Sumario:

EDITORIAL: hacia el final de las concertaciones, los juegos de palacio

1. EL NACIMIENTO DE LA COALICIÓN PARA EL VERDADERO DIÁLOGO (CVD)

2. LOS TRABAJOS DE LOS GRUPOS TEMÁTICOS DE LAS CONCERTACIONES

3. GESTIÓN CONSENSUAL DEL ESTADO Y REPARTO DEL PODER

4. LA AGENDA DE LA SOCIEDAD CIVIL DE KIVU DEL SUR

 

ÉDITORIAL: HACIA EL FINAL DE LAS CONCERTACIONES, LOS JUEGOS DE PALACIO

Estamos llegando al final de las concertaciones nacionales y las ideas y las proposiciones se multiplican. Hay ideas que circulan a propósito de una cierta «democracia consensual», que permitiría, en un período de crisis, la formación de un «gobierno de consenso» o de «unión nacional» salido de una «nueva mayoría parlamentaria» fruto, a su vez, de un «pacto republicano».

«Gobierno consensual»: un medicamento sin diagnóstico

 

Dada la falta de información sobre los trabajos de los diferentes grupos temáticos, no es fácil comprender de quién provienen esas ideas y quién saca provecho de ellas. De hecho, la oposición, sospecha que la actual mayoría quiere ampliar su espacio, y la mayoría parlamentaria, a su vez, acusa a la oposición de querer acceder al poder.

Según un documento de trabajo titulado «Datos técnicos – Fase 2» la idea de una «democracia consensua» tiene su fundamento en la crisis de legitimidad consecutiva al caos electoral de noviembre de 2011 (cuestionamiento de una mayoría obtenida por medio de fraudes electorales) y necesita una especie de «pacto republicano» entre las principales fuerzas políticas del país. Dicho «pacto republicano» implicaría un acuerdo sobre un programa de gobierno y disposiciones que garanticen la estabilidad del gobierno (probablemente la recomposición de una mayoría parlamentaria).

El objetivo es resolver la «crisis de legitimidad» política de las personas que la comisión electoral y el Tribunal Supremo declararon elegidas en 2011, a pesar de los fraudes electorales. Dicho objetivo sólo se podría alcanzar abordando el problema subyacente, es decir, el de los resultados electorales anunciados, que, según todos los observadores, no se corresponden ni con la verdad, ni con la justicia. Responder a esta cuestión significa hablar de lo que ha ocurrido para, si es posible, remediarlo y tomar las medidas necesarias para asegurarse de que tal situación no vuelva a producirse. Limitarse a formar una nueva mayoría parlamentaria, con vistas a un supuesto gobierno de unión nacional, recuperando ciertos partidos de la oposición a la causa, sin conseguir atraer la adhesión de los partidos de oposición más afectados por el fraude electoral, sería un juego de palacio que no contribuiría en absoluto a la cohesión nacional de los electores.

«Pacto republicano» : ¿Hacia un nuevo partido único?

En cuanto a un eventual «pacto republicano» para un acuerdo sobre un programa común de gobierno, hay que recordar que se recurre a él cuando no hay ninguna mayoría clara en el Parlamento y que, en la situación actual, no parece en absoluto necesario, pues la actual mayoría parlamentaria es ya muy amplia y tiene todas las posibilidades de votar todas las medidas que estime necesarias.

El riesgo de una nueva mayoría parlamentaria más amplia es de aniquilar a la oposición, de imponer al país una suerte de pensamiento único que podría conducir al país al modelo político de partido único en su modalidad de partido-Estado de triste recuerdo. Además, según ciertas informaciones, los partidarios de la democracia consensual estimarían que la cohesión nacional obtenida gracias a las concertaciones nacionales conduciría a un nuevo contexto político en el que el consenso entre las partes que participasen en las concertaciones debería prevalecer sobre los textos (jurídicos y legislativos) y los plazos (electorales). Según esta versión, la formación de un gobierno de unión nacional, resultado del consenso, exigiría pues que se negociara un nuevo calendario electoral, lo que haría inevitable el aplazamiento de las próximos plazos electorales de 2016..

¿Y la cuestión de la ocupación del este del país?

Finalmente, es sin duda lamentable que la cuestión de la «crisis política» haya prevalecido sobre  otra crisis mucho más dramática, la de la guerra de agresión y de ocupación del este del país por parte de los ejércitos extranjeros, ruandeses y ugandeses, violando así la soberanía nacional y la integridad territorial del país. El riesgo está en terminar las concertaciones nacionales de Kinshasa (RD Congo) con simples «conclusiones y proposiciones» sin restricciones, mientras que las negociaciones en curso en Kampala (Uganda) entre el gobierno y el Movimiento del 23 de marzo (M23), un grupo armado apoyado por el régimen ruandés, desembocarán casi seguro en un acuerdo marcado por «decisiones» completamente restrictivas.

En esta situación, sólo los hombres y mujeres más responsables y capaces de superar los intereses personales por el interés superior de la comunidad, podrán asegurar la supervivencia de la nación y contribuir al retorno de la paz.

