ÍNDICE:

 

EDITORIAL: Dejar atrás las anomalías, las complicidades y las contradicciones

1. LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL M23 EN KAMPALA

2. REACCIÓN DE LA POLÍTICA ANTE EL CONFLICTO DE KIVU

3. LA REACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

4. LAS PROPUESTAS Y DECISIONES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

a. ¿Nos encontramos ante una estrategia más fuerte?

b. Nuevas sanciones

5. EL MANDATO DE LA MONUSCO

 

EDITORIAL: DEJAR ATRÁS LAS ANOMALÍAS, las COMPLICIDADES Y las CONTRADICIONES

 

Se han retomado las negociaciones entre el gobierno congolés y el grupo armado conocido como Movimiento del 23 de marzo (M23) en Kampala y algunas informaciones han causado cierto revuelo.

 

Un extraño «alto el fuego».

El M23, que puso como condición para retomar las negociaciones que se firmara un alto el fuego bilateral, ha declarado estar dispuesto a acudir al encuentro con el gobierno a pesar de no haber firmado este último el acuerdo. Además, el grupo rebelde anunció una tregua unilateral. Muchas personas se preguntan a qué se debe este cambio de actitud repentino del M23.

 

Algunos opinan que podría deberse a la presión ejercida por la comunidad internacional. Es cierto que el 31 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU añadió en su lista de sanciones (que incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar al extranjero) los nombres de dos personalidades más del M23, una de ellas Jean-Marie Runiga, responsable político del movimiento. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana (UA) prevén un refuerzo del mandato de la MONUSCO y el envío de una fuerza internacional neutra al este de la R. D. Congo, lo que podría causar problemas al M23.

 

Según otras personas, el M23 podría haber cedido a causa de la intransigencia del gobierno. Sin embargo, el gobierno ya ha prometido al movimiento ciertos beneficios (cargos importantes en el ejército, en instituciones políticas, en la administración territorial y en ciertas instituciones económicas del Estado).

 

También hay quien opina que podría tratarse de una estrategia elaborada de forma minuciosa y que esta «concesión» del M23 tendría una razón de ser. Siguiendo esta hipótesis, este comportamiento no sería más que una premisa para que el gobierno acepte todas sus reivindicaciones. Se trataría de una forma de chantaje donde el M23 habría aplicado la lógica de dar para recibir, do ut des. La delegación gubernamental deberá tener cuidado de no caer en esta trampa.

 

 

Complicidades.

Durante esta segunda fase de negociaciones en la delegación del M23 destaca la presencia de una personalidad muy conocida de la oposición política congolesa, el diputado Roger Lumbala, quien negó rotundamente ser miembro del movimiento. Señaló que simplemente estaba de acuerdo con sus objetivos y que se encontraba en la delegación del M23 por el mero hecho de que había sido invitado como miembro de la oposición. No es nada fácil distinguir si una persona apoya los objetivos de un movimiento o es miembro, sobre todo cuando le presentan como vicepresidente de la delegación del M23. Durante muchos meses, el gobierno congolés sospechó que el diputado colaboraba con el M23 y que estaba en contacto con ciertas autoridades ruandesas acusadas por la ONU de apoyar al movimiento. Según sus propias declaraciones, uno de los objetivos del M23 es derrocar al presidente Kabila por su pésima gestión. Es cierto que se trata de una reivindicación legítima, pero es triste observar que una figura política, nada más y nada menos que un diputado de la República, no comprenda que el único medio democrático que puede conducir a un cambio de poder no es la violencia o la guerra, sino unas elecciones libres y transparentes. De acuerdo al principio «par condicio», alcanzar el poder mediante unas elecciones libres y transparentes también es posible para los que ostentan el poder actualmente, que lo consiguieron mediante un proceso electoral repleto de fraudes e irregularidades.

