ÍNDICE

EDITORIAL: 23M El compromiso urgente por la democracia, frente a las amenazas del 23M

1.  BOSCO NTAGANDA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

2.  EL CONSEJO DE SEGURIDAD HA ADOPTADO LA CREACIÓN DE UNA BRIGADA ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

3.  LAS REACCIONES DEL 23M

4.  ALARMA ANTE EL REFUERZO DE LAS TROPAS DEL 23M

5.  LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL 23M EN KAMPALA

EDITORIAL: EL COMPROMISO URGENTE POR LA DEMOCRACIA, FRENTE A LAS AMENAZAS DEL 23M

El 23M muestra por fin su verdadera cara.

El Movimiento 23 de marzo (23M), grupo responsable de numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Kivu del Norte, provincia situada al este de la República Democrática del Congo (RDC), está mostrando su verdadero rostro a todo aquel que desee verlo. Hablan de diálogo y de negociaciones como medidas no violentas en la búsqueda de soluciones políticas y compartidas para poner fin al conflicto y restablecer la paz en la región. Al mismo tiempo, mencionan la amenaza armada, a fin de retomar el control de la ciudad de Goma y obligar así al Gobierno congoleño a «negociar» y a aceptar sus condiciones. El 23M obliga a los civiles a oponerse al despliegue de una fuerza suplementaria, determinada por el Consejo de Seguridad de la ONU, para combatir y desarmar a los diferentes grupos armados que comprenden el 23M. Se trata de una estrategia bien concebida: a primera vista, parece ser la población misma la que se opone a este despliegue pero, realmente, es el 23M quien teme la llegada de dicha fuerza y, en consecuencia, trata de impedirlo. Sin embargo, para evitar caer en la trampa de la complicidad, la población ha abandonado el pueblo en lugar de participar en la manifestación convocada por el 23M. Además, el 23M ha bloqueado durante cuatro días una decena de vehículos de la Monusco cargados de materiales de construcción al sospechar que transportaban material de guerra destinado a la próxima fuerza suplementaria de la misma Monusco. El 23M ha enviado cartas a los diputados de África del Sur y Tanzania para ejercer presión sobre sus respectivos gobiernos para convencerles de que no pongan a sus tropas a disposición de la nueva fuerza de intervención de la Monusco. El 23M ha amenazado, en el caso de un ataque de la Monusco contra él, de responder con armas, con el riesgo inevitable de agravar la crisis humanitaria.

El actual jefe militar del 23M, Sultani Makenga, ha desarmado a Bosco Ntaganda, su jefe militar hasta hace unas semanas, y ha hecho que lo detuvieran. Con esta maniobra, el 23M intenta dar la impresión de estar colaborando con la justicia y de que, por tanto merece una recompensa: ser reconocido como un movimiento depaz y reintegrado, por ley, en la armada nacional y en las instituciones políticas del país. En realidad, no existe ninguna diferencia entre Bosco y Ntaganda, buscado por la Corte Penal Internacional y Sultani Makenga, este expulsado también de la armada congoleña y objeto de sanciones por el Consejo de Seguridad de la ONU. No, el gobierno no puede aceptar la concesión de amnistías a bajo precio y caer en la trampa de la reinserción de criminales en las filas de su armada. En ese caso, tan solo conseguiría perpetuar el ciclo de violencia. Por tanto, no es posible ningún acuerdo con el 23M; es más, un decreto presidencial reciente ha sancionado con la expulsión de la armada a más de una decena de oficiales del 23M. Para el resto de tropas del 23M, el gobierno solo debe aplicar el decreto en los casos de deserción. Tras un proceso equitativo, los militares del 23M tendrán que someterse a la pena exigida por la ley; solo entonces, si ellos lo desean, podrán continuar su actividad militar tras un periodo de formación adecuado. En lo que concierne a la revisión del acuerdo del 23 de marzo de 2009, entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la Defensa del pueblo (CNDP), signatario del acuerdo, este debería ser discutido, enmendado y aprobado por la vía política, es decir, el Parlamento.

Las causas de la arrogancia del 23M

Las reacciones del 23M revelan una actitud de arrogancia, de mentira y de amenaza. Podría haber dos causas posibles:

La primera: el 23M podría ver acercarse su fin y ocultaría el miedo a su derrota final tras una actitud de aparente confianza en sí mismo. En tal caso, la población podría respirar aliviada y continuar a la espera de un futuro de paz.

La segunda: el 23M podría sentirse verdaderamente seguro de sí mismo al saber que aún quedan personas de lo apoyan. En ese caso, sería necesario identificar y denunciar a aquellos que continúan respaldándolo. Entre estos últimos se podrían encontrar todavía algunos países vecinos (Ruanda y Uganda), ya mencionados en los últimos informes de la ONU. Si ese fuera el caso, como parece probable, estos deberían ser sometidos a una sanción por la Comunidad Internacional, la ONU y la Unión Africana. Lo que es un punto muy crítico.