1. NACIMIENTO DE LA COALICIÓN PARA EL VERDADERO DIÁLOGO (CVD).

 

El 12 de septiembre, la UNC de Vital Kamerhe, el RDC-KML de Mbusa Nyamwisi, el PT de Steve Mbikayi, la UPC de Thomas Lubanga, y la UDEMO de Nzanga Mobutu, así como ciertas organizaciones sindicales, firmaron el acta creando la Coalición por el Verdadero Diálogo (CVD). El diputado nacional Steve Mbikayi, presidente del partido laborista (PT) y portavoz de esta coalición, ha explicado el sentido de su iniciativa : «Las concertaciones del Palacio del pueblo no son inclusivas en el sentido que hay una gran franja de políticos de la oposición, incluso de la mayoría que las han boicoteado porque están mal organizadas. Nosotros vamos a luchar para obtener un verdadero diálogo nacional». Él califica las concertaciones nacionales de «congreso de la mayoría presidencial». Steve Mbikayi acusa, además, al jefe de Estado de querer ampliar su familia política y crear una nueva mayoría presidencial con el fin de asentar el pensamiento único[1].

El 21 de septiembre la Coalición por el Verdadero Diálogo (CVD) denunció «la existencia de un esquema de reparto de poder según la fórmula 1+2, es decir, un presidente de la República y dos vicepresidentes». Su portavoz, Steve Mbikayi, indica que este esquema, que será propuesto en el foro nacional habría sido decidido en el curso de una reunión secreta, sin dar una fecha precisa, mantenida no lejos de Kinshasa por un grupo de individuos. En una declaración hecha pública el mismo día, Steve Mbikayi dijo que este esquema tenía como finalidad «volver a poner el contador de las instituciones a cero». «Esta nueva maquinación política (…) constituye una violación de la Constitución del 18 de febrero de 2006, teniendo como consecuencia su abrogación de hecho», denunció. Temiendo también «la disolución de la Asamblea Nacional, del Senado y de las asambleas provinciales, y la instauración de una transición que pone fin a la Democracia». La CVD constata, además, que en las negociaciones de Kampala el Gobierno de Kinshasa y el M23 se pusieron de acuerdo en diez puntos que integran las 5 temáticas que se discuten actualmente en las concertaciones nacionales en el Palacio del Pueblo. Frente a esas maniobras maquiavélicas del poder, la CVD exige el cierre inmediato de las negociaciones de Kampala, la suspensión de las concertaciones del Palacio del Pueblo, la convocatoria del Verdadero Diálogo y la inclusión en éste de todos los informes objeto de litigio en las negociaciones de Kampala.

Como reacción, la mayoría presidencial (MP) ha desmentido «la existencia de un esquema de reparto de poder según la fórmula 1+2». El diputado Henry Thomas Lokondo ha afirmado que «este tipo de esquema surrealista violaría gravemente la ordenanza que el Jefe de Estado había firmado como acto fundador de las concertaciones nacionales», ha rechazado la idea de una nueva transición en la República Democrática del Congo, pues «el pueblo está cansado de las transiciones que han ornamentado la vida política congolesa desde 1990» y ha insistido en el hecho de que los participantes en las concertaciones nacionales pretenden más bien «el refuerzo de la voluntad política en cuanto a la aplicación de la Constitución, de las leyes de la República y de otras decisiones para un mejor gobierno del Estado».[2]

 

2. LOS TRABAJOS DE LOS GRUPOS TEMÁTICOS DE LAS CONCERTACIONES

El 12 de septiembre, los delegados de la oposición en el seno del grupo temático «Desarme, desmovilización, reinserción social o repatriación» de las concertaciones nacionales se retiraron, en protesta contra la ausencia de grupos armados en esos trabajos que, se supone, tratan de las causas de la guerra en el Este de la RDC. Para los opositores, la presencia de los representantes de los grupos armados a esos estados generales es muy importante, más aún cuando los participantes en las concertaciones no disponen de documentos suficientes que les permitan analizar bien la cuestión. Dichos delegados retomaron su participación en los trabajos al día siguiente, tras la intervención del presidium que les prometió estudiar la cuestión de la participación de los grupos armados en los trabajos.[3]

El 14 de septiembre, Kyet Mutinga Marie, coordinadora nacional del Colectivo de Organizaciones de la sociedad civil de los Sectores de la Cultura, la Educación y la Salud (COSCES) que tiene su sede en las concertaciones nacionales en la temática «Conflictos comunitarios, paz y reconciliación», estima que «la búsqueda de las tierras debida sobre todo a la presión demográfica, la debilidad de la Administración, la delimitación discutida de las fronteras, la ocupación anárquica de las tierras, la no ejecución de las decisiones judiciales, los movimientos forzados y masivos de las poblaciones, el apoyo de las minorías por parte de ciertos países limítrofes y la implicación de las autoridades consuetudinarias en la distribución de las tierras se encuentran entre las causas que señalamos en el curso de nuestros trabajos del sábado pasado». Los 150 delegados presentes en este grupo temático señalaron los conflictos de tierras y los de zonas consideradas como protegidas. Entre esos conflictos identificaron igualmente los llamados etno-políticos tales como los conflictos de identidad, que están vinculados al cuestionamiento de la nacionalidad, a la manipulación de los políticos, particularmente en período electoral, los conflictos diplomáticos y jurídicos. Ella reveló que «otro tipo de conflicto evocado por la temática concierne la presencia de extranjeros en RDC», tales como los grupos armados, los inmigrantes ilegales y otros refugiados. «Su presencia corre el riesgo de plantear problemas mañana, si alguna vez llegaran a reivindicar la nacionalidad congolesa por una u otra razón», añadió. Aquí los principales desafíos son: «llevar a las comunidades locales a la cohabitación pacífica y a la convivialidad, poner fin a los ciclos recurrentes de violencia que incrementan la pobreza y la miseria de las poblacionales locales, prevenir, en la medida de lo posible, la aparición de conflictos entre comunidades por la exclusión de sus causas, poner en marcha estructuras federadoras de la población para reforzar la cohesión nacional». « La cuestión del mandato de los actuales senadores y diputados provinciales, elegidos en 2006 y que debe acabar en noviembre de 2011, será examinado próximamente por la temática en el lote de los conflictos políticos, administrativos y sociales», indicó Me Kyet Mutinga Marie.[4]

