ÍNDICE

EDITORIAL: Pasar de la cacofonía a una sinfonía

1. CONCLUSIÓN DE LA VISITA DE BAN KI-MOON
2. Una nueva cumbre en Addis-Abeba
3. La ambigüedad del papel de la Comunidad International, de Ruanda y de Uganda.
4. TRAS EL ATAQUE DEL 23M SOBRE MUTAHO (KIVU DEL NORTE)
5. RIÑAS EN BUKAVU (KIVU DEL SUR)
6. CONFLICTOS EN BUKAVU (KIVU DEL SUR)
7. UNA CARTA DE HUMAN RIGHT WATCH AL PRESIDENTE KABILA

EDITORIAL: PASAR DE LA CACOFONÍA A UNA SINFONÍA

Altas personalidades de las instituciones, de la diplomacia y de la política hicieron varias declaraciones sobre el actual drama que tiene lugar al este de la República Democrática del Congo, lo que muestra el interés que tiene la comunidad internacional por recuperar la paz en este país. Pero la población congoleña ni comprendió ni aceptó esa forma de hablar tan diplomática y oficial. En efecto, semejante forma de hablar constituye, a menudo, una fuente de dudas, incertidumbre, desconfianza y desaliento.

Las ambigüedades y las sombras de una forma de hablardemasiado «diplomática».

Cuando el ministro belga de Asuntos Exteriores declara que «si Ruanda no quiere ser considerada como una parte del conflicto, que demuestre que quiere ser parte de la solución» o cuando el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, le pide al presidente de Ruanda, Paul Kagame, que «utilice su carisma político para la paz, la seguridad y el desarrollo en la región de los Grandes Lagos», ¿qué quieren decir exactamente? Quizás intenten pedir a Ruanda y a Uganda que dejen de apoyar el Movimiento del 23 de marzo (23M), la explotación ilegal de los recursos naturales del Congo y que terminen con su injerencia en la vida política congoleña. Quizás les piden, mediante un lenguaje diplomático, que respeten la soberanía nacional y la integridad territorial del Congo. Pero el pueblo congoleño no puede entender que, por arte de magia, aquellos que se sitúan en el origen del conflicto y que son la causa principal de su sufrimiento pueden ser, al mismo tiempo, los artífices de la paz. Los congoleños tienen la impresión de que quieren convencerlos, a cualquier precio, de que sus verdugos pueden ser también sus salvadores y sus liberadores. ¡Imposible!

Cuando Ban Ki-moon, en Kinshasa, invita al presidente Kabila a retomar las negociaciones con el 23M en Kampala, parece que se olvida de que, al igual que los anteriores movimientos supuestamente rebeldes (AFDL, RCD, CNDP), el 23M cuenta también con el apoyo de países vecinos, especialmente Ruanda y Uganda, en cuanto a hombres, armas y municiones. El pretexto es el de asegurar la seguridad de sus fronteras de la «amenaza» que proviene de sus respectivas rebeliones que se refugian en el Congo, las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) y la ugandesa ADF-NALU. Habría sido lógico que, para resolver el problema congoleño completamente, Ban Ki-moon pidiera a Ruanda y a Uganda el comienzo de una negociación con sus respectivas rebeliones, pero no lo hizo. La confusión de la población congoleña viene del hecho de que la comunidad internacional le pide al Congo lo que no se atreven a pedir a Ruanda y a Uganda. El pueblo congoleño no puede tolerar esta estrategia de doble rasero. Únicamente el presidente tanzano, Jakaya Kikwete, se atrevió a proponer, metiendo al lobo en el redil, la organización de un diálogo inter-ruandés y un diálogo inter-ugandés que puedan dar lugar a unos acuerdos con el fin de permitir a los diferentes grupos armados extranjeros presentes en el este del Congo regresar, sin armas, a sus respectivos países. Este sería un medio susceptible para reestablecer la paz en el este del Congo y en toda la región de los Grandes Lagos.

En Kinshasa, Banki-moon pidió el respeto y la realización del acuerdo de Addis-Abeba y mostró su deseo de que este acuerdo se aplique tanto dentro como fuera de las fronteras del Congo. Sin embargo, en Kigali, en una breve declaración frente a los medios de comunicación, nunca mencionó el aspecto regional de este acuerdo, ni el espinoso tema del apoyo ruandés al 23M. Ban Ki-moon sabe que el objetivo del régimen ruandés es infiltrar y desestabilizar, por medio del 23M, las instituciones del Congo para conseguir el total control militar, político y económico del este del país, que cuenta con una gran riqueza de recursos naturales. Pero Ban Ki-moon quiso evitar estos temas tabú y se contentó con hablar, por enésima vez, del reciente desarrollo económico de Ruanda y de su progreso sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el pueblo congoleño sabe que el actual régimen ruandés sabrá encontrar los medios para «violar legalmente» el acuerdo en cuestión, viéndose apoyado y protegido por las multinacionales occidentales y algunas potencias internacionales como los Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. El pueblo congoleño esperaba que Ban Ki-moon anunciase sanciones precisas en el caso de que Kigali no respetase los acuerdos de Addis-Abeba, pero todo fue en vano.

Durante la última visita de Ban Ki-moon a la región de los Grandes Lagos, el Banco Mundial concedió mil millones de dólares para proyectos de desarrollo en la región. Se trata de un gesto que puede parecer normal, pero la población no comparte esta opinión, tal y como lo ha expresado el gobernador de Kivu del Norte, Julien Paluku: «Todo el mundo sabe que los países de la región, particularmente Ruanda y Uganda, han sangrado al Congo mediante el saqueo ininterrumpido de sus recursos naturales y mineros. Por lo tanto, no sería lógico financiar a los países que se han enriquecido a costa del pueblo congoleño, destruyendo todas las infraestructuras socioeconómicas locales y provocando su miseria. Con este propósito, los mil millones de dólares que el Banco Mundial ha condedido deberían invertirse en el este del Congo, principalmente para su recuperación económica con el fin de recuperar el retraso que provocaron las repetidas guerras».

