RESUMEN

EDITORIAL: La paradoja de una negociación impuesta.

1. ALERTA: EL 23M Y EL RDF SE PREPARAN PARA NUEVOS ATAQUES

2. LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL M23 EN KAMPALA

3. ¿SE PUEDE NEGOCIAR CON EL M23? ¡NO ESTÁ NADA CLARO!

 

EDITORIAL: LA PARADOJA DE UNA NEGOCIACIÓN IMPUESTA

 

Las negociaciones entre el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDCongo) y el Movimiento del 23 de marzo (M23), un grupo armado que recibe apoyo militar de Ruanda y Uganda, han sido retomadas en Kampala, Uganda. Esta vuelta a las negociaciones, interrumpidas desde mayo, se debe principalmente al deseo de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y los Estados Unidos de ver resuelta la crisis congoleña por medio de una solución negociada, mucho menos arriesgada que una acción militar de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), que necesitaría el apoyo de la Brigada de intervención de la Misión de las Naciones Unidas en la RDC (Monusco).

 

¿Qué se puede esperar del M23?

En la actualidad, el M23 está considerado una fuerza negativa, al igual que otros grupos armados, y varios de sus dirigentes figuran en la lista de sanciones establecida por las Naciones Unidas y el Gobierno de los Estados Unidos. La propia delegación del M23 está constituida por personas que poseen nacionalidad ruandesa, y que han ostentado, o que continúan ostentando, puestos importantes en el aparato político y militar ruandés. Es decir, casi todos los delegados del M23 son antiguos miembros de las rebeliones instigadas en el pasado por la propia Ruanda —la AFDL, el RCD y el CNDP— y ya han sido amnistiados y reintegrados en el ejército nacional congoleño en varias ocasiones. Por tanto, sería muy oportuno preguntarnos con qué miembros del M23 podríamos tratar.

A pesar de ello, según la comunidad internacional, Kinshasa y el M23 deberían llegar a un acuerdo para alcanzar una paz negociada en Kivu del Norte. Pero, ¿qué podemos esperar del M23 si, después de tomar las armas en mayo de 2012, no obedece más que a los planes adoptados en Kigali y Kampala, que a su vez están fundados en la balcanización de la RDC y en el saqueo de sus recursos naturales?

Aunque el M23 dice estar “listo para el desarme y el retorno a la vida civil”, impone “dos condiciones: el retorno de los refugiados congoleños tutsis que aún viven en campos de Ruanda, Uganda y Burundi, y la neutralización de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), seguida de la repatriación de los mismos a su país de origen”. Es de suponer que la primera condición esconde la intención de crear nuevas colonias de población en las zonas norte y este del país con decenas de miles de falsos congoleños que nadie sería capaz de censar ni de controlar. En cuanto a la segunda condición, supondría una puerta abierta a un nuevo safari de soldados ruandeses en Kivu del Norte con el pretexto de la realización de operaciones mixtas con las FARDC y con el objetivo de erradicar las FDLR.

 

¿Medidas realistas?

Aunque el M23 afirma “no estar interesado en la integración de sus efectivos en el ejército congoleño, ni de sus cargos políticos en el gobierno congoleño”, las cuestiones relativas a la amnistía y a su integración en las fuerzas armadas y en las instituciones políticas y administrativas son claramente objeto de negociaciones, de manera que el gobierno congoleño incluso ha elaborado y sometido a la mediación ugandesa una lista con un centenar de miembros del M23 (de un total de 1 700) que no podrían beneficiarse de la amnistía ni de la reintegración en las fuerzas armadas. Se trata, en efecto, de “personas que han participado en más de un levantamiento o movimiento insurreccional, presuntos autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, en particular muertes de civiles, violaciones y abusos sexuales, personas responsables del reclutamiento de niños soldado, así como aquellas implicadas en la cadena de explotación ilícita de los recursos naturales de la RDC, personas rechazadas por sanciones nominativas de la comunidad internacional o por violación de los derechos humanos, así como aquellas juzgadas y condenadas por las cortes y tribunales de la RDC por actividades criminales”.

Sin embargo, según algunos observadores, la exclusión de la amnistía y de la reintegración en el ejército es una medida totalmente insuficiente a la que debería seguir el arresto de estas personas con el fin de ser entregadas a la justicia. En otros términos, según los propios observadores es bastante improbable que, entre los 1 600 miembros restantes del M23 que podrían recibir la amnistía y ser reintegrados, no haya militares extranjeros infiltrados, desertores múltiples, miembros de rebeliones anteriores, autores de crímenes contra la humanidad y de violaciones graves de los derechos humanos. Por este motivo, aun después de una selección rigurosa, los que pudieran ser reintegrados en las fuerzas armadas deberían ser enviados a otras provincias del país, lejos de Kivu, donde han causado tanto sufrimiento a la población. En resumen, en Kampala no se debería seguir hablando de amnistía, ni de reintegración en el ejército, ni de reinserción social, solo se debería hablar de desarme y de justicia, pues la población ya ha sufrido suficiente por culpa de este grupo terrorista llamado M23.

 

Eliminar la excusa.

