo ningún concepto. La delegación del gobierno no puede, por ejemplo, aceptar que aquellos que se beneficiaron de la amnistía en 2009 vuelvan a hacerlo ahora, lo que les otorgaría una impunidad que les animaría a volver a cometer los mismos actos.

 

Si es necesario iniciar una reforma profunda del ejército nacional, como indicó también el propio M23, el gobierno no puede aceptar que se agreguen tropas del M23, como ya hizo con el CNDP en 2009. Si lo hace, volverá a dejar el ejército en manos de una «fuerza negativa» (así describió la ONU al M23») una vez más. Pondría además en peligro su futuro mando, ya que el M23 exige que el gobierno otorgue a sus oficiales militares, reintegrados por enésima vez, los títulos actualizados que obtuvieron durante la última guerra. No se puede llevar a cabo una reforma del ejército para incluir milicianos, desertores, terroristas y criminales, muchos de los cuales tienen impuestas sanciones por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o incluso órdenes de detención internacional de la Corte Penal Internacional.

 

Lo que debería conseguir la delegación del gobierno de Kampala es poner fin a este círculo vicioso de «rebeliones-negociaciones» que permite a los señores de la guerra acumular, de forma progresiva y mediante las armas, un poder militar, económico y político cada vez mayor, como ha ocurrido durante estos últimos 16 años, desde 1996. A la AFDL le sucedió el RCD, después surgió el CNDP, a continuación el M23… Si no detenemos esta espiral bélica, pronto veremos nacer el M24…

 

La locura del tercer punto.

 

El M23 dedica la mayor parte de su declaración a cuestiones políticas, sociales y económicas del país. Hay que reconocer que el M23 posee una gran habilidad y astucia: sin contar con ningún apoyo popular debido a una guerra que ha hundido al pueblo en la desesperación, el M23 ha intentado usar a su favor las aspiraciones del mismo pueblo y, sobre todo, las exigencias políticas de la oposición. De esta forma, ha intentado atacar los puntos más débiles y oscuros del poder actual, entre los que se encuentran la falta de legitimidad popular tras las elecciones amañadas de noviembre de 2011, la corrupción, la crisis económica, la ausencia de una reforma del sistema judicial y del ejército, incapaz de defender este último la soberanía nacional y la integridad territorial.

Se trata de asuntos nacionales que se pueden tratar en el marco de unas «negociaciones privadas» entre las delegaciones del gobierno y el M23.

 

¡Seamos serios!

 

El lugar apropiado para encontrar una solución a estos problemas es un debate nacional en el que participen el gobierno, el Parlamento, la oposición política y la sociedad civil. Aunque ya haya una delegación gubernamental reunida con el M23 en Kampala, el gobierno debe acelerar los preparativos para un diálogo inclusivo en Kinshasa entre las instituciones del Estado y las fuerzas vivas de la nación, a fin de resolver las cuestiones principales de la crisis y, al mismo tiempo, evitar que el M23 continúe desestabilizando el país. En este diálogo inclusivo no se debe permitir que prevalezca la autoridad de la mayoría, que se lleven a cabo venganzas políticas ni que se realice un nuevo reparto de poder entre las diferentes partes. Deberá ser un diálogo abierto y sincero en el que se busquen soluciones apropiadas a los problemas reales que impiden que se instaure la democracia, la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos en el país.

 

 

1. LAS NEGOCIACIONES DE KAMPALA

 

El 14 de enero no se celebró la asamblea prevista entre la delegación del gobierno y la del M23. No se comunicó la razón oficial de esta enésima anulación, pero fuentes cercanas a las dos partes dejaron entender que sigue habiendo divergencias entre los puntos del orden del día de estas negociaciones. Otras fuentes (que han preferido permanecer en el anonimato) indican que el presidente Yoweri Museveni habría declarado que los problemas de la RDC no se resolverían en Kampala y que además habría reducido las reivindicaciones del M23 de 21 a 9, las cuales, según él, deberían ser el eje temático de las negociaciones. El mediador ya habría comunicado esta exigencia del presidente ugandés a ambas partes.

