ÍNDICE

EDITORIAL: Ocupación, resistencia y esperanza

1.La reintegración de 450 combatientes de la facción de Bosco Taganda  en el 23M de Sultani Makenga

2.El 23M y el próximo despliegue de la nueva brigada de la MONUSCO

3.Las negociaciones de Kampala

4.La RDC se niega a firmar un acuerdo sobre el estatuS de LOS refugiados ruandeses

 

EDITORIAL: OCUPACIÓN, RESISTENCIA Y ESPERANZA

 

El este de la República Democrática del Congo (RDC) y, en especial, la provincia de Kivu del Norte aparece cada vez más como un territorio conquistado y ocupado.

 

Kivu: ¿una colonia ruandesa?

 

Durante una reunión organizada en Pretoria el 18 de abril por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ruanda solicitó la aplicación de la cláusula de cese de la condición de refugiado ruandés para aquellos que aún se encuentran en el extranjero. Esta cláusula de cese forma parte de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatus de los refugiados y prevé el fin de esta condición una vez que se realicen cambios fundamentales y sostenibles en el país de origen y que las circunstancias que han conducido a la huida hayan dejado de existir.

 

La ministra ruandesa encargada de las catástrofes y de los refugiados ha intentado demostrar que Ruanda es un país en paz total, clasificado por el Índice de desarrollo humano entre los mejores estados de África y que, por esta razón, los compatriotas que se encuentran aún como refugiados en el extranjero ya no tienen razones válidas para continuar disfrutando del estatus de refugiado.

 

Las reacciones no se hicieron esperar. Los participantes se preguntaron sobre las condiciones reales a las que se enfrentan los repatriados a Ruanda. Y deben plantearse la siguiente pregunta: si Ruanda ya es un paraíso y los refugiados viven en un infierno, ¿por qué no quieren abandonar el infierno para volver al paraíso?

 

Se deducen dos consecuencias de la aplicación de la cláusula de cese del estatus de refugiado: la intensificación de la «repatriación al país de origen» o de la «integración local», facilitando a los refugiados la posibilidad de obtener estatus alternativos dentro de sus países de acogida como, por ejemplo, «la ciudadanía por naturalización».

 

Según el gobernador de Kivu del Norte, Julien Paluku, «si accedemos a esta cláusula de cese Ruanda puede, en cualquier momento, dejar de considerar como residentes a todos los refugiados ruandeses que se encuentran aún en territorio congoleño. Así, Ruanda podrá decir que ya no hay refugiados ruandeses en la RDC y que todos los que se encuentren allí serán mundialmente considerados de facto como congoleños».

 

De esta manera, Ruanda podría resolver los problemas que le derivan de una alta densidad demográfica, desviando el excedente de su población a Kivu y transformándolo en una especie de colonia. Sin embargo, Kivu vería aumentar en su territorio una población de habla ruandesa estrechamente ligada a su país de origen, la cual podría continuar desestabilizándolo al ocupar, a menudo ilegalmente, las tierras de los autóctonos y forzándolos así a abandonar su propio territorio.

 

Desde el punto de vista congoleño, la mejor solución sería el regreso al país de origen de manera voluntaria y respetando la dignidad humana y los derechos humanos. Aquellos que desearan permanecer definitivamente en el Congo deberían hacer todo lo posible para integrarse en la sociedad local: respetar la lengua, la cultura y las leyes y contribuir, con su trabajo, al bienestar de todo el pueblo congoleño del cual se convertirían en miembros de pleno derecho. Para evitar conflictos eventuales, conviene recalcar que la nacionalidad congoleña no se puede conceder automáticamente y de forma colectiva, ya que siempre debe pedirse individualmente, según la legislación del país.

Kivu: un territorio conquistado y ocupado

 

El movimiento 23 de marzo (23M), un grupo armado apoyado militar y logísticamente por dos países vecinos, Ruanda y Uganda, ha presentado una proposición de acuerdo con el gobierno congoleño, en la cual reivindican:

– el reconocimiento, por parte del gobierno congoleño, de todos los actos políticos y administrativos realizados dentro de las entidades bajo su administración;

– el compromiso, por parte del gobierno, de decretar el este de la RDC (Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri, Alto Huelo, Maniema y Tanganyika) como «zona catastrófica» debido a las guerras recurrentes que han causado la destrucción de infraestructuras y del entramado socioeconómico. De ser así, la zona declarada catastrófica deberá disfrutar de una condición administrativa particular, de un plan de desarrollo especial, de una amplia autonomía fiscal y financiera y de un concepto operativo particular para su protección;