La cuestión crucial

Los presidentes de Uganda y Ruanda, Yoweri Museveni y Paul Kagame, son tan solo unos peones en manos de las multinacionales de la explotación minera y de los países occidentales, especialmente Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, quienes les llevaron al poder y continúan haciéndolo en nombre del comercio internacional de recursos naturales, de la competencia con China y con otros países emergentes y de la lucha contra la expansión de la influencia árabe e islámica. En este contexto, la Comunidad Internacional, especialmente los países occidentales implicados más directamente, y citados con anterioridad, deberían revisar su política exterior con respecto a África en general y a la región de los Grandes Lagos en particular, poniendo fin a su apoyo a los regímenes totalitarios de Yoweri Museveni (Uganda) y Paul Kagame (Ruanda), principales responsables de los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidios cometidos a lo largo de los últimos veinticinco años en la región de los Grandes lagos. La memoria de casi 10 millones de víctimas, directas e indirectas, de las diferentes guerras llevadas a cabo en la Región y el sufrimiento extremo de millones de personas actualmente desplazadas y refugiadas exigen dicho cambio.

La paz es el fruto de un compromiso por la democracia

El Gobierno congoleño y la clase política en su conjunto están en su derecho de pedir a la Comunidad Internacional un cambio como este, pero también de hacerlo factible suprimiendo todo lo que pueda impedirlo: la complicidad interna, el acaparamiento de poder, la búsqueda del beneficio personal o detrimento del bien común, la inestabilidad política, la malversación de recursos naturales y de bienes públicos, la corrupción, la impunidad…

La democratización de la vía política, las ganas de emprender las reformas necesarias de los servicios de seguridad (armada, policía y servicios secretos), de la comisión electoral y de la justicia, el respeto a la Constitución y de los derechos humanos, la buena gestión de los recursos naturales (mineros, petrolíferos, agrícolas, forestales e hidráulicos), de las infraestructuras (carreteras, transportes) y de los servicios sociales (sanidad, educación) volverían al país más fuerte e independiente de la injerencia de Ruanda y Uganda y más creíble a los ojos de la Comunidad Internacional.

1.BOSCO NTAGANDA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El 26 de marzo, Bosco Ntaganda compareció por primera vez ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la Haya. Al inicio de la audiencia, sobre las 11:00 horas (10:00 GMT), se presentó expresándose en kinyaruanda, traducido al francés por un intérprete: «Me llamo Bosco Ntaganda, tan solo llevo los dos apellidos que me fueron atribuidos por mis padres. Nací en Ruanda, pero crecí en el Congo. Soy congoleño. Como usted sabe, fui militar en el Congo.» Al consultarle la jueza sobre la lengua en la que deseaba expresarse, eligió el kinyaruanda y no el francés o el kiswahili, dos lenguas muy practicadas en Kivu, ni el lingala, la lengua común de la armada congoleña. A continuación declaró: «He sido informado de los crímenes que se me atribuyen, pero me declaro inocente». Fue en ese momento cuando la jueza Ekaterina Trendafilova le explicó que el objeto de la audiencia no era saber si se declaraba culpable o inocente, sino el de informarle de los crímenes que le eran imputados. La jueza Trendafilova ha fijado para el 23 de septiembre de 2013 el comienzo de la audiencia de confirmación de los cargos, siguiente etapa del proceso y destinada a determinar si las pruebas del fiscal son lo bastante sólidas como para llegar a juicio.[1]

El 27 de marzo, el portavoz de la CPI en la República Democrática del Congo, Paul Madidi, ha declarado que Bosco Ntaganda será juzgado por la CPI como ciudadano congoleño. «Las informaciones recogidas en la orden de detención de la PCI contra Ntaganda dan la impresión de que Ntaganda es considerado ruandés», ha declarado Madidi, añadiendo que Ntaganda «ha informado de que es congoleño».[2]

Al Este de la RDC, consideran que «el arresto de Ntaganda no será lo que arregle el problema». Un oyente de Radio Okapi se mostraba preocupado ante la actitud de Ruanda en este asunto: «Ellos insistirán en hacer creer a todos que son capaces de cooperar. Pero Ruanda es capaz de engendrar un nuevo Ntaganda». Ciertas organizaciones no gubernamentales han lamentado que la CPI se limite a conocer los hechos cometidos en 2002 y 2003 en Ituri cuando Ntaganda tan solo acababa de ponerse a la cabeza de una rebelión en Kivu del Norte. Esas mismas organizaciones deploran que la jurisdicción internacional se limite a perseguir a los jefes milicianos dejando a un lado a todos aquellos que les dan órdenes desde Kinshasa, Kigali y Kampala, principalmente.[3]

Según Human Rights Watch (HRW), la Fiscalía General debería considerar la apertura de una nueva fase en sus investigaciones sobre los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la RDC. Según esta organización, «La fiscal de la CPI debería llevar su trabajo a un nivel superior y abrir un nuevo capítulo para la justicia. Si la CPI debe ayudar a romper con el ciclo repetitivo de exacciones en RDC, se debe ir más allá de los señores de la guerra locales y perseguir a los altos cargos que los apoyan». [4]

El 1 de abril, el ministro de telecomunicaciones y portavoz del Gobierno, Lambert Mende, valoró positivamente la cooperación de las autoridades ruandesas y de la Embajada de Estados Unidos en Kigali en el traslado de Bosco Ntaganda a la sede de la CPI en la Haya. Ha señalado también que «el Gobierno de la RDC trabaja junto a la CPI para que Bosco Ntaganda sea igualmente perseguido por los otros crímenes de los que se le inculpan en Kivu, en calidad de jefe militar del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP)».