 

Según las mismas fuentes, el M23 habría solicitado una derogación para estudiar en profundidad el asunto, ya que dos de los nuevos puntos no convencen al grupo rebelde. Por ejemplo, en la revisión de los Acuerdos del 23 de marzo, el mediador estableció que Kinshasa puede elegir ella misma a quién integrar y a quién no en el ejército. Además, algunos miembros del M23 opinan que estas cuestiones harán que se olviden las cuestiones políticas.[1]

 

Según la delegación del M23, la organización habría mostrado su desacuerdo acerca de la libertad que se le ha dado al gobierno congolés y al Estado Mayor de las FARDC para seleccionar la lista de miembros candidatos al M23 que se unirán al ejército nacional. Los delegados del M23 opinan que el poder discrecional que se ha otorgado a los dirigentes congoleses en las futuras operaciones de mixage y brassage (formación de tropas mixtas de soldados y rebeldes) será altamente perjudicial para sus oficiales y soldados. Por esta razón, decidieron que no acudirían a las negociaciones, ya que nadie les garantiza la integración automática de sus combatientes en las FARDC. Desde su cuartel general han manifestado que, en caso de que sus reivindicaciones no lleguen a buen puerto, disponen del poder necesario para replegar al gobierno de Kinshasa a los frentes militares. Además, si el problema persiste, declaran que se verán en la obligación de quebrantar el alto el fuego unilateral que decretaron la semana anterior.

 

El pueblo teme que se retome la guerra en Kivu del Norte y que el M23 haya elaborado una estrategia para introducir una nueva tanda de soldados ruandeses en las filas de las FARDC, como ocurrió con los combatientes del RCD (2003) y de la CNDP (2009) en el ejército nacional. Se sospecha que fueron Ruanda y Uganda las que animaron al M23 a boicotear las negociaciones de Kampala, ya que no estaban conformes con la situación de sus protegidos tras las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU ni con las decisiones relativas al uso de aviones no tripulados y la creación de una Fuerza Internacional Neutra de la MONUSCO en el este de la RDC.[2]

 

El 15 de enero, el portavoz del M23, Bertrand Bissimwa, reveló que ambas delegaciones habían aceptado que el mediador de las negociaciones fuese el presidente ugandés Joweri Museveni, que el facilitador fuese el ministro de Defensa ugandés Cryspus Kiyonga y que los diálogos se llevaran a cabo en la capital de Uganda, Kampala. Según él, cualquier cambio deberá realizarse bajo previo acuerdo entre ambas partes.[3]

 

a. El orden del día de las negociaciones

 

El 16 de enero, el gobierno de la RDC y los rebeldes del M23 acordaron el orden del día de las negociaciones, que consiste en cuatro puntos:

 

I. La revisión del Acuerdo del 23 de marzo de 2009: evaluación del documento y estudio de los mecanismos de su aplicación, así como cuestiones conexas.

 

II. Cuestiones secundarias: el problema de la inseguridad en la RDC; la libre circulación de personas y bienes; cuestiones relativas al funcionamiento de los servicios de seguridad, defensa y orden público; la restitución de bienes públicos y privados robados en el territorio dominado por el M23 y la reparación de los daños de guerra.

 

III. Cuestiones sociales, políticas y económicas: la violación de la Constitución, principalmente por el Tribunal Supremo de Justicia; la violación de los derechos humanos; la aplicación efectiva de la ley sobre la nacionalidad y su puesta en práctica; la gestión económica, social y política del país; el desequilibrio geopolítico en el desarrollo de la RDC; la liberación de los detenidos políticos y de los prisioneros de la guerra; la amnistía general de los criminales de guerra y los insurrectos; el escrutinio del 28 de noviembre de 2011 y la CENI.

 

IV. El plan de aplicación incluye un mecanismo de seguimiento y de evaluación del Acuerdo que se firmará en Kampala.[4]

 

El 16 de enero, la sociedad civil de Kivu del Norte, durante uno de los diálogos de Kampala (Uganda), reprochó que la delegación del gobierno congolés y el movimiento rebelde del M23 habían sobrepasado los límites fijados en las negociaciones. En un comunicado firmado por Omar Kavota, su portavoz, la sociedad civil afirma que «ambas partes han ido más allá de lo que realmente deben hacer, que es evaluar el Acuerdo del 23 de marzo de 2009», añadiendo que «el pueblo congolés no ha aprobado que las personas que se encuentran ahora mismo en Kampala hablen de la situación socioeconómica y política de nuestro país».

 

 

Jean Marie Runiga, responsable político del M23, afirmó que mientras que no se aborden los temas socioeconómicos propuestos por el M23, «la RDC seguirá estando en guerra». Según él, la sociedad civil de Kivu del Norte está «desconectada de la realidad y está siendo manipulada por Kinshasa». Mientras tanto, el M23, que debe estar a más de 20 km de Goma, sigue teniendo bases justo a la salida de la ciudad, lo que indica que piensan llevar a cabo una nueva ocupación a pesar de la presencia de las fuerzas de las Naciones Unidas.[5]

 

 

b. El pliego de condiciones del M23

 

El 16 de enero, el M23 presentó su pliego de condiciones.