– la permanencia de las tropas del Ejército Revolucionario Congoleño (ARC), para dirigir operaciones conjuntas con el Gobierno de la RDC, con el fin de participar en las operaciones de pacificación y de estabilización del este del país. Estas operaciones deberían llevarse a cabo durante un periodo de cinco años renovables y tendrán como objetivos la erradicación definitiva de todas las fuerzas negativas extranjeras que operan en el territorio congoleño (FDLR, LRA, ADF-NALU, FNL…).

Estas proposiciones revelan claramente las intenciones reales del 23M: conservar el este del país bajo su ocupación militar y política mediante la consolidación de su administración y de su ejército. Pero esto no es todo. El 23M exige igualmente la integración y la participación de sus marcos políticos en la gestión de las instituciones nacionales: el Gobierno central, la diplomacia, las cancillerías, los gobiernos provinciales, empresas públicas, el estado mayor general, etc.

Como los movimientos rebeldes precedentes apoyados por Ruanda (el AFDL, el RCD y el CNDP), el 23M también ha adoptado una estrategia de «infiltración» hasta los niveles más altos del Estado, violando su Constitución y poniendo así en peligro la soberanía nacional y la integridad territorial.

El 23M lleva el sarcasmo hasta el límite al querer una amnistía para sus miembros, a pesar de los graves crímenes (masacres, violaciones, robos…) que han cometido contra la población civil. El 23M pierde toda su credibilidad cuando afirma que no recurrirá más a las armas y cuando dice querer transformarse en un partido político pero reservándose el derecho a cambiar su nombre. Ya cuando se hacían llamar CNDP lo declararon el 23 de marzo de 2009, y aún así no mantuvieron sus compromisos. Nadie se cree ya las declaraciones del 23M, incluso cuando habla de reconciliación nacional, de derechos humanos, de elecciones democráticas, de una enseñanza primaria gratuita, de justicia y de paz. Palabras sagradas por su naturaleza pero que, pronunciadas por el 23M, se vuelven inexorablemente contra él, hasta el punto en que se ha visto obligado a mendigar la «penalización de los actos, palabras, actitudes y expresiones, sea cual sea la forma, que transmiten las ideas xenófobas, racistas, tribalistas y discriminatorias».

Kivu: resistencia y esperanza

 

Aunque todavía parezca fuerte por el apoyo exterior y la complicidad interna, el 23M ya ha sido juzgado y condenado por el pueblo congoleño y por la historia. La detención de Bosco Taganda, su traslado a la Corte Penal Internacional y la inscripción del nombre de Sultani Makenga y de otros miembros del 23M en la lista de personas sometidas a las sanciones de la ONU son señales precursoras del principio del fin del 23M. Estos hechos dan valor y fuerza a la resistencia y a la esperanza del pueblo congoleño.

 

 

1. La reintegración de 450 combatientes de la facciÓn de Bosco Taganda en el 23M de Sultani Makenga

 

El 17 de abril, la facción del movimiento del 23 de marzo (23M) dirigida por Sultani Makenga anunció la reintegración de unos 450 combatientes que pertenecían a la facción cercana a Bosco Taganda, la cual se disolvió el pasado mes de marzo y estaba refugiada en Ruanda. «Tenemos 150 hombres que se han rendido y cerca de 300 que han sido capturados a la altura de Kibumba [en la frontera con Ruanda]. Los hemos reintegrado en nuestras brigadas.», declaró Vianney Kazarama, portavoz militar de la facción de Sultani Makenga. «Cerca de 500 elementos (del 23M que habían huido a Ruanda) regresaron a la RDC el 3 de abril y hubo una ceremonia de regreso/reconciliación.», explicó, por su parte, el director del International Crisis Group (ICG) de África central, Thierry Vircoulon. La reintegración de 450 de sus combatientes ocurre cuando el 23M multiplica sus amenazas contra la brigada de intervención de la Monusco.[1]

 