Dado que la presencia de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) en el suelo congoleño es, según el M23, “la causa” de la guerra, resulta evidente que una paz realmente duradera en Kivu debería ser consecuencia de un enfoque conjunto de todos los países de la Región de los Grandes Lagos. Sin este enfoque global, no habrá una solución definitiva a las desestabilizaciones de la RDC en Kivu. El presidente tanzano Jakaya Kiwete ya lo mencionó cuando propuso que Ruanda y Uganda buscasen una solución a las reivindicaciones de sus respectivas rebeliones armadas, las FDLR y las ADF-Nalu, que huyeron hacia el este de la RDCongo. Dado que la comunidad internacional ha impuesto a la República Democrática del Congo una solución política por la vuelta a las negociaciones con el M23, será necesario que, al mismo tiempo, esta misma comunidad internacional obligue a Ruanda a negociar con las FDLR.

 

En cualquier caso, al igual que al M23, el ejército congoleño y la brigada de intervención de la Monusco también deberían obligar a las FDLR, por la fuerza si es preciso, a entregar las armas con el fin de llevar ante la justicia a todos los individuos buscados por la ley y de repatriar, tras una identificación previa y voluntaria, al resto de miembros. Si algunos de estos últimos miembros manifestasen el deseo de permanecer en el Congo, deberán solicitarlo de manera individual a las autoridades congoleñas competentes y aceptar alejarse, desarmados, de la frontera colindante con su país de origen. En este caso, el gobierno de la República Democrática del Congo actuará de acuerdo con la legislación en vigor en materia de inmigración. De lo contrario, sería como si no se hubiese hecho nada. Menos sería lo que quiere Ruanda: no desmantelar las FDLR para así seguir teniendo una excusa para invadir Kivu e interferir en los asuntos internos de la República Democrática del Congo.

 

 

1. ALERTA: EL 23M Y EL RDF SE PREPARAN PARA NUEVOS ATAQUES

 

El 5 de septiembre, según fuentes de la Sociedad Civil de Kivu del Norte, tuvo lugar en Gisenyi (Ruanda) una reunión entre los altos mandos del ejército de Ruanda (RDF) y el M23 (incluyendo a los coroneles Makoma y Vianney Kazarama). El objetivo de esta reunión era la planificación de nuevos ataques contra las posiciones de las FARDC. Hay constancia de que los efectivos del M23 están cavando pozos de tiradores en la Colina Hehu (Agrupamiento Kibumba, en el Territorio de Nyiragongo, que hace frontera con Ruanda). Además, sobre esta misma colina, se ha avistado artillería pesada del M23, que se prepara para recuperar la posición denominada “tres antenas” de las manos de las FARDC, antes de seguir avanzando hacia Kanyaruchinya. Según estas mismas fuentes, el 7 de septiembre, tuvo lugar una reunión de la comandancia del M23 en Kiwanja, en el Territorio de Rutshuru. El motivo de la misma era buscar una manera de acelerar los preparativos para el asalto a las posiciones de las FARDC en Mabenga, Tongo (al norte del Territorio de Rutshuru), Kibati (en el Territorio de Nyiragongo) y Goma.[1]

 

El 12 de septiembre, la Sociedad Civil de Kivu del Norte fue alertada de la entrada, durante la noche anterior, de un batallón de las fuerzas armadas ruandesas en Matebe (en la Agrupación de Jomba) a menos de 15km del centro de Rutshuru, en el eje de Bunagana. Los efectivos del RDF llegaron a título de refuerzos del M23 en previsión de las próximas hostilidades contra las FARDC en los ejes de Tongo y Mabenga. Estas mismas fuentes constatan la entrada en Kibumba de un batallón de la compañía de artillería del RDF el 14 de septiembre.[2]

 

El 12 de septiembre, en una declaración publicada al final de una reunión a puerta cerrada, el Consejo de Seguridad de la ONU subrayó que la seguridad en el este de la RDC sigue siendo precaria a pesar de la retirada de los rebeldes del M23 y de la vuelta a las negociaciones de Kinshasa y el M23 en Kampala. La brigada de intervención de la Monusco podría activar sus drones de vigilancia a principios de diciembre. Por su parte, el jefe de operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, Hervé Ladsous, subrayó durante una rueda de prensa que, tras la operación llevada a cabo a finales de agosto por el ejército congoleño y la Monusco, el M23 había sido expulsado hacia el norte y que ya no se trataba de una “amenaza directa” para Goma y las posiciones de la Monusco, pero que sería necesario acelerar el arreglo político de la cuestión. Asimismo, estimó que la Monusco debería comenzar a utilizar los drones de vigilancia “a primeros de diciembre”, especialmente para controlar las fronteras de la RDC.[3]

 

El 13 de septiembre, al término de una cumbre en Namibia a la que también asistió el presidente congoleño Joseph Kabila, la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) hizo partícipes a los asistentes de su inquietud con respecto al despliegue de tropas ruandesas en la frontera con la República Democrática del Congo y expresó su esperanza de que Ruanda no estuviese planeando invadir la RDC, lo que complicaría una situación ya de por sí delicada. Según el comunicado, la SADC también ha hecho un “llamamiento a los vecinos de la RDC para que contribuyan a la paz, la seguridad y la estabilidad del país”. La SADC también se ha felicitado por la “presión militar continua ejercida sobre los rebeldes del M23 y otras fuerzas negativas en el este de la RDC a fin de asegurar el cese de las hostilidades”.[4]