Pasar de la cacofonía a una sinfonía

Estas ambigüedades y contradicciones de un lenguaje demasiado diplomático son las que, probablemente, bloquean el proceso de paz en el Congo. Por lo tanto, hay que cambiar de estrategia y pasar a un lenguaje más claro, más explícito y más directo. Será necesario pasar de la cacofonía a una sinfonía en harmonía con la población local. La claridad y la transparencia ayudarían, sin ninguna duda, al pueblo congoleño a volver a ganar la confianza en las instituciones internacionales.

1. CONCLUSIÓN DE LA VISITA DE BAN KI-MOON

1. Una nueva cumbre en Addis-Abeba

El 26 de mayo, los once jefes de Estado africanos que firmaron, el pasado mes de febrero, el acuerdo de Addis-Abeba sobre la paz en el este del Congo se reunieron en la capital de Etiopía al margen de la celebración del 50 aniversario de la Organización para la Unidad Africana. El jefe de Estado del Congo, Joseph Kabila, debatió con sus homólogos de Ruanda y Uganda, Paul Kagame y Yoweri Musevein. Tras esta reunión a puerta cerrada no se hizo ningún anuncio concreto. Con esta reunión, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró que una paz sostenible en los Grandes Lagos solo es posible “si todos los países firmantes trabajan juntos para salir del callejón política sin salida y crear una nueva dinámica a favor de la seguridad de la población y del desarrollo económico”, y añadió que sería necesario aprobar “el examen de la realización” del acuerdo de Addis-Abeba[1].

El presidente tanzano, Jakaya Kikwete, como país proveedor de tropas para la nueva brigada de la Monusco, aprovechó la ocasión para explicar su visión sobre la hoja de ruta en vista de una resolución duradera a la crisis en el este del Congo. Para él, la brigada de intervención de las Naciones Unidas no tendrá ningún impacto si no se abre el diálogo entre los diferentes protagonistas, entre ellos, Ruanda y los FDLR, y entre Uganda y la ADF-Nalu. El presidente tanzano dijo tres cosas: en primer lugar, que la brigada especial de la ONU es algo bueno, pero que esto no solucionará el problema de fondo que es la política. También insistió en la necesidad de retomar el diálogo entre el gobierno congoleño y el 23M. Por último hizo hincapié en que este diálogo no será suficiente, según su opinión. Si Kinshasa negocia con sus enemigos del 23M, sería necesario también que Kigale aceptase hablar con sus enemigos de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), y Kampala con los rebeldes ugandeses de ADF-NALU. Sin una negociación global no puede haber una paz sostenible. Ante estas palabras, el Jefe de Estado ruandés, Paul Kagame, no abrió la boca, no hubo ninguna reacción de su parte. «Si no dijo nada, será por algo»-susurra un participante de esta reunión. Paul Kagame no se pronunció, pero Yoweri Museveni mostró su reacción con una sola frase: «Se habla solo con los que quieren hablar y se aísla a los otros»[2].

La respuesta de la ministra ruandesa de Asuntos Exteriores, Louise Mushikiwabo, en una entrevista concedida a RFI, fue tajante: «Si el presidente Jikaya Kikwete piensa que Ruanda debería sentarse en la mesa de negociaciones, es aberrante. Los que piensan que Ruanda debería sentarse en la mesa de negociaciones con los FDLR, no saben de qué hablan. Los FDLR son un grupo de genocidas que cuentan con simpatizantes, aquí y allí, tanto en nuestro vecindario como tan lejos como Ruanda». En la misma entrevista, Louise Mushikiwabo afirma también que «la nueva brigada de intervención de la Monusco es un elemento importante de un paquete de carácter político. Por lo tanto, lo que es importante hoy es que podamos enfrentarnos, lo antes posible, a esta solución política que no es más que una solución política interna en el Congo. No tenemos que confundirnos, la brigada no es una solución al problema del Congo, es tan solo una pequeña contribución». [3]

El 28 de mayo, François Mwanba, el nuevo coordinador del mecanismo de seguimiento del acuerdo-marco de paz de Addis-Abeba, alabó la propuesta del presidente tanzano, destacando que «habría que pedirle también a los demás países lo que se le pide al Congo para conseguir así una solución global». Con respecto al bloqueo de las negociaciones entre el 23M y el gobierno de Kampala, François Mwamba afirmó que el gobierno espera la proposición final de la mediación antes de poner fin a las negociaciones. El mes de marzo, el gobierno había elaborado un texto de 12 artículos que podría haber sido firmado como el documento final que pone fin a las negociaciones. Pero el 23M había considerado que este documento no cumplía sus expectativas y propuso, a su vez, otro texto. La facilitación debía convocar una asamblea para examinar ambos textos, con el fin de encontrar un consenso y concluir las negociaciones entabladas desde el 9 de diciembre de 2012. Esta asamblea nunca se convocó. [4]