El brusco retorno y casi oficial de los 450 combatientes del 23M de la facción de Bosco Taganda intriga a la clase política congoleña. «¿Cómo han podido cruzar de nuevo la frontera esos combatientes, que se suponía que estaban desarmados y confinados en Ruanda, a más de 100 km de la frontera de nuestro paíssin que los servicios de seguridad (ejército, policía, servicios secretos) se hayan dado cuenta y hayan dado la voz de alarma? ¿Dónde han encontrado las armas nuevas que traen a Bunagana?», se pregunta un diputado de la mayoría presidencial en Kinshasa que prefiere guardar el anonimato. «Me pregunto, una vez más, el papel que ha desempeñado Ruanda, quien no ha denunciado la huida de estos combatientes que estaban bajo su custodia ni ha informado a los dirigentes congoleños de su desaparición y aún menos a los dirigentes de los once países, entre ellos Ruanda, signatarios de los acuerdos de Adís Abeba que prohíben a estos países apoyar a los grupos armados activos del este de la RDC, entre los cuales se encuentra el 23M.» exclamó este diputado congoleño, para quien «este retorno esconde muchas cosas ante las cuales el gobierno congoleño y la Monusco deberían abrir los ojos». Sobre todo porque la reintegración de esos 450 combatientes ocurre cuando el 23M multiplica sus amenazas contra la brigada de intervención de la Monusco, cuyo despliegue decidió el Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de luchar contra los grupos armados activos en el este de la RDC.[2]

El 18 de abril, la dirección del movimiento del 23 de marzo (23M) niega, mediante un comunicado, haber reintegrado a  los 450 combatientes de su facción disidente refugiada en Ruanda después de la escisión en la rebelión del marzo pasado. Una noticia de la AFP informó de esta reintegración, citando al portavoz militar del 23M, Vianney Kazarama, y a Thierry Vircoulon, investigador en el International Crisis Group (ICG) de África central. Pero, para el 23M, las declaraciones de su portavoz han sido «sacadas deliberadamente de su contexto temporal». «Habían conseguido efectivamente capturar y rendir en las filas de nuestro ejército a más de 450 militares que habían combatido al lado del trío Bosco Taganda, Baudouin Ngaruye y Jean-Marie Runiga», indica el comunicado del 23M, y precisa: «Pero los hechos han tenido lugar fuera de los enfrentamientos con este grupo, es decir, entre el 1 y el 15 de marzo de 2013. Por tanto, no puede tratarse de los que han regresado de Ruanda, ya que este grupo de indisciplinados estuvo refugiado en Ruanda el 16 de marzo de 2013». La rebelión niega igualmente haber organizado una «ceremonia de regreso/reconciliación» de la cual habla Thierry Vircoulon a AFP, y precisa que «los que se rindieron han sido redistribuidos respectivamente en sus unidades de origen y los capturados han sido arrestados».[3]

 

 

2. El 23M y el pròximo despliegue de la nueva brigada de la MONUSCO

El 12 de abril, el portavoz militar del movimiento del 23 de marzo (23M), Vianney Kazarama, declaró que su movimiento da un «derecho a defenderse y responder» si la futura brigada de intervención de la Monusco lo atacaba. Y añadió: «Todos los desplazados, todas las catástrofes que sobrevendrán debido al despliegue de la brigada serán responsabilidad del gobierno de Kinshasa y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».[4]

El 15 de abril, la ministra ruandesa de Asuntos exteriores, Louise Mushikiwabo, declaró que la brigada de intervención que la ONU va a desplegar en el este de la RDC podrá tener un papel de «disuasión», pero que lo más importante es el proceso político. «No pensamos que una acción militar sea la solución a los problemas en el este de la RDC, ya que consideramos esta brigada como un medio de disuasión, una presencia necesaria, pero que debe ser completada por otros aspectos, y, en especial, por los aspectos políticos del conflicto», ha explicado a la prensa Louise Mushikiwabo, quien acababa de presidir una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la prevención de los conflictos en África.[5]

El 17 de abril, durante la conferencia semanal de las Naciones Unidas, el portavoz militar de la Monusco, el teniente coronel Prosper Félix Basse, declaró que «sobre las amenazas proferidas [por el movimiento del 23 de marzo (23M)], no digo que no seamos sensibles a ellas, pero no perturban nuestra dinámica de despliegue de la fuerza de la brigada de intervención en la RDC». También ha considerado que los rebeldes siguen sensibilizando sin éxito a la población civil de los territorios que ocupan. El día anterior, el general Babacar Gaye, consejero militar del secretario general de la ONU, había afirmado que «el despliegue de la brigada de intervención de la Monusco es inminente», sin precisar la fecha. «Esta brigada tendrá su estado mayor desplegado en Goma. Tendrá asimismo a sus batallones centrados alrededor de Goma en la medida en que deba dirigir sus acciones de naturaleza coercitiva. Los batallones estarán generalmente en las inmediaciones de Goma y a partir de allí se pondrán en marcha diferentes operaciones», indicó Babacar Gaye.[6]