 

Dispuesto a dialogar tranquilamente y en calidad de colaborador para la restauración de la paz, el M23 exige lo siguiente:

 

I. La revisión del Acuerdo del 23 de marzo de 2009.

El M23 considera que el gobierno no ha respetado el Acuerdo del 23 de marzo de 2009.

El M23 recomienda que se apliquen, de forma actualizada, todos los puntos del Acuerdo del 23 de marzo.

 

II. Cuestiones secundarias.

El M23 considera que se deben abordar los siguientes puntos:

1. El problema de la inseguridad en la RDC.

2. La libre circulación de personas y de bienes y la apertura de la frontera de Bunagana.

3. La amnistía general de los criminales de guerra y los insurrectos.

4. La liberación de los presos políticos y los presos de guerra.

5. Las cuestiones relativas al funcionamiento de los servicios de seguridad, de defensa y del orden público.

6. La reparación de los daños causados a la población civil durante la guerra.

 

Respecto a lo que precede, el M23 recomienda:

1. La aplicabilidad del servicio especializado encargado de los heridos de guerra, las viudas y los huérfanos.

2. La erradicación y repatriación de las FDLR, la ADF-NALU y la FNL que pertenecen a las FARDC y de aquellas que operan en territorio congolés.

3. La erradicación de los grupos armados congoleses, creados en su mayoría por el gobierno congolés para gestionar el conflicto del este de la RDC.

4. La creación de una policía de proximidad.

5. La reforma de los servicios especiales de seguridad y de información (civiles y militares).

6. La reformas del ejército nacional y el reconocimiento formal de los rangos militares del M23. Para ello, se deberá crear un mecanismo de fidelización de las tropas del Ejército Revolucionario Congolés (ARC) en el proceso de integración del ejército nacional.

7. La gerencia de los activos y pasivos del M23 por parte del gobierno.

8. La creación de una comisión mixta de análisis sobre los bienes mal habidos de los oficiales militares, policías y responsables políticos.

 

III. Cuestiones políticas.

Según el M23, estas cuestiones derivan de dos grandes hechos, a saber:

 

1. La violación de la Constitución.

El M23 considera que se ha violado la Constitución en los casos siguientes:

a. El no respeto de la retención directa del 40% de los beneficios de las provincias (artículo 175, párrafo 2).

b. La exclusión de los mandatos de las Asambleas Provinciales, de los gobernadores, de los vicegobernadores y del Senado.

c. La intención deliberada del régimen de Kinshasa de no organizar elecciones a nivel local y municipal durante los dos mandatos.

d. La no división del Tribunal Supremo de Justicia en tres jurisdicciones: Tribunal Constitucional, Tribunal de Casación y Tribunal de Estado.

e. La no efectividad de la descentralización.

f. El desequilibrio patente en la asignación de recursos humanos para la gestión del país.

g. La violación de los derechos humanos.

h. La xenofobia y la discriminación étnica.

i. Los desequilibrios geopolíticos en el desarrollo de la RDC y la marginalización de ciertas provincias.

 

2. Los fraudes masivos durante las elecciones del 28 de noviembre de 2011.

2.1. La CENI.

La CENI jamás ha sido independiente. Es un instrumento de poder creado para las necesidades de la causa. Será recordada por la incapacidad de organizar unas elecciones libres, democráticas, transparentes y creíbles. Durante las elecciones de 2011 se produjeron graves irregularidades y fraudes masivos.

 

2.2. El Tribunal Supremo de Justicia.

La corrupción y el clientelismo político han constituido una parodia de la justicia en la publicación de los resultados y el trato de los recursos de violación de la Ley Electoral.

En lo relativo a los puntos sobre la violación de la Constitución y las elecciones del 26 de noviembre de 2011, el M23 propone:

1. La anulación de los resultados de las elecciones del 28 de noviembre de 2011 tras la verificación de los resultados de las urnas.

2. La disolución del Senado.

3. La disolución de las Asambleas Provinciales y la dimisión inmediata de los gobernadores y los vicegobernadores.

4. La creación del Consejo Nacional de Transición Congolés (CNTC), cuya misión será dirigir el país durante el periodo de transición. Las funciones principales del CNTC serán:

a) Revisar la Constitución. b) Formar un gobierno de transición. c) Gestionar el resto de instituciones de la República. d) Reestructurar la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI). e) Organizar las elecciones generales, comenzando por las locales y acabando con las presidenciales.