Lambert Mende desea además que «Ruanda haga aún más, entregando a la justicia congoleña o internacional a los otros muchos criminales asilados en su territorio, principalmente a los Baudouin Ngaruye, Zimulinda, Runiga… Sobre los que recaen sanciones de la ONU».[5]

El 2 de abril, la ministra ruandesa encargada de los Refugiados, Séraphine Mukantabana, indicó que Ruanda había alejado de su frontera con la República Democrática del Congo a los 682 rebeldes del 23M (Movimiento del 23 de marzo) refugiados en su territorio y los había enviado a un centenar de kilómetros al Este de Kigali, la capital. Estos hombres del 23M se encontraban refugiados en Ruanda desde mediados de marzo, tras haber sido derrotados por la facción rival de Sultani Makenga. Hasta el lunes, estuvieron refugiados en un centro situado a unos 15 kilómetros de la frontera con el Congo. «La decisión de desplazarlos emana de la aplicación de las convenciones internacionales (…), las cuales establecen que los refugiados deben estar a más de 50 km de la frontera con su país de origen», afirmó la ministra Séraphine Mukantabana. Los miembros del 23M estarán, según ella, de aquí en adelante, en un «campo de reclusión» en el distrito de Ngoma. La acogida de esta centena de hombres en Kigali ha alimentado, dicen los analistas, las sospechas de apoyo a la rebelión. Pero según Mukantabana, Ruanda solo ha respondido a un principio humanitario. A su llegada, los militares fueron desarmados y sometidos a un proceso de «reclusión», ha asegurado. «No hablamos de prisioneros, sino de personas que han entrado en el territorio en búsqueda de asilo (…). Su salida del campo de reclusión está restringida pero dentro de él, tienen total libertad para moverse. Pueden recibir visitas y solicitar apoyo psicológico», ha precisado Séraphine Mukantabana.

Siempre según la ministra, a los soldados se les será preguntado, a partir de ahora, si están dispuestos o no a renunciar a su estatus de militares «de manera definitiva y voluntaria». Si aceptan, se comenzará el procedimiento por el que, eventualmente, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) les concederá el estatus de refugiados. En cambio, si algunos se niegan, estos «no obtendrán el derecho al asilo en nuestro país», ha asegurado la ministra. En ese caso, «el procedimiento de reclusión continuará» y Ruanda reflexionará sobre el procedimiento a seguir. A la pregunta sobre la suerte que correrían en particular los miembros del 23M que son objeto de sanciones por parte de la ONU, como el ex responsable político del Movimiento, Jean-Marie Runiga y uno de sus jefes militares, Badouin Ngaruye, la ministra ha estimado que era demasiado pronto para pronunciarse sobre el asunto mientras que no se hubiera tomado una decisión, también para ellos, sobre el estatus eventual de refugiados. Conociendo el comportamiento de Ruanda, el riesgo está en que el país se convierta, debido al cúmulo de circunstancias, en un refugio para delincuentes y otros criminales buscados por la Comunidad Internacional. Los casos de Laurent Nkunda y Julio Mutebutsi constituyen ya un ejemplo. No debemos descartar la posibilidad de que Ruanda quiera utilizar a estos militares para mejorar sus apuestas en Kinshasa. Puesto que, en efecto, cada vez que Kinshasa se mostrase intransigente con respecto a un asunto, Paul Kagame recurriría a la amenaza de armar a estos delincuentes a fin de redistribuirlos por la RDC. Kinshasa no debería hacerse ilusiones, en la medida en que entre los prisioneros de guerra del 23M transferidos a Kinshasa se encontrasen antiguos militares desmovilizados que hubiesen sido reclutados y enviados al frente del Este de la República Democrática del Congo.[6]

2. EL CONSEJO DE SEGURIDAD HA APROBADO LA CREACIÓN DE UNA BRIGADA ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN LA R.D. DEL CONGO

El 28 de marzo, El Consejo de Seguridad de la ONU, adoptó, por unanimidad, la solución de crear una Brigada Especial de Intervención encargada de combatir a los grupos armados que operan al Este de la RDC. Ruanda también ha votado a favor de esta resolución. Dicha fuerza debería contar con más de dos mil quinientos hombres. Sin embargo, la resolución no dice nada de la cifra precisa de hombres que la compondrán. La Brigada especial de Intervención estará compuesta por tres batallones de infantería asistidos por una compañía de artillería y una compañía de reconocimiento y fuerzas especiales. La Brigada tiene un periodo de duración inicial de un año. Su base se instalará en Goma bajo la autoridad del comandante jefe de la Monusco. Según el Secretario General Adjunto de la ONU encargado de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Herbé Ladsous, esta contará con 3.069 hombres, procedentes del Sur de África, Tanzania, y Malawi, y estará operativa de aquí a julio. Esta resolución refuerza la decisión de la ONU para la Estabilización de la RDC (Monusco) que a partir de ahora tendrá una tarea suplementaria, la de llevar a cabo operaciones de ataque específicas, ya sean en solitario o junto a la armada congoleña, con el fin de detener el desarrollo de todos los grupos armados, neutralizarlos y desarmarlos.