 

El 23 de septiembre, en una declaración con motivo del 68º Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, la Sociedad Civil de Kivu del Norte quiso llamar la atención de los Estados del mundo sobre el hecho de que la paz y la seguridad de la Región de los Grandes Lagos están actualmente amenazadas por Ruanda y Uganda, países que violan de manera flagrante el Acuerdo Marco de Addis Abeba, del que sin embargo son signatarios. En contra de lo que mandan sus obligaciones, estos estados siguen utilizando a las fuerzas negativas (M23, FDLR, ADF-NALU), a los terroristas (AL-SHEBAAB) y a otras milicias locales para continuar saqueando los recursos naturales y sabotear la autoridad del estado en el este de la RDC. En esta declaración, la Sociedad Civil de Kivu del Norte pide a la ONU más oportunidades para que las FARDC y la Brigada Internacional de la Monusco (FIB) puedan neutralizar y erradicar por la fuerza todos los grupos armados y Fuerzas Negativas (M23, FDLR, ADF-NALU, AL-SHEBAAB y otras milicias locales) que desestabilizan la paz y la seguridad en Kivu del Norte.[5]

 

El 23 de septiembre, varios Jefes de Estado y de Gobierno de la Región de los Grandes Lagos, incluido el congoleño Joseph Kabila y el ruandés Paul Kagame, participaron en la segunda reunión del mecanismo de supervisión regional para la puesta en marcha del Acuerdo de Addis-Abeba, que tuvo lugar en Nueva York. En el acto de apertura de esta reunión, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un llamamiento al apaciguamiento de las tensiones en la Región de los Grandes Lagos con el fin de que este acuerdo se aplique. Los países signatarios de este acuerdo se habían comprometido, en particular, a no apoyar a los grupos armados activos en esta parte de África, pero Ruanda y Uganda siguen apoyando la rebelión del M23. Por otra parte, Ban Ki-moon ha pedido a la comunidad internacional que ayude a los países de los Grandes Lagos a cumplir con los compromisos asumidos en Addis Abeba.    Los países signatarios de este acuerdo volvieron a condenar con contundencia al M23 por la vuelta a las hostilidades en la RDC y las actividades de “todas las fuerzas negativas” que operan en la RDC. También ratificaron el respeto de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los países de la región y, por último, instaron al gobierno congoleño y al M23 a concluir rápidamente las negociaciones para salir de la crisis actual, negociaciones que tienen lugar desde hace meses en Kampala.[6]

 

 

2. LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL M23 EN KAMPALA

 

El regreso a la mesa de negociaciones, interrumpidas desde mayo, se deriva, sin duda, de la voluntad de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y los Estados Unidos de ver la crisis congoleña solucionada mediante la negociación. A este respecto también ejercieron presión los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos el 5 de septiembre en Kampala, con motivo de la 7ª Cumbre de la CIRGL (Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos), que lanzó a las autoridades congoleñas y al M23 un ultimátum de tres días para la reanudación de las negociaciones de Kampala.[7]
El 8 de septiembre, el líder político del M23, Bertrand Bisimwa, dijo que su movimiento se declaraba “listo para el desarme y el retorno a la vida civil”, tal como lo exige la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL). Impuso, sin embargo, “dos condiciones: la neutralización de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), la repatriación de sus efectivos a sus países de origen y el retorno de los refugiados congoleños tutsis que aún viven en campos de Ruanda, Uganda y Burundi”. También añadió que “el M23 no está interesado en la integración en el ejército (congoleño), ni en el gobierno congoleño”.[8]

 

François Muamba, miembro de la delegación del Gobierno y coordinador del mecanismo nacional de seguimiento del Acuerdo Marco de Addis Abeba, afirmó que Kinshasa excluye todo debate que afecte a la constitución de la RDC. Explicó que “el M23 nos dijo en el mes de diciembre, cuando empezábamos las negociaciones, que la razón principal de esta guerra era la falta de aplicación del acuerdo entre el CNDP y el gobierno del 23 de marzo de 2009. ¡Eso ya ha sido tratado! Creemos que es necesario terminar de una vez, ya que no hay nada más que discutir” La delegación del gobierno afirma cerrar la puerta a toda inestabilidad que pueda poner en entredicho la soberanía del país. “Ofrecemos soluciones para detener la guerra, pero no a cualquier precio”, destacó François Muamba. Desde el pasado marzo, el mediador dispone de dos textos de propuesta de acuerdo, uno presentado por la delegación del gobierno y otro por los representantes del M23. Se espera que la síntesis consensuada de estos textos sea el objeto de un acuerdo final firmado por las dos partes.[9]

 