5. La instalación eficaz de una nueva orden jurisdiccional aprobada por la Constitución, a saber: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Casación y el Tribunal de Estado.

6. La creación de un sistema federal.

 

IV. La gestión económica y social de la RDC

Es necesario apuntar lo siguiente:

1. El gobierno de Kinshasa suele firmar contratos leoninos en el dominio minero, forestal y petrolero acompañados de sobornos en forma de comisiones. Esta descarada práctica institucional que llevan a cabo los políticos más importantes del Estado es la base de la pérdida de la riqueza del país y el enriquecimiento sin causa de los gobernadores y de sus familias políticas y/o biológicas.

2. El mandato-ley que prohíbe la explotación artesanal y la exportación de minerales en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur y Maniema deja entrever una intención evidente de segregación en vistas de detener el desarrollo económico de la población del este del Congo.

3. La precariedad en las condiciones de vida de los militares, policías, funcionarios, profesores y el deterioro del aspecto social del pueblo congolés en general.

Con respecto a lo que precede, el M23 propone:

1. Una nueva actualización y aplicación del Programa STAREC bajo la gestión del gobierno, el M23 y aliados internacionales.

2. La creación de una comisión mixta para evaluar todos los contratos (mineros, forestales y petroleros) y su revisión en los casos pertinentes.

3. La anulación de la ley-mandato que prohíbe la explotación y la exportación de piedras preciosas en el este de la RDC.

4. Salarios regulares y decentes para los militares, policías y agentes del Estado.

5. La creación de una comisión especial mixta para completar rápidamente el proceso de integración de la RDC en la Comunidad de África del Este (CAE).

6. Acelerar el proceso de repatriación de los refugiados y reinstalar a las personas que se han desplazado en el interior.

7. Firmar un acuerdo de paz, seguridad, estabilidad y desarrollo en la Región de los Grandes Lagos.

8. La reparación de los daños causados a los civiles durante la guerra.

 

V. El mecanismo de aplicación, seguimiento y evaluación del Acuerdo de Kampala.

El M23 estima que el acuerdo global que debería surgir de estas negociaciones definirá un mecanismo para su implementación que comprenderá:

1. Un comité nacional mixto de seguimiento del Acuerdo de Kampala que garantice resultados.

2. Un comité regional e internacional de seguimiento del Acuerdo de Kampala, apoyado por la CIRGL y la comunidad internacional.

 

Debido a la importancia de los asuntos del orden del día sobre la crisis congolesa, el M23 vuelve a mostrar su gran deseo de que todas las fuerzas vivas del país participen en el diálogo de Kampala, principalmente la oposición política, la sociedad civil y la diáspora congolesa.[6]

 

c. La respuesta del gobierno

 

El 17 de enero, en una declaración en respuesta al M23, la delegación del gobierno congolés reafirmó su intención de que los diálogos constituyan el fin definitivo de las hostilidades, la restauración de la autoridad del Estado y el restablecimiento de la integridad territorial.

Dicho esto, la declaración trata los siguientes puntos:

-El diálogo: marco, objetivo y partes.

-El Acuerdo del 23 de marzo de 2009.

-Cuestiones secundarias.

-Cuestiones políticas, sociales y económicas.

-El mecanismo de seguimiento.

 

1. El diálogo: marco, objetivo y partes.

El presente diálogo se inscribe en el marco de una estrategia global adoptada por los jefes de Estado y de gobierno de la CIRGL durante los encuentros del 21 y el 24 de noviembre de 2012. Esta estrategia fue aprobada y apoyada por la Unión Africana y las Naciones Unidas con el objetivo de acabar de forma definitiva con las fuerzas negativas, los conflictos armados y la inestabilidad en la región de los Grandes Lagos.

 

En un comunicado conjunto, los jefes de Estado declararon lo siguiente respecto al deterioro de la situación humanitaria y la seguridad debido a la guerra: «incluso si las reivindicaciones del grupo rebelde conocido como M23 fuesen legítimas, no pueden aceptar la expansión geográfica de esta guerra ni tolerar la idea de acabar con el gobierno legítimo de la RDC o de atentar contra su autoridad. El M23 debe detener su ofensiva inmediatamente y abandonar Goma».

 

En cuanto a la retirada del M23 de la ciudad de Goma, el grupo rebelde no ha respetado en absoluto la decisión pertinente de la Cumbre del 24 de noviembre, formulada por los jefes de Estado, que decía que debían retirarse a al menos 20 km al norte de Goma, condición que no siempre han cumplido.