La creación de esta brigada se realiza «sobre una base excepcional y sin que sirva de precedente», subraya la resolución. Responsables de la ONU, sin embargo, estiman que esta implica un punto de inflexión crucial: es la primera vez que los Cascos azules serán dotados de esa capacidad de ataque, sobre todo acompañados de la utilización —por primera vez también ― de drones para vigilar las fronteras de la República Democrática del Congo con Ruanda y Uganda. Según varios diplomáticos, se ha acelerado el estudio de la resolución para que esta pudiera ser adoptada antes de que Ruanda tomase la presidencia de turno del Consejo el día 1 de abril. La resolución de las Naciones Unidas condena firmemente la presencia continua del 23M en los alrededores cercanos al Este de Goma y reclama que todos los grupos armados dejen las armas. Desarrollada en París, esta resolución se inspira en los resultados obtenidos con el acuerdo regional firmado en Addis-Abeba el 24 de febrero. Este acuerdo prohíbe a los países limítrofes apoyar a los grupos armados activos al Este del Congo. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, espera que el refuerzo del mandato de la Monusco contribuya a la restauración de la autoridad del Estado y a la vuelta a la estabilidad en el Este de la RDC.[7]

El 29 de marzo, la Sociedad Civil de Kivu del Norte se alegraba de la creación de la Brigada de Intervención. Para el vicepresidente de esta estructura, Omar Kavota, la resolución responde a una necesidad, la de imponer la paz en Kivu, víctima de los años de conflictos armados que han obligado a miles de familias a huir de sus lugares de orígenes. Ha señalado que esta resolución debe, por otro lado, poner fin a las negociaciones con el 23M, que forman parte integrante del problema. «Desde nuestra posición, consideramos que la resolución de las Naciones Unidas pone oficialmente fin a las negociaciones entre el Gobierno y el 23M. Pensamos que ha llegado el momento de imponer la paz y desmantelar al 23M, ya que forma parte del problema junto con el resto de grupos armados», ha añadido Kavota.[8]

El 5 de abril, en Goma, el representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en la RDC, Roger Meece, declaraba que los preparativos de despliegue de la Brigada de Intervención en Kivu del Norte están muy avanzados. Dotada de una orden de ataque, esta brigada deberá neutralizar a los grupos armados al Este del Congo. Pero el jefe de la Monusco ha precisado que el ámbito político también se ha tenido en cuenta para poder resolver el conflicto al Este del país de forma duradera: «Esto podemos encontrarlo en el mismo texto de la resolución: los soldados de la Brigada de Intervención tienen la capacidad de poner en marcha operaciones incluso de ataque, según la situación táctica sobre el terreno. Pero, por supuesto, siempre en colaboración con las FARDC, las instituciones políticas y la Monusco», ha recordado Roger Meece. El diplomático de la ONU ha indicado que el Secretario General de la ONU y el Consejo de Seguridad han puesto especial énfasis en el ámbito político para resolver los conflictos armados en el Este de la RDC. «Naturalmente que hay negociaciones en Kampala, pero también hay un acuerdo firmado en Addis-Abeba por todos los países de la región así como por otras personalidades de la Comunidad internacional», ha precisado Roger Meece.[9]

Millones de congoleños y congoleñas respondieron Con un suspiro de alivio la tarde del jueves 28 de marzo de 2013, al anuncio de la aprobación, por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la Resolución que implicaba el despliegue de una Brigada Internacional de Intervención, encargada de neutralizar a las fuerzas negativas al Este del país. No obstante, esto no significa que ahora los congoleños deban cruzarse de brazos y esperar tranquilamente, en sus sillones, a que la Briaga Internacional de Intervención haga sola todo el trabajo de persecución de los grupos armados, nacionales y extranjeros, hasta el 31 de marzo de 2014. Los responsables políticos congoleños deberán, en principio, aprovechar estos doce meses para crear «una fuerza nacional de rápida intervención», con el fin de reemplazar, llegado el momento, a las tropas de la ONU. En definitiva, se sobrentiende que la República Democrática del Congo debería, más que nunca, centrar su trabajo en la reorganización de su sistema de defensa, cobrando un nuevo impulso en el procedimiento de reforma de su armada, la policía y de los servicios de información. Las autoridades congoleñas deberían poner en marcha operaciones de reclutamiento o de reciclaje de militares, policías y agentes del Servicio Secreto que correspondan al perfil de profesionales y patriotas realmente partidarios de la defensa de la causa de la partida. Las circunstancias se prestan también a un trabajo de depuración de la armada, la policía y los Servicios Secretos de miles de infiltrados que desde hace una década los debilitan.[10]