El 10 septiembre, finalmente se reanudaron en Kampala las negociaciones entre el Gobierno de Kinshasa y los rebeldes del M23. Las dos delegaciones llegaron por separado. En total, se presentaron doce representantes del M23 y una decena de parte del gobierno de la RDC. Según el reglamento no eran suficientes para que se permitiese la celebración de una reunión y, en consecuencia, para la firma de un acuerdo. Inicialmente, los intercambios se realizaron por escrito y con ayuda de la mediación. Según el arbitraje ugandés, se trataría de un texto de síntesis redactado el pasado mes de junio y que debería servir de base para el comercio. Un texto que ya ha sido rechazado por ambas partes.[10]

 

El vicepresidente de la delegación del M23, Roger Lumbala, repitió: “No pedimos una integración cualquiera. El ejército del M23 no puede integrarse en un ejército mal organizado. Tampoco queremos una integración política para ir a Kinshasa a trabajar en un gobierno que ha fracasado”. Roger Lumbala también dijo que primero sería necesario combatir a las FDLR y que los refugiados regresasen a la República Democrática del Congo. Según algunos observadores, las declaraciones de Lumbala en las que afirma que el M23 no necesita la integración no son más que una evasiva, ya que es sabido que, cuando el M23 se rebeló, se fijó el objetivo de infiltrarse a largo plazo en el gobierno y el ejército. Cuando habla de la persecución de las FDLR, es fácil darse cuenta de que reproduce el estribillo entonado en repetidas ocasiones por Paul Kagame, de quien recibe órdenes. En lo que concierne regreso de los refugiados, Lumbala olvida que esta cuestión es competencia de los jefes de estado de la Región y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.[11]

 

El 12 de septiembre, el portavoz del ejército congoleño en Kivu del Norte, el coronel Olivier Hamuli, declaró que la creación del M23 ha retrasado la represión de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) por parte del ejército congoleño. Respondía así al M23, que condiciona su desarme a la neutralización de los rebeldes ruandeses. El oficial congoleño indicó que entre 2010 y 2012, las FARDC consiguieron repatriar a 2 500 rebeldes de las FDLR. “Mientras tanto, hace más de un año que el M23 está presente en Rutshuru y a Nyiragongo. Durante este tiempo, nunca hemos tenido constancia, ni siquiera por radio, de que haya habido enfrentamientos entre el M23 y las FDLR. Jamás.”, concluyó el coronel Hamuli. A su modo de ver, la neutralización de las FDLR es un “pretexto” para el M23, que jamás ha manifestado la voluntad de luchar contra los rebeldes ruandeses. “Las FDLR están en Katemba, junto a Kiwanja, zona bajo su control [del M23]”, argumentó el portavoz del ejército congoleño. También añadió que durante las confrontaciones entre las facciones Makenga y Bosco Ntaganda, que tuvieron lugar en febrero de este año, el primero de estos grupos se unió a las FDLR para combatir al segundo. “Tenemos pruebas”, aseguró.[12]

 

El 12 de septiembre, la Enviada Especial del Secretario General de la ONU para la Región de los Grandes Lagos, Mary Robinson, reiteró que no debería haber amnistía ni integración en el ejército congoleño para los miembros del M23 u otros grupos armados que hayan cometido violaciones de los derechos humanos. Explicó que, durante su reciente visita a Kigali, hizo partícipe al presidente Paul Kagamé de las acusaciones de colusión entre Ruanda y el M23, pero que éste le había respondido “que no tenían fundamento”. Robinson también pidió a los países miembros del Consejo que estimulasen a los jefes de estado de los países interesados (Ruanda, República Democrática del Congo, Uganda, Burundi) a reunirse al margen de la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre “para progresar en la cooperación regional”. De hecho, está previsto celebrar una reunión consagrada a la República Democrática del Congo al margen de la Asamblea General el 23 de septiembre en Nueva York.[13]

 

El 13 de septiembre, el portavoz del ministerio ugandés de defensa, Paddy Ankunda, declaró que “hasta ahora, el mediador ha celebrado consultas separadas con las delegaciones” para “establecer un consenso”. “Se han hecho avances, y esperamos que la semana que viene (las dos partes y el mediador) publiquen un comunicado común sobre los progresos,” añadió. Por su parte, François Mwamba, negociador del gobierno congoleño, declaró que todavía no se habían registrado progresos. Explicó que la mediación aún no había presentado un “auténtico documento de trabajo que pudiese permitir pronunciarse a unos y a otros” y también acusó a los rebeldes del M23 de no respetar una de las decisiones de los Jefes de Estado de los Grandes Lagos, que les habían exigido cesar “toda actividad militar” en el terreno.[14]

 

En Kampala, el M23 multiplica sus reivindicaciones, exigiendo la constitución de una zona tampón en torno a la parte del territorio de Rutshuru, que está bajo su control desde hace cerca de un año.