El 25 de abril, el vicepresidente de la Sociedad Civil de Kivu del Norte, Omar Kavota, acusó al 23M de reorganizarse, desde hacía unos días, en algunos pueblos y ciudades de los territorios de Rutshuru y de Beni en Kivu del Norte. También hizo un llamamiento a la ONU para acelerar el despliegue de la brigada de intervención, con el fin de evitar cualquier sorpresa desagradable por parte del 23M.[7]

La puesta en marcha de la brigada especial de intervención en el este de la RDC sería «inminente», según la ONU. Se esperan cerca de 3.000 hombres en la región de Kivu. Alrededor de 800 estarían ya sobre el terreno y su comandante, el tanzano James Mwakibolwa se encuentra en la ciudad de Goma desde el pasado 23 de abril. La ONU anunció la llegada de otros contingentes, procedentes de Malawi y de Tanzania, «de aquí al mes de julio».

Los congoleños esperan bastante sobre la eficacia de la brigada de intervención de la ONU. Tal vez incluso demasiado. Según el portavoz del gobierno, el despliegue de estos «formidables cascos azules» simplemente debe «poner fin a la guerra en el este del país».

Por el contrario, si bien se acoge con alivio la llegada de la brigada especial, existen ciertos matices sobre su eficacia. «Es una solución, en efecto, pero a corto plazo», considera Juvénal Munubo Mubi, diputado de la UNC. Si la brigada de la ONU debe «inspirar el miedo a los grupos armados», «la solución a largo plazo pasa por una reforma profunda del sector de la seguridad, es decir, de la reconstrucción de la armada nacional», afirma este diputado del movimiento Vital Kamerhe. Y la tarea es titánica. Las FARDC no son más que la sombra de ellas mismas; están mal pagados, completamente desorganizados y se han visto transformados en un ejército fantasma..

En lo que respecta a los expertos internacionales, el escepticismo es más firme. Para Thierry Vircoulon, el director del International Crisis Group (ICG) de África central, el mando de esta brigada es «demasiado amplio». «El mandato de la ONU prevé que esta brigada se ocupe de todos los grupos armados», explica el investigador, «lo que no será posible teniendo en cuenta lo numerosos que son». A su parecer, la ONU tendrá que «secuenciar sus acciones» y hacerse esta pregunta «¿cuál será el primer blanco de la brigada? ¿El 23M o las FDLR?».

Asimismo, Thierry Vircoulon duda de la eficacia de semejante brigada de intervención en el terreno frente a tropas bien organizadas que conocen el medio, como el 23M, o frente a grupos poco estructurados, como las Mai-Mai o las FDLR, las cuales han adoptado una estrategia de guerrilla.

Otro riesgo destacado por el investigador fue el guion demasiado conocido de la «falsa y verdadera reintegración de los rebeldes en el ejército regular». «Al presionar a los grupos armados, algunos se arriesgan a dejar las armas pidiendo ser reintegrados rápidamente en el ejército», sin ningún proceso de identificación ni de formación, lo que da lugar a futuras deserciones. El último riesgo planteado por el responsable de International Crisis Group son «los daños colaterales en la población civil». Un antiguo experto militar, conocedor de la situación en RDC, confirma el riesgo para la región de Kivu al pasar de una guerra «fría» de «baja intensidad» a una guerra más «caliente» y, por tanto, más mortífera que el conflicto actual. «Los civiles serán las primeras víctimas de la reanudación de los combates, los cuales serán más violentos», concluye este experto.

Por último, el 23M presenta la llegada de la brigada de intervención como «una declaración de guerra de la ONU» y anuncia: «estamos convencidos de que la confrontación militar podría provocar una guerra regional» y arrastrar « a Uganda, Ruanda, Tanzania y a Sudáfrica a una guerra inútil».