3. LAS REACCIONES DEL 23M

El 1 de abril, el Movimiento 23 de marzo (23M) desaprueba el despliegue de la Brigada de Intervención aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. «Lo que las Naciones Unidas vienen a ejercer no es más que la guerra», ha indicado en un comunicado público, el 1 de abril, el presidente político del 23M, Bertrand Bisimwa. «En lugar de buscar una solución política, proporcionando apoyo substancial a las negociaciones políticas de Kampala entre el 23M y Kinshasa, la ONU elige declarar la guerra contra uno de los asociados para la paz», ha lamentado. Para Bertrand Bisimwa, «las Naciones Unidas declararán la guerra a los grupos de ciudadanos que reclaman una buena administración del país, incluyendo a aquellos que están negociando con el Gobierno».[11]

El 7 de abril, una decena de vehículos de la Monusco que transportaba material de construcción son bloqueados por los rebeldes del 23M en Kiwanja y Kibumba, dos ciudades situadas, respectivamente, a unos 70 y 30 km al Norte de Goma, en la provincia de Kivu del Norte. Los rebeldes estiman que el contenido de esos contenedores de la Monusco es sospechoso. El 23M exige la apertura de dichos contenedores antes de atravesar el territorio que se encuentra bajo su control. Según varios conductores de esos vehículos, los rebeldes ya se habían apoderado de todos los albaranes de expedición y de todas las llaves de contacto. El portavoz de la Monusco, Madnodje Mounoubai, confirma esta información: «Nosotros habíamos enviado diez vehículos cargados de material de construcción para la sección de Engeneering de Beni, cerca de Goma. Esos vehículos fueron bloqueados ilegalmente por el 23M a la altura de Bunagana», ha declarado Madnodje Mounoubai. El portavoz demanda al 23M respetar las instrucciones del Consejo de Seguridad. «Este es el tipo de actitud que el Consejo de Seguridad denuncia. Aquí vemos como el 23M ha establecido una administración ilegal, con barreras ilegales. El Consejo de Seguridad les ha pedido, por otro lado, poner fin a esas barreras y a esa tentativa de crear una administración paralela», continua Madnodje Mounoubai.[12]

El 9 de abril, la Sociedad Civil de Kivu del Norte denunció una campaña de intoxicación llevada a cabo por los rebeldes del Movimiento del 23 de marzo contra la Brigada de Intervención de la Monusco. Según el portavoz, Omar Kavota, los rebeldes organizaron una serie de mítines populares en las zonas ocupadas en Kiwanja, Rutsturu Centro y Kibaki, llamando a la población local a oponerse al despliegue de la Brigada. Según el portavoz de la Sociedad Civil, este comportamiento de la rebelión es «inaceptable», considerando que este impide la vuelta de la seguridad y la paz en la provincia de Kivu del Norte, convirtiéndose en presas de los grupos rebeldes, tanto nacionales como extranjeros.[13]

Según fuentes fiables, la rebelión del 23M ha enviado una carta a los parlamentarios sudafricanos pidiéndoles que disuadan a sus ejércitos de participar en la Brigada de Intervención de las Naciones Unidas en el Este de la RDC. El 23M pide al Parlamento y al pueblo sudafricano que haga cambiar de opinión a su Gobierno para evitar un baño de sangre. En otra carta dirigida al Coordinador Nacional de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el movimiento rebelde invitaba a las agencias humanitarias de la ONU a prevenir las consecuencias catastróficas de la Resolución 2098 del Consejo de Seguridad de la ONU, que implica la creación de la Brigada Especial de Intervención en el seno de la Monusco.[14]

El 10 de abril, varias personas, jóvenes en su mayoría, dejaron por la mañana el territorio de Nyiragongo (Kivu del Norte) en búsqueda de refugio cerca de las localidades de Kabagana y Kabuhanga, en la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Fuentes de la Sociedad Civil indican que estas personas se han negado a participar en la marcha que el 23M pensaba organizar de Kibumba a Goma contra el despliegue de la Brigada. Una personalidad importante de Nyiragongo indica, en una conversación telefónica que, tras la salida de estas personas, el 23M anuló la marcha pero que el movimiento rebelde la habría pospuesto para el siguiente domingo. «La población del territorio de Nyiragongo no ha querido participar en la marcha y teme por su seguridad. Es por esta razón por la que la mayoría de los habitantes han huido hacia las zonas fronterizas para escapar de la cólera de Makenga y sus hombres. El resto permanecen encerrados en sus casas», ha declarado Omar Kavota, portavoz de la Sociedad Civil de Kivu del Norte. Este ha invitado a la Comunidad Internacional a intervenir para hacer frente «a las amenazas del 23M contra la población, puesto que este quiere llevarlos a oponerse al despliegue de la Brigada». Según varios observadores, se trata de una estrategia del 23M que pretende dar la impresión de que no son los rebeldes quienes se oponen al despliegue de esta Brigada, sino la misma población. Ahora bien, en realidad, es el 23M quien teme el despliegue de una Brigada encargada de combatirlos, al igual que los FDLR y el resto de grupos armados. La población, por su parte, ve el despliegue de esta Brigada, más bien, como una forma de escapar del control del 23M.[15]

El 10 de abril, durante una rueda de prensa, el portavoz militar de la Monusco, el teniente coronel Prosper Félix Basse, habló sobre la campaña de intoxicación realizada desde hacía varios días por el 23M contra el despliegue. Afirmó que las actividades de propaganda llevadas a cabo por el 23M no cambiarían ni modificarían las medidas adoptadas por la ONU concernientes al despliegue de la Brigada de Intervención.