Según algunos observadores, se trata de una manera de protegerse de un posible ataque de las Fuerzas armadas de la República Democrática del Congo o de la brigada de intervención de las Naciones Unidas. El M23 acrecienta sus reivindicaciones para seguir retrasando la conclusión de un acuerdo con Kinshasa. Intenta ganar un tiempo que podrá aprovechar para reorganizarse y preparar una nueva ofensiva militar en vista de recuperar los terrenos perdidos. De este modo, crear una zona tampón en torno a Rutshuru, equivaldría a consagrar una tierra de nadie. Asimismo, responder de manera positiva a esta nueva reivindicación del M23 supondría bendecir de facto la balcanización de la República Popular del Congo, pues se le confiarían al grupo los territorios que ya ocupa. La zona tampón reclamada por el M23 es una trampa que conducirá inexorablemente a la balcanización de la RDC. No obstante, el pueblo congoleño resistirá y se opondrá hasta el final, defendiendo la soberanía nacional, la intangibilidad de las fronteras y la integridad territorial de la República Democrática del Congo.[15]

 

El 17 de septiembre, el mediador Crispus Kiyonga, ministro ugandés de defensa, convocó una reunión en la que se propuso un proyecto de orden del día constituido por diez temas a tratar. Estos incluían la liberación de los prisioneros, la transformación del M23, el retorno y el reasentamiento de los refugiados y desplazados internos, los bienes expropiados, la reconciliación nacional y la justicia, la comisión de una investigación independiente, la gobernanza y la reforma socio-económica, la puesta en marcha de las conclusiones de la revisión del acuerdo de paz de marzo de 2009, la declaración de zona catastrófica y el mecanismo de aplicación, seguimiento y evaluación. Cabe señalar que ciertas reivindicaciones del M23, como la lucha contra las FDLR ya no figuran entre los temas a tratar. Según algunos miembros de la delegación gubernamental, varios puntos de este último orden del día ya han sido ampliamente tratados. Con respecto al retorno y el reasentamiento de los refugiados y desplazados internos, desde el acuerdo del 23 de marzo de 2009 el gobierno congoleño procedió a la firma de los acuerdos tripartitos con el ACNUR y con Ruanda, Burundi, Uganda y la República del Congo, respectivamente. Gracias a las reuniones tripartitas ya organizadas, ya se ha aclarado la situación de los refugiados congoleños que viven en estos países y de los refugiados de estas naciones que viven en la República Democrática del Congo. El ACNUR trabaja sin descanso con todos los países implicados para organizar los regresos, los cuales podrían haberse acelerado si la inseguridad en Kivu del Norte y Kivu del Sur, derivada de la presencia de fuerzas negativas como el M23, no retardase la protección y la habilitación de las zonas de regreso.[16]

 

El 19 de septiembre, el portavoz del Gobierno, Lambert Mende, anunció durante una rueda de prensa en Kinshasa, que el Gobierno congoleño ha creado y presentado ante los mediadores de Kampala una lista con un centenar de comandantes y soldados del M23, de un total estimado de mil setecientos combatientes, que en ningún caso podrían optar a la amnistía ni a la integración en las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo.

Justificó esta decisión por “el deseo de evitar el eterno retorno a la casilla de salida en la espiral de violencia que sufre repetidamente la población congoleña del este del país”.

Según Lambert Mende, el gobierno se aferra a unos “principios claros” en la gestación de las conclusiones de las negociaciones de Kampala. Afirmó que: “las personas que hayan participado en más de un levantamiento o movimiento insurreccional, los presuntos autores de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y en particular muertes de civiles, violaciones y abusos sexuales, los responsables del reclutamiento de niños soldado, así como aquellos implicados en la cadena de explotación ilícita de los recursos naturales de la República Democrática del Congo, las personas rechazadas por sanciones nominativas de la comunidad internacional o por violación de los derechos humanos, así como aquellas juzgadas y condenadas por las cortes y tribunales de la RDC por actividades criminales no podrán beneficiarse de una ley de amnistía ni de la integración en las fuerzas armadas de la República”.

La lista establecida por el gobierno ha sacado a la luz cerca de ocho casos de nacionalidad fraudulenta por parte de activistas del M23 que gozan de una nacionalidad extranjera o que incluso han formado parte de ejércitos de otros países a pesar de que la ley actual del país define la nacionalidad congoleña como única y exclusiva. Ni que decir tiene que, mientras la constitución congoleña no permita la doble nacionalidad, las personas que detenten otra nacionalidad no podrán aspirar a la integración en las FARDC, ya que la principal condición para formar parte de las fuerzas regulares congoleñas, es ser natural del país. Ahora bien, en marco legal actual, no se puede ser congoleño y ostentar otra nacionalidad a la vez. En esta situación se encuentran, un ex general, dos ex coroneles, tres tenientes coroneles y comandantes que se estarían infiltrando en el seno de las fuerzas armadas en operaciones llamadas de “fermentación” y “mezclado”. La lista también incluye a personas juzgadas y condenadas por las cortes y los tribunales por actividades criminales. Se trata de tres coroneles, uno de los cuales está condenado a muerte y dos a cumplir cadena perpetua en la prisión de Kinshasa, y dos tenientes coroneles, uno de los cuales ha huido. Además, el Estado Mayor de las FARDC habría eliminado de las filas del ejército a una serie de oficiales por actos de indisciplina. Evidentemente, ninguno de los individuos afectados por esta decisión de la alta jerarquía militar puede optar a reintegrarse en el seno de las FARDC. No obstante, el gobierno de la RDC quiere evitar en todo lo posible una caza de brujas y, por lo tanto, no aplicará el principio inicuo de responsabilidad colectiva para los miembros del M23 en cuanto a los crímenes cometidos a lo largo de la existencia de esta fuerza negativa. Los beneficiarios de la amnistía y de la integración en el seno de las FARDC serán objeto de un examen individual, ya que también es importante que cada miembro de este grupo armado asuma la responsabilidad de sus actos. “Solo así y de ninguna otra manera podremos combatir la impunidad y tener la esperanza de establecer una paz duradera en nuestro país y en la Región de los Grandes Lagos”, afirmó el portavoz del Gobierno de la República Democrática del Congo.[17]