Como reacción a la propuesta del presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, del 26 de mayo en la Cumbre de la Unión Africana (UA) en Addis-Abeba, en la que se pide a Ruanda y Uganda que negocien con sus respectivos rebeldes, como ya hizo el gobierno congoleño con el 23M, el presidente de Ibuka, que es la asociación que reagrupa a los supervivientes del genocidio de los Tutsi en Ruanda en 1994, Jean Pierre Dusingimungu afirmó que negociar con los rebeldes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) «es legitimar su causa y fomentar su impunidad». Fanny Bahati, una superviviente del genocidio, declaró que «Kikwete, cuyo país arbitra la sede del TPIR (Tribunal Penal Internacional por Ruanda), parece ignorar la historia». Godefroid Kä-Mana, presidente del «Pole Institut», un instituto intercultural de la región de los Grandes Lagos, fundado en Goma, en Kivu del Norte, también declaró que «negociar con los FDLR significa borrar todos los crímenes que han cometido». Las propuestas de Kikwete constituyen «un insulto al pueblo ruandés», afirmó Gédéon Kayinamura, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Asamblea Nacional de Ruanda. Este parlamento exige que Tanzania presente sus disculpas. [5]

Al día siguiente de las declaraciones de Gédéon Kayinamura, quien pide al gobierno tanzano que presente sus disculpas por haber propuesto la celebración de un diálogo político internacional ruandés, el ministro tanzano Membe declaró simplemente que «Tanzania no va a presentar sus disculpas por nada del mundo. En primer lugar, porque el gobierno tanzano está inspirado y guiado por buenas intenciones que pretenden el restablecimiento de una paz sostenible en la subregión, que está inmersa en repetidas guerras desde hace veinte años. En segundo lugar, porque desde hace 16 años, Kigali defiende la tesis de la guerra preventiva contra los rebeldes hutu ruandeses refugiados en el Congo, considerado como su campo de batalla y eso, sin éxito. En efecto, en cuatro ocasiones, el gobierno de Kigali mantuvo movimientos congoleños supuestamente rebeldes para neutralizar las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR). Por turnos, el AFDL, el RCD, el CNDP y recientemente el 23M se beneficiaron, públicamente, de apoyos diplomáticos, financieros y militares por parte del gobierno ruandés». Por último, el ministro Membe considera que el rechazo a abrir las negociaciones con los rebeldes hutu de los FDLR no será nunca el mejor camino para reestablecer la paz en esta subregión de los Grandes Lagos, particularmente en el Congo, en Uganda y en Ruanda.[6]

El 4 de junio, en Kinshasa, el embajador de Tanzania en el Congo, Emedy Ngaza afirmó, por su lado, que «oponerse a la propuesta del presidente tanzano de un diálogo entre Ruanda y Uganda y sus respectivas rebeliones es oponerse a la llegada de una paz sostenible en la región de los Grandes Lagos».[7]

Julien Paluku, gobernador de la provincia de Kivu del Norte declaró que «la paz en la región de los Grandes Lagos pasa, principalmente, por la democratización efectiva de las instituciones en Ruanda y en el diálogo con los FDLR». El hombre asegura que una paz sostenible podrá instalarse en la región por medio de un diálogo oficial y abierto entre el poder de Kigali y los rebeldes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda. Julien Paluku considera que los ruandeses que se encuentran en el exterior no deben ser considerados como genocidas, porque, según él, entre ellos podemos distinguir tres categorías de personas. En primer lugar están los hombres más buscados de la justicia internacional, verdaderos criminales que perpetraron el genocidio en Ruanda en 1994. Estos individuos deberían tener un tratamiento mucho más severo por parte del gobierno ruandés. También hay refugiados políticos ruandeses que huyen del régimen monolítico y del terror instalados en Kigali desde hace 19 años y en el que no hay la menor intención de compartir el poder entre todos los hijos e hijas de Ruanda. Prueba de ello es la condena de una opositora de renombre internacional, la señora Ingabire cuyo único pecado fue la osadía de presentarse candidata a la presidencia de Kigali en 2010. Fue condenada a ocho años de prisión firme, una pena que se extiende hasta el 2018. Todo esto con el fin de impedir que se repita la hazaña e intentando tener una representación en la cita de las presidenciales de 2017. Es en este momento cuando el gobernador Julien Paluku muestra su exasperación y le pide al presidente Paul Kagame que dialogue con esta categoría de ruandeses que no quieren tener nada que ver con el genocidio pero a quien le se han atribuido siempre estos crímenes a pesar de su silencio. Finalmente, están esos otros ruandeses que han conocido el genocidio en la flor de la vida, es decir, siendo menores (menores de 18 años en 1994). Estos últimos también han sido tachados de manera gratuita de participar en el genocidio, mientras que ellos no estaban ni de cerca, ni de lejos, unidos a las atrocidades de 1994. En esta categoría, es conveniente asociar a todos aquellos que nacieron en el exterior de Ruanda, es decir, durante todo ese tiempo de refugio. En ese momento, su edad estaba comprendida entre los 19 y los 35 años. A ellos no se les debe atribuir la ideología del genocidio ya que no estaban en tierras ruandesas en esa época ynacieron fuera del país. Para la Autoridad provincial de Kivu del Norte, las propuestas del presidente tanzano afectan a las dos últimas categorías de ruandeses que están totalmente excluidos de la gestión política de su país, Ruanda. Evocar todo esto no es ser portador de una ideología de genocidio ni ser un portavoz de los FDLR.[8]

Según varios observadores, para los dirigentes de Kigali, aquel que reclame un diálogo inter-ruandés debe ser considerado como cómplice y simpatizante de las personas que cometen genocidios hutu. Paul Kagame y sus amigos del FPR no soportan la más mínima contradicción. Han hecho del genocidio sus fondos de comercio para inculcar a los Países Miembro de la Comunidad Internacional el sentimiento de culpabilidad por no haber asistido, en 1994, a un pueblo masacrado. Cada vez que se encuentran acorralados y sin argumentos, siempre se refugian tras el mismo pretexto del genocidio. No quieren reconocer que todos los hutu refugiados en el Congo no son personas genocidas y que, en 1994, cientos de miles de ellos fueron masacrados, bien por los milicianos interahamwe, bien por los militares de la Armada Patriótica Ruandesa (APR). Si el régimen ruandés se obstina en imponer su política de exclusión, ¿qué podremos hacer para que los congoleños, víctimas de masacres, de violaciones masivas, de desplazamientos forzados al interior de su país y de saqueos de los recursos minerales de su país, puedan simpatizar algún día con los regímenes ruandeses, ugandeses y burundeses que están reconocidos, hoy en día, como los responsables de innumerables crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en su territorio? Entonces, la paz y la armonía, así como la cooperación son el fruto de la búsqueda de la verdad y de la justicia para el diálogo y las negociaciones entre Estados. [9]