Según varios observadores, la solución definitiva es, por tanto, política, y se encuentra en parte en Kinshasa, que debe cambiar el modo de gobierno para finalmente asentar su autoridad, y en Kigali, al que se acusa de apoyar a los rebeldes del 23M y que todavía puede cantar el final del partido en la región de Kivu.[8]

La estrategia belicista del 23M

De manera general, el 23M (creado en junio del 2012) tan solo cuenta con el recurso de la estrategia belicista para hacer valer sus reivindicaciones. Esta, aplicada desde la AFDLC (1996) dio origen, a su vez, al RCD/Goma (1998), al CNDP con el coronel Mutebusi en 2004 en Bukavu (Kivu del Sur) y con el general Laurent Nkunda en Kivu del Norte desde finales de 2006. Así, cada vez que se siente en peligro o amenazado, utiliza la vía militar como medio para hacer política y consolidar sus cimientos político-militares y financieros en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Se trata de una estrategia dictada por sus padrinos ruandeses.

Recordamos la votación del 15 de noviembre de 1996 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la resolución 1080 que autorizaba la creación de una fuerza multinacional temporal de unos 12.000 hombres bajo el mando canadiense, con el fin de asegurar la protección de los refugiados en el este de Zaire y evitar la tensión polarizante de ataque contra los refugiados hutu por parte del FPR ruandés. Ruanda, como sentía que esto iba a desbaratar sus planes de ataque contra el Congo, se había adelantado a todo el mundo al poner a punto un plan destinado a hacer fracasar la intervención de las fuerzas de la ONU. El mismo día de la votación de esta resolución, el APR y el AFDLC sometían a intensos bombardeos el inmenso campo de refugiados de Mugunga (núcleo de la capacidad militar de las antiguas FAR y de las Interahamwe) con la intención de anular el plan de la ONU. Esta intervención acabó con la aplicación de la resolución 1080 al poner a la ONU ante el hecho consumado, impidiéndole enviar las fuerzas de intervención. Esta fue la fase decisiva de la guerra de 1996-1997 en el Congo.

Así, mutatis mutandis, no es posible (y esto no es más que una hipótesis y no una convicción) que el 23M utilice el mismo modus operandi, si se siente cada vez más en peligro o si tiene la confirmación de que la brigada de intervención de la Monusco irá a erradicarlo. No tendrá otra elección que reforzarse de forma militar y ocupar eventualmente la ciudad de Goma (capital de Kivu del Norte) para apostar muy alto y volver a exigir el despliegue de la brigada o la revisión de la misión de esta. Sería una brigada internacional cuya misión ya no sería la de neutralizar o ir a la busca y captura del 23M, presentado como un grupo negativo, sino la de atacar otros grupos y de interponerse entre el 23M y el resto de las FARDC. Es una hipótesis plausible, más aún cuando las negociaciones entre el gobierno congoleño y la rebelión del 23M en Kampala (Uganda) llevan a resultados insignificantes o a callejones sin salida. Ahora bien, en la estrategia ruandesa de «Fighting and talking» (conflicto armado y negociaciones), copiada también por el 23M, cuando la negociación fracasa, son las armas quienes retoman el derecho para hacer avanzar de otro modo las cosas.

En efecto, no se puede descartar una nueva alianza de engaños entre Kinshasa y el 23M, como ya pasó en marzo de 2009 con el CNDP. Es una hipótesis que no podemos desechar, teniendo en cuenta la proximidad del 23M con el CNDP, que sigue siendo un aliado político de Kinshasa (hasta que se demuestre lo contrario). En este sentido, la estrategia del 23M sería la de lavar los trapos sucios en casa y, antes de la intervención de las Naciones Unidas, conseguir un acuerdo con el gobierno que haría inútil o menos oportuna la presencia de una brigada internacional.

Por otra parte, la presencia de la brigada de intervención provocará con seguridad un efecto disuasivo que reducirá temporalmente la intensidad de la violencia. Asimismo, provocará un desplazamiento de las milicias armadas hacia zonas que no se encuentran dentro del radio de acción de la brigada de intervención, como ya ocurrió en 2003 con la operación Artemis en Bunia. Pero a largo plazo, las milicias podrán reconstituirse y volver a ocupar el terreno si no se hace nada a nivel congoleño, es decir, «formar y equipar correctamente las FARDC, que no serán objeto de embargo». En efecto, el embargo de armas en la RDC afecta únicamente a los grupos armados a quienes los oficiales generales de las FARDC (citados en los informes de expertos de la ONU) venden armas y municiones destinadas a las FARDC. [9]

Lo que hay que temer es que Ruanda y Uganda, los principales apoyos del 23M, entren en el juego, algo que podría complicar la situación tanto para la ONU como para la RDC. La cuestión que aún está pendiente es si Ruanda llegaría hasta el límite de su lógica, dando su apoyo al 23M para luchar contra la brigada de la ONU.