 

El primer nombre de esta lista es el de Bosco Ntaganda, conocido como Terminator, trasladado ante la Corte Penal Internacional (CPI). Tras su nombre figuran algunas líneas biográficas. “Sujeto ruandés, nacido en Kinigi, Ruanda, antiguo instructor jefe del Ejército Patriótico de Ruanda (EPR) en el centro de Gabiro”.  Kinshasa ha identificado a otros siete altos oficiales como individuos de nacionalidad ruandesa. Los más conocidos son Innocent Kaina —alias India Queen—, Innocent Zimurinda —refugiado desde marzo del 2013 en Ruanda—, Bizimungu Masozera —que habría formado parte del contingente ruandés en Darfur— e incluso Bosco Mberabagabo, alias Castro.

 

Otros son considerados por el gobierno como antiguos miembros del Ejército Patriótico de Ruanda (EPR) o de las Fuerzas Ruandesas de Defensa (RDF), denominación actual del ejército ruandés. Sultani Makenga, actual jefe militar del M23, habría ostentado el grado de sargento en el seno del EPR. Baudouin Ngaruye habría sido instructor en el centro de Gabiro, igual que Bosco Ntaganda, y su primo, Patrick Safari, cabo de las RDF.[18]

 

El 20 de septiembre, el vicepresidente y portavoz de la Sociedad Civil de Kivu del Norte, Omar Kavota, declaró que su organización se oponía a la integración de los rebeldes del M23 en el seno de las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), de la policía nacional y de las instituciones públicas. Exigió al gobierno aumentar el número de soldados en la lista de miembros del M23 que no podrán reintegrarse en las FARDC. “Expresamos nuestra decepción por la permisividad del gobierno al integrar a los miembros del M23 en el ejército e incluso en las instituciones políticas. Al hacer esto, el gobierno corre el riesgo de integrar en las FARDC a una gran parte del ejército ruandés”, reveló a Omar Kavota. Para el vicepresidente de la Sociedad Civil de Kivu del Norte, la lista del gobierno no es más que una gota de agua en un océano, ya que “los congoleños en el seno de este movimiento rebelde no deben constituir más del 10 %”. Omar Kavota indicó, por otra parte, que la población de Kivu del Norte esperaba que el M23 pudiese “disolverse voluntariamente”, tal como lo había pedido el gobierno congoleño o, si no fuese posible, que fuese neutralizado por las FARDC y la brigada de intervención de la Monusco.[19]

 

La opinión congoleña debería, a priori, felicitarse de que sus autoridades hayan establecido una lista negra de combatientes del M23 que no podrán optar a la amnistía, ni a la integración en las FARDC (Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo). ¡Pero, cuidado! ¿Dispone el país de un fichero fiable con todos los infiltrados “fermentados” y “mezclados” de ayer y hoy que se mueven entre ejército nacional y los movimientos rebeldes según cambian las circunstancias? ¿Tiene la RDC los medios para controlar los movimientos de los soldados y oficiales extranjeros que cruzan la frontera, unas veces para reforzar las filas de los grupos armados, y otras para infiltrarse en sus contingentes? En principio, en Kampala no se deberían mencionar ni la amnistía, ni la reintegración, ni la reinserción; solo el desarme y la justicia, ya que la población civil ya ha sufrido demasiado a causa del movimiento terrorista llamado M23.[20]

 

 

3. ¿se puede negociar con el m23? ¡No está nada claro!

 

Según la comunidad internacional, Kinshasa y el M23 deberían llegar a un acuerdo para alcanzar una paz negociada en Kivu del Norte. Pero, ¿qué podemos esperar del M23 si, después de tomar las armas en mayo de 2012, no obedece más que a los planes adoptados en Kigali y Kampala, que a su vez están fundados en la balcanización de la RDC y el saqueo de sus recursos naturales?

La primera condición para el desarme impuesta por el M23 esconde la intención de crear nuevas colonias de población en la zona noreste del país, con decenas de miles de falsos congoleños que nadie sería capaz de censar ni de controlar. En cuanto a la segunda condición supondría una puerta abierta a un nuevo safari de soldados ruandeses y congoleños en Kivu del Norte y en la Provincia Oriental con el pretexto de la realización de operaciones mixtas con las FARDC para erradicar las FDLR y la ADF/Nalu. Pero, ¿cuántas expediciones “punitivas” de los ejércitos ruandeses y ugandeses deben realizarse dentro de las fronteras congoleñas para vaciar los bolsillos de las fuerzas negativas extranjeras? Desde 1996, fingen peinar los bosques, las colinas y los valles del norte y el este del país sin poner fin a las FDLR, la ADF/Nalu o el LRA (Ejército de Resistencia del Señor).[21]

 

Resulta necesario recordar que el 16 de enero de 2013, el M23 presentó un gran número de propuestas que la delegación gubernamental rechazó calificándolas de “broma monumental”.