Según varios observadores, la salida de la crisis de la región de los Grandes Lagos pasa por un acercamiento global entre todos los países implicados. Todos los países de la región están afectados, de una manera o de otra, por los movimientos rebeldes: Ruanda por los FDLR y Uganda por la ADF-NALU. Ya que todos están afectados, la ONU considera la puesta en marcha de un mecanismo de resolución que implique a todos. Este enfoque parece eficaz, pero su éxito está condicionado por algunas condiciones previas. Es el caso de la buena fe de los actos implicados en colaborar para una solución mutualmente ventajosa para todos los países. Ahora bien, desde este punto de vista, no es seguro afirmar que para el caso específico de los Grandes Lagos todos los países tengan la misma visión. Hoy en día está probado con el fracaso de todos los mecanismos establecidos en la región que la buena fe de algunos países, como Ruanda y Uganda, no se ha establecido.

Muchos son los observadores que consideran que el reestablecimiento de la paz en el Congo va a perjudicar a sus vecinos, principalmente a los del Este. No solo van a perder los dividendos sacados del saqueo de los recursos naturales, sino también que la reconciliación recomendada va a hacer peligrar sus regímenes. En otras palabras, el proceso de repatriación-reconciliación, particularmente en Ruanda y Uganda, va a traer sobre sus respectivos territorios rebeldes que consiguieron mantener al margen durante décadas. Hasta el punto de que hacer limpieza en el Congo se considera un desafío.

Todo el mundo lo sabe y nadie se atreve a decirlo en voz alta. Solo se necesita la fuerza de la presión para llevar a los estados refractarios, Ruanda y Uganda en particular, a implicarse realmente en la opción global expuesta en Addis-Abeba por el presidente tanzano. En lo que se refiere al 23M, la implicación de la Comunidad Internacional debe traducirse por una fuerza coercitiva y no en una fuerza preventiva que no puede disuadir a nadie. Prueba de ello: Monusco cuenta con 17 mil hombres pero nunca consiguió terminar con los conflictos armados del este del país. Con estas condiciones, la implicación deseada por todos los países de la subregión podría cobrar sentido con respecto al acuerdo-marco de Addis-Abeba. [10]

2. La ambigüedad del papel de la comunidad internacional, Ruanda y Uganda

Al final del viaje de Ban Ki-moon en el Congo, Ruanda y Uganda, el antiguo presidente irlandés concedió una entrevista exclusiva a Bruno Minas, corresponsal del RFI. Mary Robinson, enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Grandes Lagos defiende una resolución de la crisis mediante el desarrollo y alaba el compromiso financiero del Banco Mundial: «Ahora mismo tenemos mil millones de dólares y eso cambia muchos las cosas».

RFI: Ban Ki-moon desea la reanudación de las negociaciones de Kampala con el 23M y el gobierno de Kinshasa. Todo el mundo pensaba que este diálogo estaba enterrado. ¿Piensa que aún es posible retomarlo y que es realmente necesario?

Mary Robinson: Creo que es necesario ya que es mejor que las personas dialoguen para encontrar un medio de reestablecer la paz. Ahora tenemos un enfoque más amplio con el acuerdo-marco de Addis-Abeba. Se trata de la paz, de la seguridad y del desarrollo. Ambas partes pueden obtener beneficios de la paz. Yo animo a ambas partes, al gobierno y al 23M a retomar la mesa de negociaciones ya que, en estos momentos, hay mucha más elección.

RFI: ¿Significa eso que habrá que incorporar a combatientes rebeldes en el ejército nacional como en el pasado?

Mary Robinson: Sé que se tiene mucho miedo a esta solución, sobre todo en Goma. Hay algunos que podrían integrarse, pero otros tienen más elección sobre lo que podrían hacer, ya que podemos proponer un tipo de «fuerza económica». No son necesarias ni la impunidad ni la integración irreflexiva, ya que, hasta ahora, eso no ha funcionado. Pero, a partir de ahora, sabemos que habrá iniciativas para el desarrollo con el apoyo del Banco Mundial. Ahora tenemos mil millones de dólares y eso cambia mucho las cosas, ¡eso cuenta!

RFI: ¿Los mil millones de dólares reestablecerán la paz?

Mary Robinson: No, eso no se puede decir así. Pero es necesario que la mentalidad de las personas cambie un poco, y que puedan decirse que habrá un futuro mejor, ¡ya que se trata de una región tan rica! Podríamos avanzar realmente, como otros países en África. He hablado con grupos de mujeres, con la sociedad civil, todo el mundo desea el desarrollo.

RFI: ¿Eso significa que el Congo debe compartir un poco de sus riquezas?

Mary Robinson: En este momento están robando las riquezas del Congo. Si se pudiera explotar todo esto de una manera legal, eso podría ayudar a todos los países de la región. Necesitamos inversiones, trabajadores… Es bueno para todo el mundo.

RFI: Existen muchas acusaciones contra Ruanda y Uganda que estarían detrás del 23M. ¿Qué opina de estas acusaciones?

Mary Robinson: Voy a lanzarme. He tenido diálogos privados con personas como enviada especial. Creo que vamos a progresar, y ya hemos hecho algún progreso.