 

Siguiendo la voluntad de los jefes de Estado, el diálogo consta de dos partes: por una parte, los representantes de la legalidad constitucional y de la legitimidad popular, conocidos como el gobierno de la República Democrática del Congo y, por otra parte, la rebelión armada denominada M23. Por este motivo, pero también debido a que esta cuestión se ha discutido durante mucho tiempo y se ha resuelto definitivamente gracias a la revisión del Reglamento Interior del diálogo, volver sobre ello es una pérdida de tiempo.

 

Respecto al objetivo del diálogo, las decisiones del 24 de noviembre estipulan que: «el gobierno de la RDC escuchará al M23 y evaluará y resolverá sus reivindicaciones legítimas teniendo en cuenta el trabajo conseguido hasta ahora por la CIRGL». Por lo tanto, este diálogo no se puede convertir en una Conferencia Nacional Soberana o en un Diálogo Inter-congolés bis. Tampoco se puede pretender que se convierta en un foro en el que se aborden y resuelvan todos los problemas del país; ya se han anunciado otros marcos apropiados dónde tratar estas cuestiones. ¡Kampala no es ni será nunca el Sun City Resort! Deberíamos pensar en este diálogo como una oportunidad para conocer las razones por las que el M23 tomó las armas, violando de manera evidente la Constitución de la República, y pensar en formas de detener esta rebelión e instaurar una paz duradera en Kivu del Norte.

 

Por estos motivos y en vista de las importantes decisiones de los jefes de Estado y del gobierno de la CIRGL, las negociaciones actuales no pueden en ningún caso llevar a la instauración de un Consejo Nacional de Transición (como propuso el M23) ni a una reestructuración del orden constitucional e institucional de la RDC.

 

La R. D. Congo es actualmente un Estado de derecho, logro que el M23 se quiere adjudicar. En este tipo de Estado, la modificación de la Constitución es posible, siempre y cuando se respeten las reglas y procedimientos establecidos en la misma Constitución, expresión de la voluntad del pueblo por excelencia, ya que se adoptó en un referéndum popular. No existe, por lo tanto, ningún atajo que permita su modificación inmediata.

 

Para zanjar este asunto y comprender los naturaleza de cada parte, es interesante apuntar que la CIRGL, la UA y la ONU consideran al M23 como una fuerza negativa. Se puede mencionar, por ejemplo, la siguiente declaración de Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, al finalizar su visita a la RDC, afirmó lo siguiente: «los dirigentes del M23 figuran entre los causantes de las peores violaciones de los derechos humanos en la RDC y en todo el mundo. Muchos de ellos han sido acusados de participar en violaciones masivas, masacres y reclutamiento de menores». Estos hechos justifican las sanciones que se han impuesto al movimiento y a algunos de sus dirigentes políticos y militares actualmente.

 

2. El Acuerdo del 23 de marzo de 2009.

En lo que concierne al gobierno, el acuerdo se ha implantado de forma satisfactoria. La mayor parte de los compromisos en los que se involucraron se han llevado a cabo. Aquellos cuya aplicación requiere reformas estructurales o están, según las reglas generales, sometidos a etapas o plazos, están siendo desarrollados.

 

La acusación del M23 es como poco temeraria y vejatoria, ya que las violaciones del Acuerdo del 23 de marzo de 2009 son obra de algunos de sus miembros más importantes que formaban parte del CNDP. Podemos encontrar violaciones en los casos siguientes:

-El carácter irreversible de la decisión del CNDP acerca de su clausura como movimiento político-militar.

-La lucha del CNDP por solucionar sus problemas mediante medidas políticas y respetando el orden institucional y las leyes de la República (artículo 1 del Acuerdo).

-El mantenimiento de las administraciones paralelas en el territorio de Masisi y de cadenas de mando paralelas en el ejército.

 

3. Cuestiones de seguridad.

Los problemas de seguridad originados por el M23 no son nuevos; ya se discutieron en 2009. Por lo tanto, es algo cínico que el M23 quiera actuar como fiscal, cuando realmente su lugar debería ser siempre el banquillo de los acusados.

 

 

A pesar de que el gobierno trabaja para encontrar soluciones duraderas a estos problemas, la rebelión del M23 ha ralentizado sus esfuerzos e incluso ha conseguido acabar con los progresos ya logrados de las siguientes formas:

-Impidiendo la captura de las FDLR, lo que causó que se tuviesen que desplegar las FARDC para defender la patria.

-Utilizando a los desmovilizados y los elementos residuales de los antiguos grupos armados que han dejado de existir y organizándolos en milicias como aprendices del M23.

-Intensificando los crímenes transfronterizos, incluyendo la explotación de recursos naturales.