El portavoz civil de la Monusco, Madnodje Mounoubai, ha afirmado que la ONU encuentra algo extraño el mensaje contenido en la carta del Movimiento del 23 de marzo dirigida al Coordinador Nacional de de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) en la RDC: «Encuentro algo extraño el contenido de la carta, porque sabemos que el 23M es el origen de las crisis producidas en las zonas en las que se encuentran instalados», ha declarado M. Mounoubai, y ha añadido que «son ellos quienes siembran la inseguridad entre la población y dan lugar a nuevos desplazados. No debemos obviar sus responsabilidades».[16]

El 11 de abril, el 23M liberó a los once vehículos de la Monusco que habían sido bloqueados cuatro días antes. Los conductores de esos vehículos confirmaron la información. Fue un equipo de refuerzo de la Monusco quien finalmente consiguió que desbloqueasen los vehículos que transportaban material de construcción destinado a la Misión de la ONU. Según el líder político del 23M, Bertrand Bisimwa, los vehículos fueron autorizados a proseguir su ruta hacia Goma «tras ser comprobados». Fuentes sobre el terreno afirman que uno de los contenedores fue abierto de manera forzosa por el 23M, que exigía la apertura de los contenedores antes de dejar que atravesaran el espacio bajo su control, alegando que contendrían material militar destinado a la Brigada de Intervención de la Monusco.[17]

4. ALARME ANTE EL REFUERZO DE LAS TROPAS DEL 23M

El 4 de abril, durante una rueda de prensa en Goma, el presidente de la Asamblea Provincial de Kivu del Norte afirmó que varias decenas de militares procedentes de Ruanda habían atravesado la frontera en los últimos tres días con el fin de reforzar las tropas del Movimiento del 23 de marzo en Kivu del Norte. Según este, dichos refuerzos contemplarían un nuevo ataque sobre la ciudad de Goma para obligar al Gobierno congoleño a firmar el acuerdo con el 23M, cediendo así a sus reivindicaciones y haciendo más difícil el despliegue de la Brigada Internacional de Intervención establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU. «Los mismos militares que han llegado a Ruanda están siendo distribuidos discretamente para apoyar a aquellos que se encuentran en Rutshuru. Fuentes muy sólidas tienen constancia de la concentración de hombres y armas en el eje Rumangabo-Kibumba, con el único fin de asaltar la ciudad de Goma», afirmó Jules Hakizimwami, sin precisar si se trataba de militares congoleños o ruandeses. Según este, la tentativa de los rebeldes del 23M de ocupar Goma de nuevo estaría orquestada por países vecinos a la RDC. «Pensamos que la situación sobrepasa los límites, por eso estamos estableciendo de manera rotunda nuestra denuncia contra esta tentativa de ocupación en concreto, la enésima, sobre todo porque cuentan con la ayuda de los países vecinos», aseguraba. El presidente de la Asamblea Provincial de Kivu del Norte ha pedido a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y a la Monusco que realice las disposiciones necesarias para evitar que el 23M vuelva a tomar la ciudad de Goma.[18]

Según el presidente de la Sociedad Civil de Kivu del Norte, Thomas d’Aquin Muiti, las tropas ruandesas habrían atravesado la frontera por la localidad de Kibumba. Al mismo tiempo, tropas ugandesas habrían entrado en territorio congoleño por Bunagana, expresamente por un poblado llamado Kisavo. François Nzekuye, elegido por mayoría presidencial en Rutshuru, confirmaba la información: «Han llegado refuerzos tanto de hombres como de munición provenientes de Ruanda y Uganda». El portavoz militar de la Monusco relativizaba la información; el teniente coronel Prosper Basse habla más bien de «frecuentes movimientos de las tropas del 23M». Según él, «La Monusco no ha observado nada en concreto hasta ahora». El Gobierno presenta la misma actitud. El portavoz Lambert Mende dice ser consciente del comunicado de la Sociedad Civil de Kivu del Norte y asegura que se abrirá una investigación para verificar todas esas alegaciones.

Si se confirman las informaciones sobre las nuevas infiltraciones de las tropas ruandesas y ugandesas, significará que Ruanda y Uganda habrán violado el acuerdo-marco de Addis-Abeba, del que son signatarios. Según este acuerdo, los signatarios no pueden prestar apoyo a los grupos armados de la región.[19]

5. LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL 23M EN KAMPALA

El 1 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores, Raymond Tshibanda, propuso a los rebeldes del Movimiento del 23 de marzo (23M) «suspender su actividad como movimiento político-militar». Durante una rueda de prensa informativa organizada el 1 de abril en Kinshasa, el jefe de la diplomacia congoleña resaltaba que «si este Movimiento persiste, la Brigada de Intervención de la Monusco se ocupará de poner fin a su existencia». «No importa lo que intente el 23M, es inevitable. Estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo político con ellos. Se acabó lo de reciclar a los líderes de la rebelión en las filas de las Fuerzas Armadas. El único futuro para el 23M es suspender su actividad como movimiento político-militar. Si este no es el caso, la Brigada de Intervención de la Monusco se ocupará de poner fin a su existencia», afirmó Raymond Tshibanda, y añadía que «Makenga no es un aliado del Gobierno. No tenemos un aliado de la +fuerza negativa+. No existen fuerzas negativas que sean buenas o malas».[20]