RFI: Hay un debate en el Congo sobre la democracia y los derechos humanos. Todavía se espera un convenio que prometió el presidente…

Mary Robinson: Cuando estuvimos en Kinshasa y Goma  hablamos de este convenio, de este diálogo y tengo la impresión de que va a empezar pronto. Es importante, ya que he visto que los grupos de mujeres y la sociedad civil están un poco preocupados por este asunto de la brigada de intervención para resolver todos los problemas. Yo creo que la brigada es importante, desde luego, pero no creo que sea la solución. La solución es más bien el acuerdo-marco por la paz, la seguridad y el desarrollo. Es necesario que los congoleños entiendan que el gobierno debe tener un ejército y una policía que funcione bien, una autoridad del Estado en todas partes del territorio. Es a largo plazo, lo sé. Pero ahora creo que realmente podemos empezar. Tenemos el mecanismo de seguimiento. Espero que la sociedad civil, los grupos de mujeres y los jóvenes sigan este proceso y la oposición también.

RFI: ¿La brigada de intervención sería más bien una brigada de discusión?

Mary Robinson: Eso espero. Es necesario que sea una fuerza de prevención y que haga más bien progresos, a nivel político, hacia la paz, y sobre todo hacia el desarrollo.[11]

Ruanda y Uganda juegan un papel bastante particular. Están acusados, a la vez, de mantener la rebelión, y al mismo tiempo, están considerados como soluciones al conflicto. La ambigüedad reina desde hace años. El tema es prácticamente un tabú, hasta tal punto de que es imposible obtener palabra alguna de Ban Ki-moon sobre estas cuestiones. Uganda tiene un papel doblemente particular ya que es un país mediador entre el 23M y el Congo, aunque esta negociación que se entabló a principios del mes de diciembre esté completamente estancada en los momentos en los que nos encontramos. Además, en Kigali, Ban Ki-moon declaró que había animado al presidente Kabila, con quien había estado el día anterior, a continuar con las negociaciones de Kampala. Pero efectivamente, andamos con pies de plomo en lo que respecta a estos dos países, a los que algunos acusan de ser los que apoyan la rebelión, y otros dicen que, al contrario, pueden jugar un gran papel por la paz. [12]

El pasado 10 de mayo, por ejemplo, durante una reunión celebrada en Bujumbura (Burundi), los ministros de Asuntos Exteriores de Ruanda, Burundi y el Congo habían expresado su deseo de crear una corte de justicia para juzgar a los autores de los crímenes cometidos en la región de los Grandes Lagos. Sin embargo, los jefes de las diplomacias de estos tres países todavía no habían definido las modalidades de la creación de esta corte, ni sus competencias.[13] Según algunos observadores, esta iniciativa podría disfrazar la tentativa, por parte de los gobiernos ruandés y ugandés, de substraer a la justicia internacional los autores de graves violaciones de los derechos humanos cometidos por responsables ruandeses y ugandeses en territorio congoleño.

2. TRAS EL ATAQUE DEL 23M SOBRE MUTAHO (NORTE KIVU)

Los habitantes y la sociedad civil del Kivu del Norte manifiestan cada vez más gestos de solidaridad a favor de las fuerzas armadas del Congo (FARDC) desde los últimos combates que los han enfrentado a los rebeldes del 23M en Mutaho del 20 al 22 de mayo. Las mujeres de los partidos políticos, de asociaciones locales así como la sociedad civil de Kivu del Norte han enviado a los responsables del ejército de Goma un sobre con 1.000 dólares para los militares que se encuentran en el frente. La ponente del comité de mujeres, Me Nelly Lumbulumbu, indica que se trata de un gesto para animar a las fuerzas armadas y «decirles que las mujeres y que toda la población congoleña los apoyan». Mientras los combates tenían lugar en Mutaho, algunos habitantes de Mugunga se mostraron voluntarios para transportar al frente el material militar y las municiones. Pero el comandante militar no aceptó esta oferta, explicando que eso sería poner en peligro la vida de los civiles. Otros habitantes de Kivu del Norte escribieron en la red social Facebook mensajes de apoyo a los FARDC. Sin embargo, algunos responsables de la sociedad civil provincial recuerdan a los militares su responsabilidad frente a los civiles, salvaguardándolos contra los ataquescomo los que se cometieron el pasado mes de noviembre en Minova durante la ocupación de Goma por el 23M. [14]

El 28 de mayo, el portavoz de la sociedad civil de Kivu del Norte, Omar Koavota, declaró que el 23M se beneficia de la tregua para reforzar sus posiciones con hombres y en municiones procedentes de Ruanda y que esta actitud muestra que todavía existe la ambición de retomar la ciudad de Goma. [15]

El 29 de mayo, en Goma, tras una reunión de sensibilización de los jóvenes para que no se integren en grupos armados, los acostumbrados jefes de Kivu del Norte pidieron al gobierno congoleño que evitase la integración de extranjeros, de criminales o de rebeldes en el seno de las Fuerzas Armadas del Congo (FARDC). El Barza intracomunitario y la sociedad civil de Kivu del Norte, con el apoyo de la sección de la información pública de la Monusco organizaron este diálogo. Para más de doscientos notables de Kivu del Norte, que participaron en este diálogo, una de las salidas para esta provincia, tras más de veinte años de guerra, es la formación de un ejército capaz de velar por la integridad del territorio nacional. Estas comunidades se han comprometido a sensibilizar a sus jóvenes para que estos abandonen los grupos armados y los movimientos rebeldes. También le pidieron al gobierno que fuese riguroso en la selección de los combatientes antes de integrar el ejército. [16]