En su época, China se interpuso a las tropas de las Naciones Unidas durante la guerra de Corea en los años 50, aunque era miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Un analista del sitio web agoravox.fr presenta un escenariopara el caso de  la RDC que habría que temer. Se explica en los siguientes términos: «La derrota que se produjo (N. de la R.: después de la intervención de las tropas chinas) obligó a las fuerzas que estaban bajo el mando de la ONU  a quedarse “acantonadas” a la altura del trigésimo octavo paralelo, que se convirtió, desde entonces, en la frontera de las dos Coreas, lo que consagró la división del país». Y continúa: «No podemos descartar un escenario similar en el Congo. Si el 23M, reforzado por las tropas ruandesas, llega a poner en fuga a la brigada de la ONU, la balcanización del Congo sería un hecho. En efecto, el Congo de Joseph Kabila no tiene la capacidad militar para recuperar los territorios que están bajo el control de combatientes ruandeses, y aún menos si esos territorios son arrancados de las manos de las fuerzas de la ONU». ¿Cederá la comunidad internacional aunque no haya digerido todavía la humillación la toma de Goma? [10]

3. LAS NEGOCIACIONES DE KAMPALA

El 16 de abril, el ministro ugandés de Defensa y mediador en las negociaciones entre el 23M y el gobierno congoleño, Crispus Kiyonga, debía exponer una síntesis que desembocaría en una proposición de acuerdo para que la firmaran ambas partes, pero no se hizo nada. Esta indecisión muestra la dificultad de encontrar un terreno común entre Kinshasa y el 23M. Cada uno de los dos protagonistas ha hecho sus proposiciones de acuerdo, aunque están muy alejadas la una de la otra. El gobierno propone una disolución inmediata del 23M. Este, por el contrario, querría mantener el control sobre los territorios ocupados durante cinco años más, los cuales se dedicarían a la lucha contra otros grupos armados. De esta forma, el 23M se propone llevar a cabo la tarea confiada a la brigada especial de intervención de la Monusco.[11]

El 23M ha propuesto al gobierno congoleño un proyecto de acuerdo compuesto por 25 artículos.

El 23M pide al gobierno congoleño:

– la creación de una estructura especial encargada de la reconciliación nacional;

– la retención en origen del 40% de los ingresos del Tesoro Público y la creación de 25 provincias, más la ciudad de Kinshasa, en el contexto del inicio de la descentralización;

– la organización, sin demora, de elecciones provinciales, urbanas, municipales y locales en toda la República;

– la ratificación, por el Parlamento, del Pacto sobre la Seguridad, la Estabilidad y el Desarrollo en la región de los Grandes Lagos firmado en Nairobi el 15 de diciembre de 2006 y del Acuerdo marco por la Paz, la Seguridad y la Cooperación para la RDC y la región de los Grandes Lagos, firmado en Adís Abeba el 24 de febrero de 2013;

– el refuerzo de la cooperación regional y de integración económica mediante la adhesión del país a la Comunidad Africana Oriental (East African Community);

– la enseñanza primaria gratuita, con vistas a facilitar el acceso a la educación para todos;

– la división de la Corte Suprema de Justicia actual en tres órdenes jurisdiccionales: la Corte Constitucional, la Corte de casación y el Consejo de Estado, con vistas a  reforzar el sistema judicial congoleño y a garantizar la independencia de la magistratura;

– la promulgación de la ley votada en la Asamblea Nacional para la creación de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con vistas a promocionar la libertad y los derechos fundamentales.

Podría tratarse de un proyecto ideal de buen gobierno. No obstante, en realidad de trata simplemente de una estrategia del 23M para alcanzar sus verdaderos objetivos.