El 2 de abril, el Secretario de Asuntos Exteriores del 23M, René Abandi, indicó que las negociaciones de Kampala eran la única vía de resolución de conflictos armados en el Este de la RDC: «pensamos que Kampala es la única vía para resolver el conflicto armado en el Este de la República Democrática del Congo y llegar a una Paz estable. Seguimos dispuestos a negociar. No se debe privilegiar a otras soluciones alternativas que acarreen innumerables daños colaterales». René Abandi que dirige la delegación del 23M en Kampala cree necesario que su Movimiento contribuya con una propuesta propia al proyecto de acuerdo sometido por el Gobierno, de manera que de los dos textos se obtenga un consenso.[21]

El 5 de abril, la delegación del Movimiento del 23 de Marzo (23M) se trasladó de Bunagana a Kampala, la capital de Uganda, según afirmó el presidente del movimiento rebelde, Bertrand Bisimwa, incondicional de Sultani Makenga. Los expertos gubernamentales congoleños también deberían, salvo cambios de última hora, llegar a Uganda el mismo día, indicaba por su parte el Senador Mulaila, uno de los expertos de Kinshasa. El sábado, las dos partes deberían comenzar la revisión de los dos textos de proposición de acuerdo para lograr un consenso. Según René Abandi, Secretario de Asuntos Exteriores del 23M y presidente de su delegación en Kampala, la proposición de acuerdo impuesta por el Gobierno congoleño no cumplía sus expectativas. Pedían que se armonizasen los dos textos.

El pasado mes de marzo, el Gobierno elaboró un texto de doce artículos que debería sancionar las negociaciones de Kampala. Ciertas disposiciones de este documento prevén expresamente la amnistía de los miembros del 23M que no son objeto de las persecuciones judiciales nacionales e internacionales, la aceleración de la aplicación de los acuerdos sobre la vuelta de los refugiados que viven en los países vecinos y la creación de un secretariado general encargado de la reconciliación en el seno del Ministerio del Interior.

René Abandi ha indicado que este documento contiene puntos divergentes, pero se reservaba de revelarlos: «para no atentar contra el reglamento interior del diálogo de Kampala». La facilitación debería convocar un pleno el jueves 11 de abril para llevar a cabo la firma del acuerdo final de las negociaciones.

Unos pocos observadores se preguntan si la revocación de ciertos militares por el Presidente Joseph Kabila no constituirá un obstáculo en el tema de las negociaciones. Mediante una solicitud presidencial, Joseph Kabila ha invalidado a una decena de oficiales superiores de la Armada Nacional, pertenecientes casi todos al 23M, tanto de la parte de Makenga como de la de Runiga. Entre los expulsados, destacan el coronel Sultani Makenga, comandante de las operaciones y autoproclamado General; el General Bosco Ntaganda; los coroneles Baudouin Ngaruye y Albert Kahasha; los tenientes coroneles Vianney Kazarama y Eric Ngabo y el comandante Innocent Zimurinda. Bertrand Bisimwa, el presidente del 23M, ha afirmado que la solicitud presidencial no supondría ninguna incidencia sobre una posible firma del acuerdo final de Kampala, puesto que, con la creación del 23M, esos oficiales habrían ya decidido por ellos mismos dejar las filas de las FARDC. [22]

Algunos observadores se preguntan qué hay detrás de la súbita reanudación de las negociaciones de Kampala. Probablemente, la difusión de la información sobre una supuesta entrada en territorio congoleño, a principios de semana, de las tropas ruandesas y ugandesas. Lo que salta en seguida a la vista es que los regímenes de Kigali y Kampala han ejercido, una vez más, presiones sobre Kinshasa para sacar al 23M del atolladero ante el despliegue de la Brigada Especial de Intervención previsto por la Resolución 2098 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 23M, renovado por los refuerzos venidos de Uganda y Ruanda, se siente fuerte para presentar unas contrapropuestas que Kinshasa deberá aprobar.

¿Debería considerarse la vuelta de Kinshasa a la mesa de negociaciones como una capitulación ante la nueva presión de Uganda y Ruanda? La respuesta a esta pregunta deja entrever algunas contradicciones en la gestión de Kinshasa, sobre todo si tenemos en cuenta que, a principios de semana, el portavoz del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores sostuvieron, alto y claro, que al 23M no le quedaba otra que suspender sus actividades. En caso de resistencia, la Brigada Especial instaurada por las Naciones Unidas acabaría con ellos. La reanudación de enfrentamientos en Kampala demuestran que los agresores se aferran con uñas y dientes a ofrecer una vía de escape a sus apadrinados del 23M, a través de su integración en el seno de las instituciones y de la Armada de la RDC. Con el espectro del regreso de la guerra y la pesadilla del asalto a Goma, el 23M y sus padrinos han puesto a Kinshasa entre la espada y la pared, obligándola a hacer todo lo posible para evitar que el despliegue de la Brigada Especial de Intervención de la Monusco no se vea en peligro por un notable cambio en el terreno de las operaciones militares. Con este comportamiento, parece claramente que Kigali y Kampala están decididas a conseguir las garantías suficientes en beneficio del 23M.[23]