-Favoreciendo la indisciplina y el motín en el ejército, mediante su politización y la constitución de un grupo importante de militares.

-Insinuando una posible colaboración entre las FARDC y las fuerzas negativas, lo que causa una confusión deliberada por motivos interiores que todo el mundo puede imaginar.

 

Todo el mundo sabe en la región de los Grandes Lagos que el gobierno de la RDC, con la ayuda de las Naciones Unidas, lleva mucho tiempo luchando por detener y erradicar a las FDLR, llegando incluso a aceptar la colaboración con Ruanda. Todo el mundo sabe ya que, una vez más, la guerra causada por el M23 ralentiza estas operaciones que pueden llevar a una reducción considerable de los efectivos y el poder de las FDLR, así como a la repatriación de millones de soldados.

 

No obstante, muchos documentos constatan que en las filas del M23 no solo hay miembros de las FDLR (desmovilizados y regularmente repatriados a Ruanda), sino también miembros activos de las FDLR de la sección Mandefu, como se comprobó en el territorio de Rushuru cuando un grupo de miembros extranjeros del M23 decidió rendirse ante la MONUSCO.

 

En lo que concierne a la petición de la amnistía general, hay que apuntar que la amnistía es esencialmente un acto excepcional. Su misión no es tanto ofrecer la impunidad, sino más bien la reinserción social de aquellos a los que la sociedad ha decidido perdonar sus incumplimientos de la ley, siempre que estos reconozcan sus errores para con la sociedad y se comprometan a no volver a hacerlo. Esto nos hace preguntarnos si sería apropiado conceder la amnistía a los criminales reincidentes, sobre todo a aquellos a los que ya se les ha concedido dos o tres veces, como es el caso de algunos miembros del M23. Hacerlo sería como invitarles a volver a delinquir, dando lugar así a un círculo vicioso de crímenes y actos anticonstitucionales.

 

Además, si el gobierno decide aprobar esta decisión, el problema entonces sería encontrar una forma de aplicar dicha medida, en vista de las propuestas del M23.

 

La amnistía se concede generalmente a través de una ley votada por la Asamblea Nacional y el Senado y promulgada por el jefe de Estado. Este proceso no se podría llevar a cabo si se invalidan las funciones del jefe de Estado y se disuelve el Parlamento, como sugiere el M23.

 

Respecto a la integración de milicias en el ejército con los rangos actualizados, se han demostrado sus límites y su carácter amoral y destructivo. Esta medida no podía ser la fórmula para formar un ejército nacional, profesional y republicano. En un ejército de este tipo, los rangos se obtienen mediante una orden general de la que todos los soldados se pueden beneficiar, siguiendo unos criterios objetivos bien determinados. Lo mismo pasa con el reclutamiento; también debe hacerse mediante criterios definidos por la ley.  Es imposible querer algo y a la vez todo lo contrario, del mismo modo que el M23 no puede exigir una reforma del ejército y al mismo tiempo exigir que se apliquen medidas excepcionales con una efectividad bastante dudosa.

 

Respecto a la policía de proximidad, su aplicación ya está prevista y cuenta con el apoyo internacional.

 

Se han producido avances significativos en la reforma del Ejército y de la Policía Nacional gracias a que las dos cámaras del Parlamento adoptaron y promulgaron las siguientes leyes:

-ley orgánica n.° 11/012 de 11 de agosto de 2011 sobre la organización y el funcionamiento de las fuerzas armadas;

-ley orgánica n.° 11/013 de 11 de agosto de 2011 sobre la organización y el funcionamiento de la Policía Nacional;

-ley orgánica sobre la organización y el funcionamiento del Consejo Superior de Defensa.

 

Además, ambas cámaras adoptaron proyectos de ley que otorgaban estatus militar y personal a la Policía Nacional, cuya promulgación se encuentra en proceso.

 

 

4. Cuestiones políticas, sociales y económicas.

– Cuestiones electorales:

Ya que no se han anulado los escrutinios, no se prevé la disolución de las instituciones nacionales o provinciales.

 

Puesto que las disfunciones denunciadas requirieron reformas electorales, hay que apuntar que el proceso de reestructuración de la CENI se encuentra en proceso de realización y se acelerará debido a que la ley pertinente se votó en el Parlamento.

 

– La reforma judicial:

La reforma judicial en curso es el resultado de la petición constitucional de establecer tres órdenes de jurisdicciones: jurisdicciones de orden judicial (incluyendo los Tribunales civiles y militares) bajo el control del Tribunal de Casación; jurisdicciones de orden administrativo (incluyendo los Tribunales administrativos) bajo el control del Consejo del Estado y el Tribunal Constitucional.