En su beneficio, el 23M exige:

– la promulgación de una ley de amnistía para actos de guerra y actos insurreccionales que cubra el período comprendido desde el 7 de mayo de 2009 hasta el final de la aplicación del Acuerdo;

– la integración y la participación de los marcos políticos del 23M en la gestión de las instituciones nacionales: en el Gobierno central, en la Diplomacia, en las Cancillerías, en las empresas públicas, en los gobiernos provinciales, en el Estado Mayor general, etc.;

– el reconocimiento formal de los grados militares y policiales del 23M, basado en un OB (Orden de Batalla) presentado por el 23M;

– la penalización de los actos, palabras, actitudes y expresiones, bajo cualquier forma, que transmitan pensamientos xenófobos, racistas, tribalistas y discriminatorios.

Por su parte, el 23M se compromete a:

– transformarse en un partido político. Sin embargo, se reserva el derecho a cambiar de denominación;

– realizar operaciones junto al Gobierno de la RDC con el fin de participar en operaciones de pacificación y de estabilización de la parte este del país. Estas deberían desarrollarse a lo largo de cinco años renovables y tendrán como objetivo la erradicación definitiva de todas las fuerzas negativas extranjeras que operan desde territorio congoleño (LRA, ADG-NALU, FNL, FDLR…). Por ello, se compondrán y se articularán las fuerzas conjuntas (FARDC-ARC) para:

– sacar adelante las susodichas operaciones;

– deponer definitivamente las armas y desmovilizar a los miembros del ARC que no querrán integrarse en las FARDC. Se tranquilizaráy liberará a la parte este de la RDC, de todas las fuerzas negativas extranjeras y de todos los grupos armados nacionales y, además, se devolverá, reinstalará y reinsertará en sus lugares de origen a los desplazados internos y los refugiados ;

– no recurrir jamás a las armas para hacer oír las reivindicaciones de la población congoleña.

Los especialistas que analizaron este documento argumentan que el 23M ha cimentado su posición para la balcanización del país en el artículo 5 del proyecto, el cual estipula que, debido a las guerras recurrentes que comportaron la destrucción de las infraestructuras y del entramado socioeconómico, el Gobierno se compromete a decretar «zona catastrófica» la parte este de la RDC (Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri, Alto Uele, Maniema y Tanganyika). De ser así, la zona declarada catastrófica deberá disfrutar de un estatus administrativo particular, de un plan de desarrollo especial, de una amplia autonomía fiscal y financiera, de un concepto operacional particular para su protección y de un programa de seguridad específico para la realización de diferentes acuerdos regionales, sobre todo el pacto de Nairobi y el acuerdo marco de Adís Abeba. El regreso de los refugiados y de los desplazados internos a esta «zona catastrófica» se hará conjuntamente y según un calendario establecido por las partes firmantes del presente Acuerdo.[12]

El 25 de abril, el 23M retiró su delegación, presente en las negociaciones de Kampala. Sin embargo, los representantes del 23M dejan la puerta abierta a una eventual reanudación de las negociaciones.

Una decena de responsables del movimiento volvieron a Bunagana, la ciudad fronteriza entre la RDC y Uganda que sirve de capital política al 23M. Lo más urgente, en el seno del 23M, es ponerse de acuerdo internamente entre los que quieren hacer frente a la brigada de intervención de las Naciones Unidas, situada en Goma, y los que aún quieren buscar soluciones para evitar este enfrentamiento. Una de las soluciones sería precisamente un acuerdo en Kampala. Por esta razón, el 23M no habla de romper las negociaciones, sino simplemente de la «partida» de su delegación. Como prueba de ello, solo se quedarán dos personas en la capital ugandesa, en calidad de observadores.[13]

4. La RDC se niega a firmar un acuerdo sobre el estatuS de refugiados ruandeses

El 18 de abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) organizó en Pretoria una reunión ministerial sobre la estrategia mundial para encontrar soluciones sostenibles a la situación de los refugiados ruandeses. Los doce países que han acogido a los refugiados ruandeses desde 1959 hasta el 31 de diciembre de 1998 estuvieron representados por sus ministros del interior o sus delegados. Estos países son: Burundi, la RDC, la República del Congo, Kenia, Malaui, Mozambique, la República de Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue.

Cabe recordar que las cláusulas de cese fueron dictaminadas en el Convenio de Ginebra de 1951 sobre el estatus de refugiados y en el Convenio de la Organización de la Unidad Africana de 1969 sobre los refugiados. Estos convenios prevén el fin del estatus de refugiado una vez que los cambios fundamentales y sostenibles tengan lugar en el país de origen y las circunstancias que han llevado a la huida hayan dejado de existir.