Desde el mismo momento en que Bosco Ntaganda fue transferido a la Haya y que varios oficiales superiores del 23M fueron expulsados de las FARDC, algo hacía creer que no era conveniente volver a Kampala, máxime cuando el Consejo de Seguridad de la ONU había decidido enviar a la Brigada de Intervención con la orden de perseguir a las fuerzas negativas, entre las que se encuentra el 23M. Mientras que todos pensaban que el Gobierno aprovecharía la votación de la resolución sobre la Brigada de Intervención, vemos como este se ha decantado por otra solución. Contra todo pronóstico, el Gobierno ha aceptado volver a Kampala para cerrar las negociaciones con el 23M. Probablemente, para neutralizar su amenaza de atacar a la ciudad de Goma. Desde ese punto de vista, el 23M podría beneficiarse de esta debilidad del Gobierno para subir el listón y negarse al traslado de sus oficiales ante la justicia local e internacional. Esto paralizaría todo obligatoriamente. Posiblemente, el 23M, con el apoyo de Ruanda, no contemple otra opción que la de la integración de sus oficiales en el seno de las FARDC para continuar con la ejecución de su macabro plan: impedir que la República Democrática del Congo forme una auténtica armada republicana capaz de proteger la integridad del territorio congolés.[24]

El mediador ugandés, Crispus Kiyonga, ha decidido retomar las negociaciones entre Kinshasa y en el 23M en Kampala. Pero la iniciativa del ministro de Defensa ugandés parece ser una trampa. La gestión de Crispus Kiyonga es percibida por numerosos observadores como un nuevo intento de infiltración de los milicianos del 23M en las FARDC. Las prórrogas en Kampala esconden la intención, por parte de Uganda, de hacer firmar un nuevo acuerdo político entre Kinshasa y el 23M, para permitir así al movimiento rebelde traer a sus combatientes, sujetos extranjeros en su mayoría, a las filas de sus tropas leales, ante la puesta en marcha de las operaciones de persecución de las fuerzas negativas por la Brigada Especial de las Naciones Unidas. De esta manera, para cuando las tropas de la ONU entren en acción, las tropas del 23M, comandadas por el «general» Sultani Makenga, rebelde expulsado de las FARDC en julio de 2010 cuando este aún era coronel, habrán tenido tiempo de ponerse el uniforme del ejército regular, camuflarse y distribuirse por Kivu del Norte, al que se aferran como si fuera la niña de sus ojos. Esa es la trampa. Una vez cerrado el acuerdo entre Kinshasa y los rebeldes del 23M, estos últimos pasarán automáticamente de ser una fuerza negativa a convertirse en miembros de pleno derecho de las FARDC (Fuerzas Armadas de la RDC), a mismo título que los ex oficiales y soldados de la República Democrática del Congo (Reagrupación Congoleña por la Democracia), del MLC (Movimiento de Liberación del Congo), del RCD-K-ML (Reagrupación Congoleña por la Democracia/Nacionalistas), los Mai-Mai Raia Mutomboki, los Mai-Mai de Kyungu Gédéon, los milicianos de Cobra Matata, etc. Si las autoridades congoleñas cometen el error de conceder el estatus de miembros de la armada regular congoleña a Sultani Makenga y compañía antes de que acabe el mes, las Naciones Unidas corren peligro de encontrarse ante un hecho consumado. El 23M quedaría excluido de las próximas operaciones llevadas a cabo por la Brigada Especial de la Monusco, que debería, por tanto, limitarse a desarmar a los otros grupos armados, extranjeros y nacionales, tales como los FDLR, ADL Nalu, la LRA y los diferentes Mai-Mai. El pueblo congoleño desea saber qué se trama tras la invitación-convocatoria del ministro de Defensa ugandés y se pregunta si Crispus Kiyonga habría podido tomar la iniciativa sobre las negociaciones de Kampala sin el consenso de Kinshasa. Es la hora de clarificar la posición del Gobierno congoleño, que da la clara impresión de no haber roto aún de manera definitiva con el 23M, no exigiendo públicamente su disolución. [25]

Tras la reanudación de las negociaciones por iniciativa del mediador Ugandés, Yoweri Museveni, se esconde de forma visible el propósito de desvincular el calificativo de «fuerzas negativas» asociado al 23M, concediéndole así un estatus recomendable de partido que negocia con el Gobierno de igual a igual. En un llamamiento a las motivaciones confusas, Yoweri Museveni, como Mediador de la CIRGL, se ha empecinado en mostrar al 23M, ante la Comunidad Internacional, como un interlocutor ineludible del Gobierno en la búsqueda de la paz en el Este de la RDC. He aquí la nueva sandez de Yoweri Kaguta Museveni, que parece estar dispuesto a mantener viva la antorcha del 23M contra viento y marea. No obstante, ni el acuerdo de Addis-Abeba, ni la Resolución 2098 del Consejo de Seguridad de la ONU, han retirado al 23M su calidad de fuerza negativa para convertirse en colaborador del Gobierno en el proceso de pacificación del país.[26]