 

La división del Tribunal Supremo en las tres jurisdicciones arriba citadas ha conducido a que las dos cámaras del Parlamento propongan y adopten las siguientes leyes orgánicas:

 

1) proyecto de ley orgánica sobre la organización, el funcionamiento y las competencias de las jurisdicciones de orden judicial;

2) proyecto de ley orgánica sobre el procedimiento ante el Tribunal de Casación;

3) proyecto de ley orgánica sobre la organización y el funcionamiento del Tribunal Constitucional.

 

Al tratarse de leyes orgánicas, no podrán ser promulgadas por el presidente de la República hasta que hayan sido declaradas conforme a la Constitución por el Tribunal Supremo, actuando como Tribunal Constitucional, como previsto en el artículo 124 de la Constitución.

 

Actualmente, la Asamblea Nacional está considerando un proyecto de ley orgánica sobre la organización, funcionamiento y competencias de las jurisdicciones de orden administrativo, relacionado con la puesta en marcha del Consejo de Estado. Finalmente, ambas cámaras adoptaron un proyecto de ley orgánica en 2012 que modifica y complementa la ley orgánica sobre el estatus de los magistrados con el objetivo de enlazarla con las disposiciones de la Constitución de 18 de febrero de 2006, revisada por la ley n.º 11/002 de 20 de enero de 2011.

 

– Instrumentalización de cuestiones de identidad:

Es toda una sorpresa escuchar hablar al M23 sobre la xenofobia y la discriminación étnica. En realidad, su estrategia consiste en despertar los antiguos demonios de la división y el odio hacia las etnias diferentes que el pueblo congolés enterró hace tiempo y usarlos para su propio beneficio.

 

Es importante mencionar los 14 proyectos que el gobierno puso en marcha, con la ayuda de sus contactos internacionales, para crear comités locales permanentes de conciliación en los territorios de Masisi y Rutshuru.

 

– Los refugiados y los desplazados internos:

También sorprende que un movimiento político-militar que es el origen de una catástrofe humanitaria sin precedentes (más de 400.000 desplazados internos y cerca de 25.000 nuevos refugiados) afirme que el destino de sus compatriotas es su mayor preocupación.

 

Por otra parte, tras el Acuerdo del 23 de marzo de 2009, el gobierno congolés firmó los Acuerdos Tripartitos con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y con Ruanda, Burundi y Uganda respectivamente. ACNUR trabaja sin descanso junto a todos los países afectados para organizar los traslados a sus lugares de origen, lo que se podría haber acelerado si la inseguridad causada por fuerzas negativas como el M23 en Kivu del Norte y Kivu del Sur no impidiese asegurar los traslados. Todas las personas afectadas conocen la manipulación y la instrumentalización de los refugiados y desplazados internos del M23. Sus bases se han convertido en campos de entrenamiento, al igual que algunas bases de refugiados de Ruanda y la base de desplazados de Kanyaruchinya.

 

 

5. El mecanismo de seguimiento.

Para evitar que las partes del diálogo sean juez y parte en la aplicación de las conclusiones de Kampala, la delegación de la RDC propone la creación de un mecanismo de seguimiento apropiado en la CIRGL. No obstante, las partes del diálogo serían invitadas a elegir cada uno de los interlocutores de este comité de seguimiento.[7]

 

 

2. LA POLÍTICA EN KAMPALA

 

El 12 de enero, en Kinshasa, el presidente del grupo parlamentario del Movimiento por la Liberación del Congo (MLC) y sus aliados, Jean Lucien Busa, declaró que los cuatro grupos parlamentarios de la oposición reclaman la participación de la oposición política como componente en las negociaciones de Kampala, sin olvidar la participación de la sociedad civil y de la diáspora congolesa, así como la designación de un mediador internacional neutro por las Naciones Unidas y la Unión Africana. Los grupos parlamentarios exigen además que el orden del día de las negociaciones vaya más allá de la evaluación de los Acuerdos del 23 de marzo de 2009. Piensan que las negociaciones no toman en cuenta el problema de la inseguridad en el este de la RDC ni las cuestiones relacionadas con la gobernanza del país, la democracia y los derechos humanos. Jean-Lucien Busa estima que «el M23 y el gobierno comparten la responsabilidad de lo que ocurre en el este; es su compromiso. De ahí nuestro interés en la participación de la oposición política, que puede ofrecer propuestas alternativas que consigan, siguiendo el interés del pueblo congolés, alcanzar respuestas válidas al término de estas negociaciones». Los grupos parlamentarios de la oposición son cuatro: el Movimiento por la Liberación del Congo (MLC); la Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS) con las Fuerzas Partidarias del Cambio (FAC); la Unión por la Nación Congoleña (UNC) con sus aliados; y los demócratas liberales.[8]