 

Muchas personas han acusado al presidente Kabila de alta traición contra el país, ya que se sospecha que ha sido cómplice del régimen ruandés, el cual, con el objetivo de seguir recibiendo beneficios económicos de la explotación ilegal de minerales, contribuye al desmenuzamiento del país en pequeñas entidades en las que ejercer su influencia política, militar y económica. En esta situación, es absurdo que el M23 quiera acabar con el régimen congolés actual por una simple razón: Ruanda controla el régimen congolés al mismo tiempo que apoya al M23, como se ha demostrado gracias a diversos testimonios locales e informes internacionales. Siguiendo esta lógica, si surgiese un nuevo régimen congolés, estaría bajo el poder de Ruanda, por lo que el único cambio serían ciertos nombres y acrónimos, y el verdadero problema quedaría sin resolver. Es cierto que tras sucesivas victorias militares con el apoyo de Ruanda y Uganda, el alcance de las reivindicaciones del M23 ha aumentado, además de absorber las de la oposición, como la transparencia de las elecciones, la defensa de los derechos humanos y la mejora de las condiciones sociales. Sin embargo, el M23 no hace esto por satisfacer el interés del pueblo congolés, sino para encontrar una identidad que le permita presentarse de una forma más creíble e incrementar su prestigio y su poder.

 

Contradicciones.

En la delegación del gobierno la situación tampoco es nada buena: se nota la presencia de ciertos miembros del CNDP, uno de los firmantes de los Acuerdos del 23 de marzo de 2009. Muchas personas piensan que el M23 es una facción disidente o incluso militar del CNDP. Algunos llegan a afirmar que son la misma realidad. Desde el exterior, la posición del gobierno congolés parece ambigua, contradictoria e incluso cómplice. Es difícil imaginarse cómo podrá el gobierno aparentar firmeza y autoridad ante el M23, un grupo armado adversario y colaborar al mismo tiempo con el CNDP, su aliado político. El gobierno congolés debe resolver este asunto de inmediato.

 

La cohesión nacional es necesaria.

Por todas estas razones, es difícil que salga algo positivo de las negociaciones de Kampala. Para decir NO al M23 y a sus cómplices internos y externos, debemos encontrar una alternativa que provenga de la cohesión nacional y no de una única institución del Estado, ya que casi todas se encuentran en una profunda crisis de legitimidad política tras las elecciones amañadas de noviembre de 2011. Debemos centrarnos en el deseo de exigir la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos que todo el pueblo desea, así como proteger la soberanía nacional y la integridad territorial del país. Son estos valores fundamentales los que permitirán al pueblo congolés continuar con la democracia y dejar a un lado la guerra del M23.

1.  LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL M23 EN KAMPALA

 

El 21 de diciembre se suspendieron las negociaciones entre el gobierno y el M23 debido, oficialmente, a las festividades navideñas. El primer problema que causó que estas negociaciones se retrasaran fue que el M23 exigió un alto el fuego como condición para que se llevase a cabo el orden del día. Además, los rebeldes del M23 continuaban reclamando la provincia de Kivu del Norte, el control del Estado mayor de la octava región militar y un debate general sobre el gobierno del país y la falta de legitimidad de las instituciones tras las elecciones del 2011. Una de las intenciones políticas del M23 es participar en la gestión del país a través de sus representantes en las instituciones, y esto es un secreto a voces en Kinshasa. Sin embargo, esto no es más que una tapadera que les sirve para detener las negociaciones y tener una coartada para retomar las hostilidades. El gobierno, que ya conoce la astucia del M23, no ha cedido a estas sórdidas reivindicaciones hasta el momento, ocupándose exclusivamente de la evaluación de los Acuerdos de marzo de 2009. Estas posturas tan opuestas nos hacen preguntarnos si saldrá algo bueno de Kampala; la mayoría de los congoleses ya no creen en estas negociaciones que pintan tan desastrosas.[1]

 