 

El 15 de septiembre, once grupos armados congoleses de Kivu del Norte, Kivu del Sur y de Ituri reclamaron su participación en las concertaciones nacionales. Reagrupadas en el seno de una coalición denominada «Consejo superior de grupos armados autóctonos al Este de RDC», consideran que la cuestión de la inseguridad en el Este del país no se resolverá sin la participación de sus representantes. Ellos encuentran «desequilibrado» el que el gobierno acepte discutir con el M23 en Kampala y rechace invitar a los grupos armados nacionales a las concertaciones nacionales. Antes de la apertura de las concertaciones nacionales, el gobierno congolés había hecho saber que los grupos armados todavía en actividad, incluido el M23, no estaban invitados a sus sesiones, «No vamos a sentarnos en la misma mesa de las concertaciones nacionales con la gente que mata a nuestros compatriotas en el Este del país. Sólo los que han abandonado las fuerzas negativas para reintegrar la vida civil pueden ser aceptados si expresan su deseo», había explicado su portavoz Lamberte Menda. Los grupos armados invitan pues a las autoridades congolesas a dar marcha atrás en su decisión «lo antes posible».[5]

El 17 de septiembre, recibidos por el presidium de las concertaciones nacionales, los representantes de los grupos armados afirmaron que su presencia en las concertaciones nacionales era indispensable. El presidente de la Alianza de Fuerzas Populares y Patrióticas del Congo (AFCP), Jules Siringa, declaró que las resoluciones que emanarán de esas concertaciones no serían oponibles a los grupos armados si éstos no participaban en sus sesiones.[6]

El 19 de septiembre, durante una conferencia de prensa en Kinshasa, el portavoz del gobierno congolés, Lamberte Mende, afirmó que el gobierno decidió excluir de las concertaciones nacionales a los representantes de las fuerzas armadas todavía en actividad, aunque era favorable a la participación de representantes de antiguos grupos armados, es decir, de grupos que ya han cesado su actividad. Si «los grupos armados están sin duda alguna en el centro de las cuestiones examinadas en el curso de las concertaciones, en la medida en que son vectores de las violencias y de la inseguridad en el Este», al mismo tiempo, el gobierno congolés considera que estos grupos constituyen «una verdadera herida de la que la RDC debe curarse». «Además, no tenemos ninguna garantía de que al término de las concertaciones, a las que serían asociados los representantes de las fuerzas negativas en actividad, se pondría fin definitivamente al ciclo de violencias en el Este. Si tal fuera el caso, ya no sería victima de las rebeliones desde hace mucho tiempo. Incluso la integración de los rebeldes en el seno del proceso político no ha dado los resultados previstos», recordó el portavoz del gobierno.

Según el ministro, «permitir a los grupos armados activos participar en las concertaciones, sería una llamada a nuevas rebeliones, pues su presencia en las concertaciones podría dejar entender que el atajo para acceder a una participación en la vida política y a una carrera en el seno de las FARDC pasa por la toma de las armas». «La historia reciente de la RDC nos enseña que ya en varias ocasiones este argumento (el diálogo con los grupos armados), a primera vista seductor, a dado lugar a un antecedente de lo más lamentable: a saber, la institucionalización de la violencia de los grupos armados como medio de regular los conflictos de intereses en nuestro país», indicó. «Pues, debe señalarse que con el transcurso del tiempo, se han especializado en el arte de sacar partido de la paz a cambio de prebendas o de posiciones de poder. Un círculo vicioso», denunció Lambert Mende. Para el portavoz del gobierno «hay que obstruir el camino a la idea demasiado generalizada de que las rebeliones y la violencia son la vía adecuada para hacer una carrera fulgurante en el seno de las fuerzas armadas congolesas y/o participar en el proceso político, evitando una elección democrática que es, sin embargo, desde la promulgación de la Constitución de 2006, el único medio legítimo para acceder al poder».[7]

El 21 de septiembre, un miembro del secretariado técnico encargado de la organización declaró que las concertaciones nacionales continuarían hasta en 28 de septiembre.[8]

El 23 de septiembre, los participantes en las concertaciones comenzaron a armonizar, en el seno de sus grupos temáticos respectivos, las conclusiones y recomendaciones formuladas. A continuación, deberán presentar esas recomendaciones al presidium antes del inicio de las discusiones en el curso de la asamblea plenaria de esas sesiones. Esta asamblea plenaria será la que validará todas las conclusiones y recomendaciones salidas de todos los grupos temáticos. Las conclusiones finales serán entregadas al jefe de Estado bajo la forma de un informe general de los trabajos.