El 4 de junio, el portavoz militar de la Monusco, el teniente coronel Prosper Basse, declaró que un tercio del efectivo de la brigada de intervención de la ONU ya llegó a Goma. Se esperan a otros militares «en los próximos días». Esta brigada debe estar formada por 3.069 hombres proporcionados por Tanzania, Malawi y África del sur. Una parte de las tropas sudafricanas tendrán su base en Munigi, al norte de Goma. Se está construyendo otro cuartel al oeste de la ciudad. El portavoz de las Naciones Unidas, Martin Nesirky, había anunciado el 3 de junio que los elementos de la brigada que se encontraban sobre el terreno ya habían empezado a patrullar con otros elementos de la Monusco. Según el jefe de operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, Hervé Ladsous, esta brigada debería estar en activo de aquí a mediados de julio. En un comunicado publicado el pasado 24 de mayo, la jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Catherina Ashton, había deseado un despliegue «rápido» de esta fuerza.[17]

El 5 de junio, el portavoz civil de la Misión de la ONU para la Estabilización del Congo (Monusco), Penangini Touré, declaró que si los rebeldes del 23M vuelven a Kampala para continuar con las negociaciones, la brigada de intervención de la ONU no los atacará allá donde se encuentren. «La brigada está ahí para neutralizar esas fuerzas que se van a enseñar a la población civil», declaró M. Touré, añadiendo «Si permanecen acantonados allá donde estén y no molestan a nadie, no veo ninguna razón para que la brigada de intervención o la fuerza de la Monusco busque su desalojamiento». «Tarde o temprano está fuerza tendrá que ponerse del lado de la República, hay una única república, una única autoridad de Estado y un único gobierno. Es necesario que todo el mundo se inscriba a esta lógica. Entonces, tarde o temprano, estos grupos armados estarán desmantelados, si realmente queremos conseguir la paz”-continuó. “Pero mientras tanto, las negociaciones deben continuar», concluyó el portavoz de la ONU. [18]

El 5 de junio, en un comunicado de prensa, el jefe político del 23M, Bertrand Bisimwa, indicó que «el 23M, de acuerdo con la facilitación, confirma que su delegación estará presente en Kampala el domingo 9 de junio con el fin de continuar con el diálogo con el gobierno congoleño». El 23M justifica esta decisión, especialmente, por las propuestas del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y de la representante especial para la región de los Grandes Lagos, Mary Robinson, durante un viaje a finales de mayo al Congo, a Ruanda y a Uganda. Ban Ki-moon y Mary Robinson habían preconizado una «solución política en la resolución de las causas profundas de la crisis en el este del Congo», resume M. Bisimwa. Estos diálogos y debates se encontraban, en diciembre de 2012, en un punto muerto desde la escisión del movimiento rebelde el pasado febrero. En marzo, tras una votación de la resolución 2098 del Consejo de Seguridad que creó la brigada de intervención de la Monusco, encargado de combatir los grupos armados en el este del Congo, Kinshasa había pedido al 23M que se auto disolviese.[19]

3. IRRITADOS EN BUKAVU (KIVU-SUR)

El 24 de mayo, desde las 4 de la mañana, jóvenes «Banyamulengues» del barrio Nguba, al este de la ciudad de Bukavu, cerca de la frontera con Ruanda, bloquearon la carretera principal que lleva a la frontera Ruzizi I.

A primera vista, estos jóvenes «banyamulengues» quisieron manifestar su descontento frente a algunos hechos acaecidos el día anterior. En la noche del jueves 23 de mayo de 2013, se produjeron disputas violentas entre un grupo de jóvenes congoleños y banyumulengues en el barrio situado detrás del mercado de Nguba. Por la parte banyamulengue, todo formaría parte de unas injurias profesadas gratuitamente por los congoleños al calificarlos de 23M mientras hablaban apaciblemente de temas privados. Por la otra parte, es decir, por la parte congoleña, todo habría comenzado en un despacho de bebidas cuando algunos jóvenes banyamulengues entraron y cogieron la botella de alguien que creyeron borracho. Mientras este hace preguntas, recibe escupitajos en la cara, algo que no pudo soportar. La pelea siguió hasta el punto de herir a 2 chicas y 3 chicos banyamulengues, que tuvieron que ser ingresados en el dispensario BIOSADEC de Nguba. Para vengarse, los jóvenes banyamulenges, que vivían en grupos de más de diez personas en un lugar que ellos denominaban «casa de estudiantes», no encontraron otra solución que bloquear la carretera, impidiendo, a toda la población, que no estaba implicada en este conflicto, ocuparse apaciblemente de sus actividades. Los niños no pudieron acudir a sus colegios. Todos los padres que llevaban a pie, en moto o en un vehículo a sus hijos al colegio se vieron obligados a pasar de largo frenteal colegio. Todo esto se vio como algo injusto e inaceptable y muchos motoristas exigieron que se restableciera la circulación. En ese momento, algunos de los motoristas que llevaban a los escolares fueron apedreados y heridos. Entonces, la cólera de los otros taxistas moteros se reavivó, a pesar de que, en general, son solidarios bajo otras circunstancias. A continuación se produjo una rápida y fuerte movilización, seguida de una gran violencia. Los lanzamientos de piedras entre ambas partes eran tantos que la situación de violencia degeneró. Los daños fueron muy importantes: robos, heridos en ambos bandos, destrucciones injustificadas, saqueos y robos de dinero y de objetos de valor. De paso, la iglesia metodista de Muhumba fue saqueada y parcialmente quemada. Lo mismo pasó con la iglesia CEPAC/SHALOM de Nguba. Hay que recordar que estas dos iglesias son, principalmente, banyamulengues.