Ciertas fuentes internas de la CIRGL indicaron que la presidencia rotatoria de Uganda expira el 31 de diciembre de 2012 y que es el distrito de Brazzaville quien deberá sustituirla a partir del día 1 de enero de 2013. Por lo tanto, Brazzaville será con toda probabilidad la sede de la siguiente fase de las negociaciones entre Kinshasa y el M23. Esto excluye ipso facto a Kampala del diálogo entre las dos partes del conflicto del este de la RDC, lo que supone un alivio para el Congo: Uganda se encuentra entre los principales apoyos del M23 y suponía un problema de neutralidad en las negociaciones de la CIRGL. No obstante, los jefes de Estado de la CIRGL podrían decidir lo contrario y permitir la participación de Uganda. El M23 podría oponerse debido a su proximidad con Kinshasa, país hostil hacia el movimiento creado y apoyado por Kigali y Kampala.[2]

 

El 1 de enero, Roger Lumbala, diputado nacional y presidente de la Unión Congolesa por la Democracia Nacional (RDC/Nationale), partido de la oposición que apoya a Etienne Tshisekedi como presidente electo de la República, se unió al Movimiento del 23 de marzo (M23). Los dirigentes rebeldes oficializaron su afiliación mediante un discurso en su sede de Bunagana. «Roger Lumbala, aquí presente, es miembro del M23 (Movimiento del 23 de marzo)», dijo Amini Kabasha, jefe adjunto del Departamento de Comunicación y Prensa del M23.

 

La revista Jeune Afrique realizó una entrevista al diputado en la que declaro lo siguiente: «Yo voté a Étienne Tshisekedi en 2011. A mi parecer, Joseph Kabila no fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2011. En el momento en que el M23 se adjudicó las reivindicaciones de la oposición política congolesa relativas a los resultados fraudulentos de estas elecciones, me sentí muy cercano a ellos. Además, la Constitución de la RDC autoriza a todo congolés a impedir que aquellos que intentan conseguir el poder por la fuerza cumplan su objetivo. Hoy en día, la solución a los problemas de la RDC es cosa del M23, que ha vencido a Joseph Kabila obligándolo a aceptar las negociaciones. Por esta razón me considero afín al M23 y a su lucha armada contra el régimen de Kabila. Al igual que ellos, mi deseo es derrocar a Kabila y restablecer las buenas relaciones con nuestros vecinos». En septiembre, Kinshasa ya acusó al diputado de Miabi, en Kasai Oriental, de colaborar con el movimiento rebelde que castiga a Kivu del Norte.[3]

 

 

El 3 de enero, el M23 dejó claro de nuevo en Bunagana (Kivu del Norte) que no continuaría con las negociaciones con el gobierno de Kampala si el gobierno no firmaba un alto el fuego. Jean-Marie Runiga, responsable político del M23, declaró: «Seguimos exigiendo un alto el fuego, así como una negociación directa con el gobierno de Kinshasa. Si esto no ocurre, no nos quedará más remedio que emplear el lenguaje que (el presidente Joseph) Kabila comprende, y esta vez iremos más lejos», precisando que «el lenguaje que comprende Kabila es el de las armas».[4]

 

El 4 de enero, las delegaciones del gobierno y del M23 llegaron a Kampala, capital de Uganda, tras la interrupción de dos semanas a causa de las fiestas navideñas.

El ministro de Defensa de Uganda y mediador Crispus Kiyonga se reunió con los jefes de ambas delegaciones por separado hasta el día 6 de enero. Respecto a lo que la composición de las delegaciones se refiere, los negociantes del gobierno eran los mismos que los de dos semanas atrás. Raymond Tshibanda, ministro congolés de Asuntos Exteriores, sigue dirigiendo la delegación del Congo. Por el contrario, el número de negociantes de los rebeldes pasó de 25 a 30, incorporando nuevos personajes como Roger Lumbala, antiguo diputado nacional de la oposición que se unió al M23 recientemente. Según uno de los portavoces del M23, Amani Kabasha, Lumbala ostentará el cargo de vicepresidente de la delegación.[5]

 