Evaluando sus trabajos, los delegados del grupo temático Administración, democracia y reformas institucionales se felicitan por el trabajo realizado y por el consenso que ha prevalecido en el curso de las discusiones. Durante la etapa del diagnóstico de la situación política del país, los participantes en este grupo temático estaban, sin embargo, divididos. Delegados de la oposición deploraban la inexistencia de la democracia, de la buena administración y de un Estado de derecho en RDC. Por su parte, los representantes de la mayoría han sostenido que el país había realizado varios esfuerzos sobre esta cuestión. Los participantes en el grupo temático «Desarme, desmovilización, reinserción social o repatriación» afirman igualmente que las discusiones en el seno de su grupo avanzan a pesar del descontento de ciertos opositores. Estos últimos continúan reclamando la participación de los representantes de los grupos armados, estimando que no se puede pretender resolver los problemas de seguridad en el Este del país sin asociar a los jefes de guerra. Esta petición que habría sido tomada en consideración por el presidium no ha desembocado aún en una decisión concreta. Mientras tanto, los participantes en este grupo temático han empezado el intercambio de sus recomendaciones.[9]

 

El 24 de septiembre, el presidium de las concertaciones nacionales autorizó la participación de los representantes de siete antiguos grupos armados. Esta decisión fue anunciada al final de una reunión entre el presidium, el administrador del Programa Nacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) y un experto del Programa de Estabilización y de Reconstrucción de las zonas salidas de los conflictos en el Este de la RDC (STAREC). La decisión del presidium es la respuesta a la petición formulada por los oponentes del grupo temático «Desarme, desmovilización, reinserción social o repatriación», que reclamaban la participación de los grupos armados, pues estimaban que no se podía discutir sobre la cuestión de la inseguridad en el Este en ausencia de los representantes de los grupos armados. Según el Padre Apollinaire Malu Malu, experto del STAREC, los representantes de esos ex grupos armados integran las concertaciones nacionales en calidad de «expertos». «Por su experiencia y sus testimonios, explicó, pueden dar un cierto número de pistas de soluciones para la erradicación de los diferentes grupos armados y la estabilización del conjunto del territorio nacional».

En total, son siete los ex grupos armados, transformados en partidos políticos tras el acuerdo de paz de Goma en 2009, que participarán en los trabajos del grupo temático «Desarme, desmovilización, reinserción social o repatriación». Se trata de la Unión de Jóvenes Patriotas Solidarios (UJPS), la Alianza de Fuerzas Populares y Patrióticas del Congo (AFPC), los Patriotas Resistentes Congoleños (PARECO), la Coalición de Resistentes Patriotas Congoleses/ Partido del Pueblo (PARECO/PAP), la Unión de Demócratas Nacionalistas (UDN)/Ruwenzori, el Partido de Resistentes Nacionalistas (PARENSA) y el IRDEC.[10]

El 24 de septiembre, el presidium de las concertaciones nacionales acordó a los grupos temáticos un plazo de 48 horas para presentarle las conclusiones de sus trabajos.[11]

El 26 de septiembre, el antiguo ministro de justicia congolés, Mwenze Nkongolo, se retiró de las concertaciones nacionales. Este antiguo colaborador del ex presidente Laurent Désiré Kabila declaró que los problemas de fondo no eran evocados en el curso de esas sesiones. El presidente del Partido de Patriotas Kabilistas lamentó que «la amnistía que prometió el Jefe de Estado» en la apertura de las concertaciones nacionales no se haya aún acordado, cuando se está llegando al final de estas sesiones. Para Mwenze Kongolo, «Debería aplicarse esta amnistía a los prisioneros políticos y a la gente que ha sido mal juzgada en contextos muy difíciles y a quienes se han dado sentencias que me parecen exageradas. Es el caso de los que han sido encarcelados durante el proceso del asesinato de Laurent Désiré Kabila».[12]

El 26 de septiembre, la oposición suspendió una vez más su participación en la temática «Desarme, desmovilización, reinserción social o repatriación». Los opositores reclaman una vez más la participación en los trabajos de los representantes de los grupos armados activos. El moderador de las Fuerzas Adquiridas con el Cambio, FAC-Oposición, Lisanga Bonganga, estima que los grupos armados que se han mutado en partidos políticos al final del Acuerdo del 23 de marzo de 2009 no pueden ya hablar en nombre de los grupos armados todavía activos.[13]

El 26 de septiembre, a dos días solamente del final de los trabajos de concertación, sólo dos de los cinco grupos temáticos habían presentado sus informes al presidium. Se trata del grupo «Conflicto comunitario, paz y reconciliación», así como «Descentralización y refuerzo de la autoridad del Estado». El contenido de estos informes no ha sido publicado.[14]

3. GESTIÓN CONSENSUADA DEL ESTADO Y REPARTO DEL PODER

 

En los pasillos del Palacio del Pueblo la cuestión de la «gestión consensual del Estado» y por consiguiente el reparto del poder provoca una enorme agitación. Según ciertos delegados de la sociedad civil, que dejaron escapar esta información el 25 de septiembre, habría que esperarse el establecimiento de un nuevo gobierno que emanaría de una nueva coalición mayoritaria. Es principalmente el tema que divide en el seno del grupo temático «Gobierno», en el que las posiciones de los tres componentes -mayoría, oposición y sociedad civil- se mantienen diametralmente opuestas. Para el portavoz de la mayoría en el poder, Luzanga Shamandefu, esta gestión consensual, según él solicitada por la oposición, bloquea el final feliz de las concertaciones nacionales. Ha afirmado que «a la mayoría actual no le interesa compartir el poder con la oposición. Si fuese necesario para la cohesión política, veríamos lo que se podría hacer». «Al final de estas sesiones, veremos con nuestros compatriotas de la oposición y de la sociedad civil, que pueden mirar en la misma dirección que Kabila, la posibilidad de ampliar la actual mayoría presidencial para que seamos más numerosos», concluyó.[15]