Durante la primera reunión ministerial en Ginebra el 9 de diciembre de 2011, se recomendó a los estados que aplicaran estas cláusulas antes del 30 de junio del 2013.

Séraphine Mukantabana, ministra ruandesa encargada de las catástrofes y de los refugiados, intentó demostrar que Ruanda es un país en paz absoluta, clasificado según el Índice de desarrollo humano entre los mejores estados de África y que, por esto, los compatriotas que se encuentren aún como refugiados en el extranjero ya no tienen razones válidas para continuar disfrutando del estatus de refugiados.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los participantes se preguntaron sobre las condiciones reales a las que se enfrentan los repatriados a Ruanda. Y deben plantearse la siguiente pregunta: si Ruanda ya es un paraíso y los refugiados viven en un infierno, ¿por qué no quieren abandonar el infierno para volver al paraíso?

Según el ACNUR, los gobiernos «reafirmaron de forma unánime su compromiso para resolver esta situación prolongada de los refugiados ruandeses, sobre todo, mediante la intensificación de los esfuerzos para promover la repatriación», la cual, hasta ahora, ha sido muy limitada. También acordaron seguir las oportunidades de integración local, en especial, «facilitando a los refugiados la posibilidad de obtener estatus alternativos en sus países de acogida como la ciudadanía por naturalización».

 

Algunos estados indicaron que habían tomado medidas para aplicar las cláusulas de cese desde ahora hasta finales del mes de junio de 2013. Otros, por el contrario, señalaron que, por diversas razones, «no lo están haciendo o no podrán hacerlo».

La ministra Mukantabana afirmó que el gobierno ruandés está listo para conceder los pasaportes nacionales a los ruandeses que opten por quedarse en su país de acogida actual y que respetará la elección de aquellos que quieran adquirir la nacionalidad del país de asilo. Por otro lado, la ministra añadió que la invocación de la cláusula de cese del estatus de refugiado desde ahora hasta el 30 de junio de 2013 brindará a Ruanda la ocasión de considerar que, a partir de esa fecha, no ya no habrá más refugiados fuera del país.

Por su parte, el gobierno congoleño rechazó firmar este acuerdo con la cláusula de cese del estatus de refugiados ruandeses que viven en su territorio.

Según el gobernador de Kivu del Norte, Julien Paluku, «si accedemos a esta cláusula de cese, Ruanda puede en cualquier momento dejar de considerar como residentes a todos los refugiados ruandeses que se encuentran aún en territorio congoleño. Así, Ruanda puede decir que ya no habrá refugiados ruandeses en la RDC y que todos los que se encuentran allí serán mundialmente considerados de entrada como congoleños».

 

Así pues, la RDC se negó a firmar esta disposición del derecho internacional, para no dar lugar a la presencia en su territorio de apátridas o de gente que se consideraría como un congoleño de facto.

El ministro del interior, Richard Muyej, propuso así tres etapas para conseguirlo, a saber:

– organizar urgentemente una reunión tripartita RDC-Ruanda-ACNUR con vistas a la evaluación y a la puesta en marcha efectiva del acuerdo tripartita firmado en Kigali, el 17 de febrero de 2010 y sus modalidades prácticas, firmadas en Goma el 30 de julio de 2010;

– proceder, con el apoyo de la comunidad internacional, al registro de todos los refugiados ruandeses que habitan en la RDC;

– fallar la cláusula de cese después del inicio del acuerdo tripartito y de sus modalidades prácticas con vistas a permitir a todos los refugiados recuperar la dignidad y la seguridad en su país de origen.

Para el ministro congoleño del interior, hay todavía una fuerte presencia de refugiados en el territorio congoleño. Las estadísticas provisionales del gobierno demuestran que en Kinshasa hay 67 refugiados ruandeses; en Katanga hay 598 refugiados; en Kasaï-Oriental, 1584; en la provincia de Ecuador, 287; en Kivu del Norte,106.013 refugiados y, en Kivu del Sur, 18.988. Son un total de 127.537 refugiados ruandeses presentes todavía en la RDC. Según ACNUR, los refugiados ruandeses en la RDC solamente serían 49.181, pero hay que señalar que ACNUR cuenta, generalmente, aquellos que están registrados en las listas de los campos de refugiados, aunque hay muchos otros que están entre la población autóctona. De esa parte, ACNUR dice haber repatriado en 2012 siete mil novecientos refugiados ruandeses y más de mil después de enero de 2013.[14]

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