1. En relación a la seguridad, el M23 recomendó:

– la erradicación y la repatriación de las tropas de las FDLR, ADF-NALU y FNL que operasen en el seno de las FARDC y aquellas que lo hiciesen desde territorio congoleño.

– la erradicación de los grupos armados congoleños, la mayoría de los cuales fue creada por el propio gobierno congoleño en una estrategia para la gestión del conflicto del este de la República Democrática del Congo.

– la creación de una policía de proximidad.

– el reconocimiento formal de los grados actualizados de los militares del M23. A este efecto, debería ponerse en marcha un mecanismo de fidelización de las tropas del Ejército Revolucionario del Congo (ARC) en el proceso de integración en el seno del ejército.

– la asunción del activo y el pasivo contable del M23 por parte del gobierno.

2. En relación a las cuestiones políticas, el M23 recomendó:

– la anulación de los resultados de las elecciones del 28 de noviembre de 2008, tras la comprobación de la veracidad de los resultados.

– la disolución del senado.

– la disolución inmediata de las Asambleas Provinciales, lo que implicaría la dimisión inmediata de los Gobernadores y Vicegobernadores.

– la puesta en marcha del Consejo Nacional de Transición Congoleño (CNTC) que se encargaría de dirigir el país durante el periodo de transición. Los principales objetivos del CNTC serían:

a) Revisar la Constitución; b) Formar un gobierno de transición; c) Establecer el resto de instituciones de la República; c) Reestructurar la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI); e) Organizar elecciones generales: empezando por las locales y acabando por las presidenciales.

– La instauración de un sistema federal.[22]

 

A mediados de abril, el M23 propuso de nuevo al gobierno un proyecto de acuerdo de 25 artículos, algunos de los cuales se presentan a continuación:

Artículo 5: A causa de las guerras recurrentes que han entrañado la destrucción de las infraestructuras y del tejido socioeconómico (…) el gobierno se compromete a declarar la zona este de la República Democrática del Congo (Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri, Alto Uele, Maniema y Tanganica) como “zona catastrófica” y dotarla de un estatus administrativo particular, un programa específico de protección y de amplia autonomía fiscal y financiera.

Artículo 8: Con el fin de facilitar la integración de los cargos políticos del M23, el gobierno de la República Democrática del Congo se compromete a participar en la gestión de las instituciones nacionales por medio de: el Gobierno central, el Cuerpo diplomático/Cancillerías, las Empresas públicas, los Gobiernos provinciales, el Estado Mayor, etc.

Artículo 9: Con el fin de facilitar la reconciliación nacional, el gobierno de la República Democrática del Congo se compromete a promulgar una ley de amnistía por actos de guerra y de insurrección que cubra el periodo comprendido desde el 7 de mayo de 2009 hasta el fin del periodo de aplicación de este acuerdo.

Artículo 12: El M23 se compromete a llevar a cabo, durante un periodo de cinco años renovables, operaciones conjuntas con el gobierno de la República Democrática del Congo, con el objetivo de erradicar de manera definitiva todas las fuerzas negativas extranjeras que operan desde territorio congoleño (LRA, ADF-NALU, FNL, FDLR…). Por tanto, habrá una relación entre las fuerzas de la República Democrática del Congo y las del M23 (ARC).

Artículo 13: El gobierno de la República Democrática del Congo se compromete a reconocer formalmente los grados de los militares y los policías del M23 sobre la base de un OB (orden de batalla) presentado por el M23.

Artículo 16: El gobierno de la República Democrática del Congo se compromete a reconocer todos los actos políticos y administrativos presentados en las entidades administradas por el M23.

Artículo 23: El M23 se compromete a dejar las armas de manera definitiva y a desmovilizar a los miembros del ARC que no quieran integrarse en las FARDC una vez que la zona este de la República Democrática del Congo sea asegurada, liberada de todas las fuerzas negativas extranjeras y de todos los grupos armados nacionales y de que los desplazados internos y los refugiados hayan regresado y se hayan reinstalado y reintegrado en sus lugares de origen. [23]

 

Según ciertos observadores, con este proyecto de acuerdo el M23 prosigue con su plan de balcanización de la República Democrática del Congo para así mantener el control administrativo y militar al este del país y, a nivel nacional, infiltrarse en el ejército y las instituciones políticas del estado.