Según algunos observadores, en Kivu, las situaciones de inseguridad perduran desde hace 20 años y son siempre parecidas. Todo lo que sucede ahora ya se ha visto, escuchado y vivido adesde hace tiempo.. Podemos decir sin riesgo de equivocarnos que no se hizo nada sin una causa justificada y sin haber detrás una ideología «política» en este tipo de actos. ¿Debemos pensar que se trata de una estrategia deliberada? ¿Cómo se puede explicar que un conflicto privado entre algunos jóvenes del barrio pueda alcanzar tales magnitudes sin pensar en una manipulación y una instrumentalización orquestada? ¿Debemos condirear esto como el caballo de Troya del 23M? Solo el tiempo podrá confirmarlo o desmentirlo. Pero es casi seguro que los líderes y extremistas tutsis/banyamulengues comercializarán un avez más la xenofobia y el odio étnico para justificar toda reacción militar y/o política que pueda darse. [20]

De hecho, el mismo 24 de mayo, en un comunicado de prensa firmado en Bunagana (Kivu del Norte) por Amani Kabasha, Jefe del Departamento de la Comunicación y Medios del 23M se dijo: «la Dirección del Movimiento denuncia y condena los actos de violencia selectivos perpetrados, concretamente, en las ciudades de Bukavu y de Goma, y que han afectado a algunos compatriotas por su pertenencia étnica». Según ese mismo comunicado, «en Bukavu, hordas de jóvenes manipulados y remunerados por las autoridades locales cogieron a una parte de los estudiantes banyamulengues que recibieron una paliza, fueron mutilados y sufrieron tratos degradantes que violaban los derechos y la dignificad de los seres humanos. Algunos murieron a causa de los golpes, a otros se les quemó en iglesias». La estigmatización de una parte de la comunidad nacional, tomada como chivo expiatorio de los problemas a los que se enfrenta el país, es la base de muchas de las frustraciones que condujeron a las guerras recurrentes. Algunas autoridades se reservan frecuentemente grandes espacios en los medios de comunicación públicos y privados para lanzar llamadas al odio étnico, discursos populistas que han convertido el odio tribal en los cimientos de un pseudopatriotismo. Los discursos de odio étnico se adoptaron como una estrategia de movilización popular.

El 23M considera al Gobierno de la RDC como el único responsable de esta depuración étnica. Estos actos de genocidio son la consecuencia de las llamadas al odio, algo que nadie ha condenado hasta la fecha. Tenemos por tanto la obligación de prevenir a la Comunidad Nacional e Internacional sobre el carácter preocupante de la amenaza que constituye esta campaña de odio étnico en una región que ya ha conocido genocidios de la historia de la humanidad. También hacemos un llamamiento a toda la comunidad humana, a las instituciones internacionales, en este caso a la Monusco, cuya misión es la de proteger a las poblaciones civiles, para que pongan fin a la colaboración con las instancias de seguridad (servicios de información, servicios de migraciones, ejército y política) del Gobierno congoleño».[21]

Según algunos observadores, la rapidez con la que el 23M reaccionó pudo dejar entrever su implicación directa en los incidentes de Bukavu, por la acción interpuesta de algunos de sus militantes infiltrados en la ciudad. En primer lugar, el comunicado del 23M exagera los hechos y falsifica información cuando habla de jóvenes banyamulengue fallecidos a causa de los golpes recibidos o que fueron quemados en iglesias. De hecho, no se ha constatado ningún fallecimiento y los heridos se cuentan en ambos bandos. Además, los temas evocados se conocen desde hace mucho tiempo: la inseguridad en la que viviría la comunidad congoleña ruandófona (Banyamulengue, Banyarwanda, Tutsi) marginada, excluida, privada de todos los derechos, víctima del odio étnico, siempre bajo la amenaza de la limpieza étnica y del genocidio. En realidad, el complejo de víctima y de «chivo espiatorio» fijado por algunos políticos y algunas autoridades militares de la comunidad ruandófona, miembros hoy incluso del 23M, forma parte de la estrategia adoptada para esconder su plan de desestabilización de las dos provincias de Kivu y así asegurarse el control político, militar y económico. De hecho, al acusar directamente al gobierno congoleño de ser el «único responsable» de la supuesta depuración étnica, el comunicado de prensa deja entrever que la guerra del 23M no es más que una guerra contra el Estado congoleño.

Por lo tanto, no se trata de un problema de coexistencia entre las diferentes comunidades étnicas que componen al pueblo congoleño de Kivu. Cuando el despliegue de la nueva brigada de intervención de la Monusco parece inminente, el objetivo primordial del comunicado del 23M y quizás de los acontecimientos de Bukavu, es empujar a la ONU, a la Monusco y a la Comunidad Internacional a separarse del gobierno congoleño, poniendo fin a cualquier forma de cooperación con los servicios de seguridad, para así aislarlos y hacerles frente más fácilmente. Con el apoyo logístico y militar de países vecinos como Ruanda y Uganda, a su vez apoyados por las multinacionales occidentales de EE.UU. e Inglaterra, el 23M, revela, así, su verdadera naturaleza de grupo terrorista en guerra contra el Estado congoleño y su pueblo.

4. UNA CARTA DE HUMAN RIGHT WATCH AL PRESIDENTE KABILA

El 7 de mayo, en una carta dirigida al presidente Joseph Kabila, Human Right Watch (HRW) manifiesta su preocupación y presenta recomendaciones relacionadas con la situación en materia de derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo, destacando la necesidad de acabar con la impunidad con respecto a los autores de esas graves violaciones de derechos.

Según HRW, el nuevo acuerdo-marco firmado en Addis-Abeba el 24 de febrero de 2013, el nombramiento de Mary Robinson como enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la región de los Grandes Lagos, así como el próximo despliegue de la Brigada de Intervención (una fuerza bajo la dirección africana creada en el seno de la Misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo, la Monusco) son buenas ocasiones a tener en cuenta para hacer avanzar las cosas. Human Rights Watch llama a los actores internacionales a ejercer presiones que aseguran el cese inmediato de cualquier apoyo militar por parte de Ruanda o de Uganda al 23M o a grupos armados activos en el Congo y que cometan actos violentos.