 

El 13 de enero, el portavoz del gobierno, el ministro Lambert Mende, estimó que la participación de la oposición en las negociaciones de Kampala podría acabar en la redención de los crímenes del M23. El portavoz afirma que no hay que confundir las negociaciones entre el gobierno y el M23 con los intercambios que el jefe de Estado decidió iniciar para aumentar la cohesión nacional en la RDC.

 

«El encuentro de Kampala reúne por un lado a las instituciones de la República y a una asociación criminal denominada M23. Por otro lado tenemos los intercambios que el presidente de la República decidió iniciar para aumentar la cohesión nacional de cara a los grupos criminales que apoyan la agresión al interior del país», explica. Añade además que la participación de la oposición no haría más que reforzar las posiciones del M23, ya que este se ha apropiado de numerosas reivindicaciones de la oposición.[9]

 

La oposición congolesa no podrá acudir a Kampala como invitado de Uganda. Uganda respeta firmemente el esquema establecido por la Conferencia de los Países de los Grandes Lagos: se trata de una discusión entre el gobierno de Kinshasa y el M23. Por lo tanto, si quiere participar, la oposición debe o bien unirse a la delegación gubernamental o bien al M23. La primera opción parece imposible; ya se negó a aceptar una primera invitación, poniendo en tela de juicio la legitimidad del poder. No obstante, unirse al M23 es igual de complicado. Se trata de un movimiento armado que ha sido calificado como fuerza negativa y que está acusado de estar al servicio de Ruanda. Con todo, si la oposición no participa, se perderá un proceso que posiblemente será muy importante. Este es el dilema. El presidente Joseph Kabila propuso otra solución: llevar a cabo un gran debate nacional en Kinshasa en un futuro próximo.[10]

 

El 13 de enero, en un comunicado firmado en París, la Unión por el Desarrollo y la Paz del Congo (RDPC) aprobó la decisión de los presidentes de los cuatro grupos parlamentarios de la oposición, ya que el patriotismo obliga a todo ciudadano congolés a hacer fracasar el proyecto de desestabilización de la región de Kivu. Sin embargo, la RDPC opina que los congoleses deberían participar en las negociaciones de Kampala como un todo, formando los componentes políticos y civiles una única unidad en la delegación oficial representada por el ministro de Asuntos Exteriores Raymond Tshibanda. Según la RDPC, las negociaciones de Kampala conciernen a todos los congoleses dispuestos a salvar la patria echando por tierra el proyecto de agresión del M23. Por lo tanto, es una cuestión relacionada con la integridad del territorio y la soberanía nacional. La capital de Uganda no debe servir a los congoleses como un lugar para arreglar sus cuentas, ya que esto podría beneficiar al M23. En consecuencia, la RDPC recuerda la necesidad de lavar los trapos sucios en familia mediante un diálogo inclusivo republicano que deberá llevarse a cabo en Kinshasa, en presencia de observadores internacionales, y no en Kampala.[11]

 

Una nueva plataforma política reúne por primera vez a la oposición extra-parlamentaria y a la sociedad civil. La Acción por otra Medida (AV) reúne varios partidos políticos y asociaciones por los derechos humanos como la ASADHO, les Toges Noires, la Ligue des Electeurs, el CODHOD y l’Acaj. Su objetivo es unir a los políticos y a la sociedad civil alrededor de «la cohesión nacional y el diálogo político». El coordinador de la plataforma, Auguste Mampuya, apunta que «desde las elecciones (salpicadas por un gran número de irregularidades, N. de la R.), está claro que nuestro país y Estado se encuentra en una especie de callejón político sin salida […] exacerbado por la inseguridad y la guerra causada por Ruanda, Uganda y sus cómplices». Denuncia además «el clima político y de seguridad que conduce a esta nefasta situación: ausencia de debates, iniciativas, gobernanza, instituciones…». El objetivo, según él, es «hacer que el país salga de este callejón», mediante el espíritu ciudadano y no partidista. La AV propone al presidente Kabila «convocar un diálogo político sincero y abierto entre  todos: el poder, la oposición parlamentaria, la oposición extra-parlamentaria, los grupos armados, la sociedad civil y la diáspora…» con el fin de «alcanzar una visión inderogable de nuestro hogar: el Congo».[12]