 

El M23 y muchos de sus caciques son objeto de fuertes sanciones de las Naciones Unidas y del gobierno de Estados Unidos. De hecho, la Resolución 2098/2013 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en consonancia con la Resolución 1596/2005, establece listas claras de personas y entidades afectadas por las medidas de las Naciones Unidas: las FDLR, las ADF/NALU y el M23, así como sus principales líderes, entre los que destacan Ntaganda, Sultani Makenga, Runiga Lugerero, Eric Badege, Innocent Kaina, Baudouin Ngaruye, Zilurinda —miembros del M23—, Mudakumura Sylvestre y Ignace Murwanashaka de las FDLR y Jamil Mukulu de las ADF, todos afectados por estas medidas excepcionales. Por su parte, los jefes de estado de la CIRGL ya habían calificado al M23 de fuerza negativa, la misma denominación que reciben las FDLR. El presidente americano también firmó, a día 1 de marzo de 2013, las resoluciones en las que se incluye al M23 y a las FDLR en la larga lista de grupos terroristas definidos por el Departamento de Estado americano. La lista estadounidense también señala a Sultani Makenga y Runiga Rugerero.

Por tanto, cabe preguntarse con qué miembros del M23 se podría negociar, sobre todo teniendo en cuenta que las autoridades de Kigali se han infiltrado en la delegación del pseudomovimiento rebelde con “apóstoles-fieles” a su servicio. En efecto, en esta delegación hay personas identificadas claramente como de nacionalidad ruandesa y que ejercen, o han ejercido, funciones en el aparato político-militar de Kagame. François Ruchogoza, que durante mucho tiempo ha representado la delegación del M23 en estas negociaciones, es un reconocido ex militar del ejército ruandés RDF. Es también el caso de Jean-Baptiste Gasominari, cuya nacionalidad ruandesa ha sido verificada. Oscar Balenda, segundo representante de la delegación del M23, es el hermano menor del senador ruandés Balinda, que continúa ejerciendo en el parlamento de su país; mientras que Bizimugu Masogera que figura en la lista de representantes del M23 es un militar en activo de la RDF que ha participado incluso en el contingente ruandés en Darfur. Lo mismo ocurre con otros delegados del M23 en las negociaciones de Kampala. Castro Mberabagobo habría sido un antiguo funcionario de la policía ruandesa a cargo de la protección de los refugiados, Moïse Rusingiza, un antiguo ex policía ruandés e Isaac Shengeri Madakumba y Fred Shirungu, serían sujetos ruandeses.

Todas estas personas han recibido órdenes de infiltrarse en las conversaciones de Kampala para favorecer los intereses de su país, en la actualidad acorralado por la comunidad internacional, que denuncia abiertamente su implicación en la agresión que está teniendo lugar en Kivu del Norte.

Tampoco debemos olvidar que casi todos los delegados del M23 en las negociaciones de Kampala son ex miembros de antiguas rebeliones militares creadas por Ruanda: la AFDL, el RCD y el CNDP y que ya han sido amnistiados y reintegrados en el ejército nacional en varias ocasiones.[24]

 

Mientras que las FARDC y la Monusco han lanzado un asalto final sobre Kibati, el M23 ha hablado, una vez más, de una coalición entre las FDLR y las FARDC. Esta mera evocación de la presencia de las FDLR en el campo de batalla permite a Ruanda atravesar la frontera y atacar la República Democrática del Congo. Cuando la Brigada de intervención de la Monusco instaló un PC en Kinyaruchinya, la propia Ruanda les acusó de cooperar con los genocidas del FDLR. Todas estas acusaciones no tienen otro objetivo que servir de pretexto para una intervención en la República Democrática del Congo. Puesto que las FDLR son “la causa” de la guerra, ¿cómo es que se las omite de la búsqueda de soluciones? No van a ser desmanteladas por más imposiciones que se sigan poniendo a la República Democrática del Congo, visto que el ejército ruandés se ha aventurado en varias ocasiones en el territorio congoleño sin molestarles lo más mínimo.

Resulta evidente que una paz duradera en Kivu debería ser la consecuencia de un enfoque regional en busca de soluciones a las crisis recurrentes al este de la RDC. Sin este enfoque global, no habrá una solución definitiva a las desestabilizaciones de la RDC en Kivu. El presidente tanzano Jakaya Kiwete ya lo mencionó cuando propuso que Ruanda y Uganda buscasen una solución a las reivindicaciones de sus respectivas rebeliones armadas, las FDLR y las ADF-Nalu, que huyeron hacia el este de la República Democrática del Congo.

De hecho, ¿qué valor tiene un acuerdo de paz entre el gobierno congoleño y el M23 si no aborda la espinosa cuestión de las FDLR hutu, activas en el territorio congoleño, las mismas que han justificado, por lo menos de manera oficial, todas las agresiones de Ruanda camufladas en rebeliones internas? Un acuerdo así se verá pronto sobrepasado por los acontecimientos.

Visto de esta manera, se impone el enfoque de Jakaya Kikwete. Como la comunidad internacional ha impuesto a Joseph Kabila una solución política por medio de la vuelta a las negociaciones con el M23, será necesario que, al mismo tiempo, esta misma comunidad internacional obligue a Ruanda a negociar con las FDLR. De lo contrario, sería como si no se hubiese hecho nada. Menos sería lo que quiere Ruanda: no desmantelar las FDLR para así seguir teniendo una excusa para invadir Kivu e interferir en los asuntos internos de la República Democrática del Congo. Entendido.[25]