 

Según Zacharie Bababaswe, la divergencia sobre el reparto de poder persiste. Ha señalado que la proposición de reparto del poder formulada por la oposición es idealista, habida cuenta de que existe una mayoría que ganó las elecciones de noviembre de 2011. Este diputado ha sugerido, en el nombre de la cohesión nacional, un gobierno de amplia apertura que comprendería a ciertos actores de la oposición designados según el poder discrecional del jefe de Estado, en conformidad con la Constitución. Otro actor de la mayoría ha acusado a los actores de la oposición de hacer subir las apuestas en los Estados Generales en función de sus ambiciones políticas.

Por su parte, varios actores de la oposición piensan que la gestión consensual del país se ha vuelto irreversible, debido a la incapacidad de los animadores de las instituciones establecidas para superar el desafío de la supervivencia de la RDC en tanto que Nación, poniendo fin a la guerra del Este, favoreciendo la descentralización de la economía para el bienestar social de la comunidad. Para Serge Mayamba, la convocatoria de las concertaciones nacionales por parte del jefe de Estado es una declaración de fracaso de la mayoría actualmente en el poder. La proposición de la oposición sobre la gestión consensuada del Senado, así que de las asambleas provinciales y de la entidades de base como los ayuntamientos, los municipios y los sectores, que sufren una crisis de legitimidad por falta de elecciones dentro del plazo constitucional, se sitúa en el centro de la controversia en los estados generales del «buen gobierno y reforma institucional».[16]

Las ideas se entrechocan en los trabajos de las concertaciones nacionales, antes de la sesión plenaria  que deberá adoptar las resoluciones de todos los grupos temáticos. Entre las ideas que hacen correr ríos de tinta y saliva, figura la de la formación de un gobierno de unión nacional o consensual fundado en la idea de una democracia consensual y de un «pacto republicano». El periódico kinés «La prosperidad» se ha encontrado con un documento «fichas técnicas – fase 2», que aboga por un gobierno consensual.

Según este documento, la idea de una democracia consensual encuentra su fundamento en el hecho de que la relativa crisis de legitimidad, consecuencia de la debacle electoral de 2011 (cuestionamiento de una mayoría acusada de haber sido arrebatada mediante fraude), necesita una especie de «pacto republicano» entre las principales fuerzas políticas del país. Este «pacto republicano» implicaría un acuerdo sobre un programa de gobierno y disposiciones para garantizar la estabilidad de ese gobierno (sin duda la recomposición de una mayoría parlamentaria).

Esta democracia consensuada consagra la integración, la negociación permanente y el compromiso. Tiene la ventaja de hacer responsables del destino del país a todas las fuerzas políticas, implicándolas en la toma de decisiones que comprometen el destino del Estado. Pero el principio del consenso no borra el pluralismo o la divergencia de opiniones. Da preferencia a «una gran visión cívica y patriótica de la nación, subordinando los intereses particulares de los individuos y de los grupos al interés general». La democracia consensuada es el modelo político más eficaz en lo que a la realización de la paz y de la estabilidad de las instituciones políticas se refiere, porque forja la armonía, la conciencia de unión necesaria y el sentido de la responsabilidad permanente de cada uno frente al destino nacional. El éxito de dicha democracia consensual, y de un gobierno basado en el principio del consenso, necesita un gran sentido del Estado, así como una cultura del diálogo político, con el riesgo de conducir a un secuestro de la nación por parte de algunas fuerzas políticas o a la maximización de los intereses egoístas en detrimento del interés general.

La democracia consensuada sólo puede ser contemplada, en el caso de la RDC, como una etapa transitoria hacia la organización de las elecciones verdaderamente transparentes, democráticas y creíbles, cuyos resultados no podrían ser cuestionados por las partes interesadas. Estas elecciones permitirían acceder a una democracia mayoritaria.

La perspectiva de un gobierno de consenso nace de una necesidad real de garantizar la supervivencia del Estado. Ciertas limitaciones internas (disolución de la unidad nacional) y externas (agresiones repetidas del territorio nacional) han acabado por modificar las prioridades del Estado y necesitan lógicamente un cambio de actitud y de configuración en la dinámica del gobierno de la República. El gobierno de consenso se debería, por lo tanto, percibir como un mecanismo urgente de puesta en funcionamiento de las estrategias imaginadas por los congoleses mediante las concertaciones nacionales, para hacer frente a las amenazas que pesan sobre el destino de la república. Este ejecutivo de expresión es un paréntesis que podría revelarse, bajo ciertas condiciones, relativamente eficaz en este contexto de crisis.

Esto exigiría de los hombres y mujeres que formaran parte de este gobierno más responsabilidad, serenidad, disciplina, asiduidad y patriotismo que debería llevarlos, a todos y cada uno, a superar sus propias ambiciones políticas para anteponer el interés de la comunidad y del «bienestar general».

Habiéndose revelado contraproducente e incluso subversiva la dispersión de las energías impuesta por el juego político, el acercamiento entre mayoría y oposición en un marco institucional parece ser la única alquimia posible para vencer la adversidad. El gobierno de consenso tendría además la ventaja, con más voluntad, coraje y superación, de procurar a la república una relativa estabilidad política que permitiera triunfar sobre los peligros que acechan a la república.