El éxito de los compromisos regionales e internacionales inscritos en el acuerdo-marco no se podrá asegurar sin la plena implicación del gobierno congoleño y sin un verdadero compromiso y una acción concreta por su parte a favor de la instauración de reformas esenciales a escala nacional.

Durante bastante tiempo, la política que consistía en integrar a jefes de guerra (autores de actos violentos entre las filas del ejército) y en otorgarles grados altos e influyentestan tolo que consiguió perpetuar el fenómeno de la impunidad, lo que compensaría el recurso a la violencia.

La reciente rendición de Bosco Ntaganda y su traslado a la Haya han constituido etapas importantes en la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves cometidos en el este del Congo. HRW espera que otros individuos sospechosos de haber cometido graves violaciones de los derechos humanos (entre ellos, dirigentes del 23M como Baudouin Ngaruya e Innocent Zimurinda, que se encuentran actualmente en Ruanda, o Sultani Makenga e Innocent Kayna) sean detenidos y llevados frente a la justicia. Todas estas personas figuran en las listas de sanciones establecidas por las Naciones Unidas y por los EE.UU. y no se merecen ninguna amnistía.

Sin embargo, para que estas medidas tenga un efecto sostenible, el gobierno congoleño no debería mostrarse de acuerdo con ningún jefe de guerra que haya cometido actos violentos, sea cual sea su pertenencia política, étnica u otra. De hecho, el 23M no es el único grupo de este tipo. Para terminar con la impunidad, el gobierno debería adoptar una actitud coherente e igualitaria sobre todos los grupos armados responsables de graves actos violentos, y abstenerse de promover una justicia de sentido único o un sistema de doble rasero. Un cierto número de milicias, así como miembros del ejército nacional congoleño cometieron también ataques atroces contra las poblaciones civiles. Entre estas milicias figuran el grupo armado Raia Mutomboki, las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), los Nyatura, los Maï Maï Sheka, la Alianza Patriótica por un Congo Libre y Soberano (APCLS), los Maï Maï Yakutumba, el Frente de la Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI) y los combatientes Maï Maï en Katanga. Estos grupos asesinaron a centenares de civiles y arrasaron decenas de pueblos. Los responsables de estos actos no deberían ser recompensados, sino detenidos y llevados frente a la justicia.

El despliegue de la Brigada de Intervención conlleva riesgos, pero también representa una ocasión única para frenar a los rebeldes, que son los responsables de las peores atrocidades. La brigada debería concentrar sus esfuerzos en operaciones bien dirigidas y preparadas que tengan como objetivo realizar arrestos y tomar todas las precauciones posibles con el fin de minimizar los daños sufridos por la población civil, como los ocasionados por operaciones militares precedentes que ya han provocado desplazamientos de población y violaciones de los derechos humanos a gran escala.

En las regiones en las que la Brigada de Intervención consiga hacerse con el control, será necesario que el gobierno congoleño proceda, en coordinación con la Monusco, a la realización de preparativos con el fin de poder ocuparse de estas zonas y de mantenerlas, además derestablecer unas instituciones y unos servicios públicos creíbles. La protección de los civiles debería ser una prioridad. Debería ponerse a punto una política frente a los combatientes de grupos armados que aceptaran dejar las armas, y esta debería aplicarse antes del comienzo de las operaciones militares; también debería evitar los fracasos de los programas de desarme anteriores.

En el marco del programa nacional de reforma del gobierno, y para asegurar el cumplimiento de otros compromisos presentes en el acuerdo-marco, deberían aplicarse las siguientes medidas:

• Relevar de sus funciones, someter a investigaciones y llevar ante los tribunales, de una manera adecuada, a los miembros de las fuerzas de seguridad congoleñas implicadas en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones graves de los derechos humanos, sea cual sea su grado.
• Asegurarse de que el gobierno congoleño se abstiene de proporcionar un apoyo militar a las milicias y a los grupos armados, extranjeros o congoleños, responsables de violaciones generalizadas o sistemáticas. Los responsables civiles y los militares que apoyaron a tales grupos deberían ser relevados de sus funciones, ser objeto de investigaciones y ser llevados ante los tribunales.
• Poner en marcha un mecanismo de investigación o de control del personal del ejército y de la policía con el fin de excluir a los individuos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos.
• Crear cámaras especializadas mixtas o una corte especializada mixta, en el seno del sistema judicial congoleño con la participación de procuradores, jueces y otro personal internacional, para abrir procesos, en conformidad con el derecho internacional, contra los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos en el Congo desde 1990.
• Con el apoyo de las Naciones Unidas y de los socios capitalistas, elaborar y realizar, de manera urgente, un nuevo programa y una estrategia de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) que afecte a los miembros de grupos armados. Esta estrategia debería garantizar que los responsables de graves violaciones de los derechos humanos sean excluidos del ejército, sometidos a investigaciones y llevados ante la justicia; se debería separar de estos grupos, inmediatamente, a los niños y ver por que estos sean entregados a agencias de protección de la infancia; los antiguos combatientes que forman parte del ejército o de la policía seguirían una formación con el fin de poder comportarse en conformidad con el derecho internacional y con las normas internacionales en materia de derechos humanos, antes de ser enviados a las regiones del país además de las regiones en las que han operado como milicianos; y que se ofrezcan a los excombatientes alternativas realistas a una carrera en el ejército, como posibilidades de empleo a largo plazo en el ámbito civil.
• Incluir a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a los grupos de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, en la elaboración de programas de reforma nacionales, así como en sus mecanismos de seguimiento.[22]