Comprometiéndose en este gobierno de consenso, la oposición correría por supuesto un riesgo enorme de cara a su electorado, pero una cohabitación productiva es preferible a una polarización anquilosada.

Debemos recordar que el carácter «no fusional» del gobierno de consenso : cada colaborador conservará su identidad o esencia política, el PPDR continuará siendo el partido de la mayoría y el MLC, UFDC,…partidos de la oposición. El gobierno de consenso es un matrimonio de circunstancia en nombre del interés superior de la nación. Tras esto, cada colaborador podrá, libremente y llegado el momento, solicitar el sufragio del pueblo.[17]

El final de las concertaciones nacionales se acerca. Pero, la cuestión de un nuevo gobierno, llamado de cohesión nacional, queda en el centro del debate. Pues, en paralelo, se plantea la del respeto o no del plazo fijado para 2016, fin del actual mandato. Esta doble preocupación divide aún a los participantes en las concertaciones, y más concretamente a los participantes en el grupo temático «Gobierno, democracia y reformas institucionales». Si bien es cierto que se ha alcanzado el consenso sobre la formación de un nuevo gobierno salido de la nueva mayoría presidencial compuesta por participantes a las concertaciones nacionales, todos no parecen ponerse de acuerdo aún sobre las consecuencias colaterales que derivarían de ello. De ahí que surja la pregunta: ¿Qué ocurrirá con el plazo fijado para 2016 en un contexto de formación de un gobierno salido de una nueva mayoría?.

Esta preocupación está relacionada con el debate sobre la renovación o no del mandato del presidente de la república y otras instituciones, tales como la Asamblea Nacional y el Senado.

Se observan dos tendencias. La primera se ha formado en torno a los defensores de la tesis del respeto del plazo de 2016, que se supone pondrá fin al actual mandato del presidente de la república y de los diputados nacionales. La segunda la sostienen los que consideran que el consenso entre políticos vale más que los textos y los plazos que derivan de ellos. Este argumento está desarrollado por los partidarios de la democracia consensuada. Según estos últimos, «la RDC no necesita limitación de mandatos». Consideran que las costumbres y las prácticas que ponen de acuerdo a la clase política pueden prevalecer sobre los textos y otros plazos electorales. Los demócratas «consensuales» recuerdan que, al convocar las concertaciones nacionales, el presidente de la república ha tomado conciencia de los límites del proceso electoral. Se trata de frustraciones y descontentos que han suscitado las elecciones presidenciales de 2006 y 2011. Lo importante, según ellos, sería la escasa diferencia de resultados entre los candidatos en esos dos escrutinios. En 2006,

Joseph Kabila alcanzó el 58,5 % de los votos contra 41,95% para Jean-Pierre Bemba. En 2011 Joseph Kabila fue proclamado vencedor con el 48,95%, mientras que su contrincante, Etienne Tshisekedi, obtuvo el 32,33%. Los partidarios de la democracia consensuada sugieren que el no haber tenido en cuenta esta realidad ha tenido como efecto aplastar la cohesión nacional, que es, sin embargo, indispensable para la participación de todos en el desarrollo del país.

¿Solución? Corregir los errores del pasado. Los demócratas «consensuales» proponen e insisten para que, en adelante, los vencedores de las elecciones aprendan a dirigir el país con los perdedores.

Según esta versión, la formación de un gobierno de cohesión nacional – decisión eminentemente política – va a imponer un nuevo contexto político. Desde este punto de vista, los partidarios de esta tesis juzgan inoportuno que pueda aún someterse al plazo. En el nombre de la cohesión nacional que se creará al final de las concertaciones nacionales -por otra parte materializada por la formación de un nuevo gobierno – se hará imprescindible la negociación de una nueva hoja de ruta electoral. Lo que, inexorablemente, derribará el obstáculo de 2016.[18]

Según ciertos compatriotas que han boicoteado las concertaciones nacionales, estas sesiones iban a ser una maniobra, que ellos han calificado de sutil, por parte del presidente de la república para revisar la constitución con el fin de mantenerse en el poder con un tercer mandato presidencial. Y, sin embargo, según otras fuentes, no se ha tratado nada semejante en los estados generales de las concertaciones. Tratándose de los que piensan que esas concertaciones nacionales van a desembocar en la formación de un gobierno de unión nacional, también según estas últimas fuentes,

aquellos se han equivocado, pues la ordenanza del presidente de la república ha sido evidente en lo referente al papel de las concertaciones nacionales. Tranquiliza el hecho de que no se trataría de un reparto del pastel, como fue el caso durante las sesiones de Sun City en África del Sur, que tuvo lugar al día siguiente de las diferentes rebeliones que habían tenido lugar en el país. El contexto es bien diferente, pues, tal hipótesis infringiría la constitución, que indica claramente que el gobierno que dirige el país proviene de la mayoría parlamentaria. El presidente de la república no puede ir en contra de esta disposición constitucional.[19]

 

4. LA AGENDA DE LA SOCIEDAD CIVIL DE KIVU DEL SUR

 

La sociedad civil de Kivu del Sur presentó en las concertaciones nacionales la agenda siguiente:

1ª temática: Paz, seguridad y refuerzo de la autoridad del Estado

1er subtema: Paz y seguridad

Problemas:

– Presencia en el suelo congolés de grupos armados nacionales y extranjeros;

– Fracaso del proceso de integración de los grupos armados en la armada nacional (inclusión de extranjeros y de criminales en el seno de las FARDC…) ;

– Circulación ilícita de armas ligeras y de pequeño calibre;

– Fracaso de la diferentes operaciones militares llevadas a cabo conjuntamente por las FARDC, la Rwanda Defense Forces y la MONUSCO (Umoja Wetu, Kimya 1, Kimya 2, Amani leo, Amani kamilifu …) con el fin de acorralar a los grupos armados, entre los cuales se encuentran las FDLR ;

– Veleidades expansionistas de los países vecinos traducidas en agresiones recurrentes e injerencias en los asuntos internos de la RDC ;

– Politización y trivialización de la obtención de funciones y grados en el seno de los servicios de seguridad. Con la consecuencia práctica del nepotismo y la corrupción para la obtención de favores.

– Espacios de la RDC gestionados por países vecinos (casos del Estrecho de Gatumba donde el gobierno Burundés tiene la gestión efectiva).

Pistas de soluciones:

– Reconsiderar y acelerar la reforma del sector de seguridad (inventario de todos los elementos de la PNC y de las FARDC, permutación de militares y policías que se han hecho habituales, reciclaje ordenado y no simultáneo de todos los elementos durante 4 meses como mínimo, concesión de los grados y funciones a los más merecedores siguiendo criterios objetivos y no políticos, revocación de los criminales y su presentación ante la justicia, jubilación bien coordinada…);

– neutralizar y repatriar las fuerzas negativas extranjeras;

– poner en marcha mecanismos eficaces de desarme, desmovilización y reinserción de los elementos grupos locales (reagrupar a los candidatos a la reintegración y asegurarles un cuidado satisfactorio, desmovilizar y reinsertar dignamente a los candidatos en la vida civil, acorralar y aniquilar a los que rechazan inscribirse en esta lógica);

– dirigir, equipar y motivar a los militares y policías, para que puedan cumplir con su misión de manera honorable.

– proceder a una depuración para extirpar del ejército, de la PNC y de los otros servicios de seguridad a todos los extranjeros y los presuntos criminales y transferirlos a las jurisdicciones competentes.

– renunciar a los acuerdos que no respondan a los intereses fundamentales de la seguridad nacional.

– vaciar el contencioso en los espacios de la RDC gestionados por los países vecinos, con el fin de conseguir el control efectivo del espacio nacional.

2o Subtema : refuerzo de la autoridad del Estado

Problemas :

– Varias extensiones del territorio nacional escapan al control del poder público y son administradas actualmente por las fuerzas negativas (los grupos armados nacionales y extranjeros);

– infiltración de los servicios de seguridad: PNC, ANR, ejército, …

– varias autoridades civiles en los territorios (administradores de territorios y gobernadores) son intimidados por los militares y otros responsables de los servicios de seguridad;

– disfuncionamiento del aparato judicial y de las jurisdicciones existentes;

Pistas de soluciones:

– Poner fin a los grupos armados nacionales mediante un enfoque (acercamiento) de auto movilización o reintegración y a los grupos armados extranjeros mediante un enfoque diplomático y militar ;

– saneamiento de los servicios de seguridad ;

– que el poder militar siga subordinado al poder civil (sancionar a todos los militares que se comprometan en ese sentido, asegurar la mutación regular, cada tres años, de los militares y otros servicios de seguridad…);

– acercar la justicia a los justiciables (hacer operativos los tribunales de paz y crear sedes secundarias de los juzgados de primera instancia en las grandes aglomeraciones alejadas).

2^a temática: Gobierno, democracia, descentralización y reformas institucionales

Problemas:

– ausencia de la autoridad del Estado en todo el territorio de la república;

– ciclo electoral no acabado para la no organización de elecciones locales, municipales, provinciales y senatoriales;

– ausencia de justicia;

– ausencia de trazabilidad en la gestión de los ingresos y gastos públicos;

– tendencia a la revisión o a la aniquilación de la constitución para perpetuar la no alternancia en el poder;

– problemática vinculada a la delimitación de las entidades afectadas por el recorte;

– problemática del retroceso de los ingresos y de la retención directa;

– lentitud del gobierno en la reforma del ejército y de la policía y de los servicios de seguridad (DGM, ANP…).

Pistas de soluciones:

– establecer la autoridad del Estado en toda la extensión del territorio nacional;

– acabar, antes de enero de 2015, el ciclo electoral (organizar las elecciones provinciales, municipales y locales en el mismo momento);

– la justicia no debe seguir a dos velocidades (dura para unos e indulgente para otros) ;

– votar una ley sobre la transparencia de la gestión de los ingresos y gastos públicos a la atención de las asambleas provinciales y los gobernadores de provincia;

– apropiarse de la campaña llamada «No toque mi constitución»;

– asegurar una amplia consulta entre las entidades afectadas por el recorte antes de votar la ley;

– hacer operativas las nuevas provincias y entidades territoriales descentralizadas ;

– elaborar un calendario realista de la reforma del ejército, la policía y los servicios de seguridad.

3^a temática: Economía, sector productivo y finanzas públicas

Problemas:

– Escaso consumo interno de la producción nacional (extraversión de la economía nacional)

– alto consumo de productos importados (el tomate, el pilipili, el cemento gris, el azúcar, la leche y otros productos que se pueden producir localmente y en gran cantidad se importan hoy de los países vecinos, ya que cuestan más baratos que los producidos localmente a causa de la tributación excesiva);

– ausencia de industria y de inversión;

– comercio exterior no competitivo;

– ausencia de política de estimulación de las investigaciones;

– falta de infraestructuras adecuadas (para ir al extranjero los habitantes de Kivu deben tomar un vuelo desde Ruanda, Burundi, Uganda, incluso de Tanzania lo que provoca una pérdida de ingresos enorme);

– gastos públicos en beneficio del personal político;

– malversación (desviación) de los ingresos del Estado a todos los niveles.

Pistas de soluciones:

– fomentar las iniciativas locales de producción por medio de reducciones fiscales;

– reactivar las unidades locales de producción, como la azucarera de Kivu, la fábrica de cemento de Katana y la lechera de Kivu

– favorecer los sectores potencialmente más rentables (turismo, energía, agricultura y pesca);

– modernizar los aeropuertos de Kavumu, Goma y Kindu, para permitir a las poblaciones del este tomar en adelante los vuelos internacionales desde el territorio nacional

– retención directa del 40% de los ingresos

– lucha contra la impunidad

4^a temática: Desarme, desmovilización, reintegración y/o repatriación de los grupos armados

Problemas:

Fracaso del proceso de desarme y desmovilización, manipulaciones políticas y paro.

Pistas de soluciones:

Reanudar el proceso de desmovilización, poniendo en el centro el interés de los desmovilizados y asegurar su seguimiento; poner en marcha un proceso eficaz de desarme, desmantelando los alijos de armas, combatir el fenómeno del reciclaje y crear empleo.

5^a temática: Conflictos comunitarios, reconciliación nacional y justicia transitoria

1^er subtema: Conflictos comunitarios y conflictos de tierras

Problemas:

– Ocupación de las tierras y mala gestión de la política de las tierras

– problemática de liderazgo consuetudinario entre los jefes tribales y sectores;

– militarización y polarización de ciertas comunidades;

– crisis de identidad, estereotipos, prejuicios y discriminación en el acceso al poder ;

– discursos identitarios con fines políticos;

– inseguridad en la tenencia de las tierras por parte de la población (75%) por la falta de cobertura jurídica

– apropiación de las tierras campesinas por sociedades extranjeras y burgueses urbanos.

Pistas de soluciones:

– Revisar el código de tierras, de minas y el forestal para armonizarlos con el poder consuetudinario;

– desmilitarizar las comunidades;

– facilitar el acceso al poder (puesto de gobernador y de vicegobernador) en base a criterios objetivos y no teniendo en cuenta las identidades;

– desalentar las manipulaciones políticas y las adhesiones a los grupos armados;

– creación de empleo para los jóvenes;

– puesta en marcha de un único servicio de catastro;

2^o subtema: Reconciliación nacional y justicia transitoria

Problemas:

– Ausencia de política nacional de reconciliación;

– fracaso de la comisión verdad y reconciliación de la transición;

– impunidad;

– deficiencia de la ley, que es más sectorial que universal;

– falta de una política nacional de reparación de los prejuicios a las víctimas.

Pistas de soluciones:

– Adoptar una política nacional de reconciliación mediante la promoción de un pacto nacional de paz y reconciliación;

– crear una nueva CVR, siguiendo los estándares internacionales;

– adoptar una ley que recoja la puesta en marcha del Estatuto de Roma;

– Poner en marcha un programa nacional de reparaciones de los prejuicios causados a las víctimas

6^a temática: Las cuestiones sociales, educación, salud y funcionarios del Estado

Problemas:

–  Los padres se hacen cargo de los profesores a todos los niveles;

– infraestructuras escolares defectuosas en la mayor parte de los medios rurales;

– proliferación de escuelas y universidades que no respetan las normas;

– fraude de documentos escolares y venta de material escolar en ciertas escuelas;

– retraso en la entrega de los títulos escolares y académicos;

– inadecuación entre el programa escolar y universitario y el mercado de trabajo;

– acceso difícil a la asistencia médica (pago de la fianza antes de ser tratado, gastos de tratamiento y hospedaje);

– existencia de farmacias piratas y circulación en el mercado de medicamentos caducados y no catalogados;

– insuficiencia de personal médico en el medio rural;

– escaso presupuesto asignado al tratamiento de enfermedades crónicas;

– salario insignificante para los funcionarios del Estado y envejecimiento del personal;

– ausencia de una política de reciclaje de los funcionarios del Estado;

– contratación subjetiva y politización de la administración;

– falta de seguro de vida, ausencia de política nacional de jubilación y escasa atención a los jubilados por parte del INSS

Pistas de soluciones:

– Supresión de la prima y respeto del artículo 43 de la constitución que garantiza la gratuidad de la enseñanza;

– modernizar los servicios de entrega de títulos escolares y universitarios;

– sancionar a los estafadores y a los responsables escolares recalcitrantes;

– cerrar las instituciones escolares y académicas no viables;

– concienciar a los cesionarios de formaciones sanitarias sobre el carácter no comercial de la salud;

– elaborar una política nacional de acceso a los cuidados médicos;

– construir en cada provincia una central de productos farmacéuticos en la que los farmacéuticos puedan proveerse a precios asequibles;

– llevar ante la justicia a todos aquellos que fabriquen o pongan en el mercado farmacéutico productos falsificados.[20]