El 8 de enero, el M23 aceptó participar en el diálogo de Kampala a pesar de que el gobierno congolés no firmó el alto el fuego. Además, anunciaron una tregua unilateral. François Ruchogoza, secretario ejecutivo y jefe de la delegación del movimiento, declaró: «Participaremos en las negociaciones aunque el gobierno se niegue a firmar la tregua». No obstante, los rebeldes exigieron, con mediación de Uganda, la intervención del Mecanismo Conjunto de Verificación de la CIRGL para verificar las alegaciones acerca de, según François Ruchogoza, «los preparativos de guerra del gobierno de Kinshasa».[6]

 

¿Por qué el M23 cambió de opinión de forma tan drástica? Existen dos hipótesis que podrían llevarnos a la respuesta: por un lado, que el M23 no haya podido aguantar más tiempo la fuerte presión ejercida por la comunidad internacional (véanse las últimas sanciones que el Consejo de Seguridad de la ONU aplicó a algunos de sus miembros) y por otro que Kinshasa haya cedido a los deseos del M23 a escondidas. Algunas fuentes afirman que el gobierno habría prometido al M23 dirigir el Banco Central del Congo (BCC) en un futuro cercano.

 

De ser cierta esta información, el gobierno estaría colaborando con el enemigo. Ruanda y Uganda, ambos padrinos del M23, podrían ser los encargados de dirigir la última perla del gobierno de la RDC: el institut d’émission (equivalente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre española). Ya que la explotación mineral comienza a ser imposible debido a la implicación de la comunidad internacional, los agresores del Congo han tenido que centrarse en el aspecto interno.

Al controlar el BCC, pueden asfixiar el funcionamiento del Estado si así lo desean, además de obligar al gobierno a aprobar todas sus reivindicaciones. Podrán transferir dinero en efectivo del BCC a los bancos de Kigali y Kampala fácilmente. Además, todo lo que no consiguieron robar lo podrán recuperar del Tesoro Público congolés. ¡Todo muy oficial! Esta medida constituye, según ciertos especialistas de los Grades Lagos, uno de los últimos actos de distracción previos a la continuación del proceso de separación de la R. D. Congo.[7]

 

 

El 11 de enero se adoptaron cuatro puntos del orden del día del diálogo: la evaluación del Acuerdo de Paz del 23 de marzo de 2009 entre el gobierno y la ex-rebelión de la CNDP; cuestiones de seguridad; cuestiones sociales, políticas y económicas; y aspectos del mecanismo de puesta en marcha, de seguimiento y de evaluación del Acuerdo de Kampala.[8]

 

 

2. REACCIÓN DE LA POLÍTICA ANTE EL CONFLICTO DE KIVU

 

El 31 de diciembre, durante el discurso de año nuevo, el presidente Joseph Kabila llamó a la cohesión nacional para poner fin a la guerra que sufre el este del país. «La cohesión nacional ha sido y sigue siendo el camino a la supervivencia frente a la guerra, el escudo más seguro contra las balcanizaciones y la destrucción», declaró.

«Debemos considerar la guerra en la que estamos sumergidos como una oportunidad para unirnos. Sean las que sean nuestras ambiciones como nación, la división no acarreará nada positivo», indicó Joseph Kabila, afirmando que «la diversidad de tribus, creencias religiosas o filosóficas y de opiniones políticas constituye una riqueza inestimable para nuestro país». El presidente invitó a todos los congoleses a «luchar para que el nuevo año sea el año de la cohesión nacional». En este contexto, confirmó «la creación de un espacio donde se lleven a cabo intercambios entre todas las fuerzas de la nación a principios del año 2013».[9]

 

A la oposición no le convenció esta llamada al diálogo del presidente Kabila, por lo que rechazaron la propuesta. Para los miembros de la oposición del Parlamento, los detalles del marco para las concertaciones e intercambios propuesto por el presidente durante su discurso de año nuevo no están muy definidos. Además, recuerdan las exigencias que presentó el presidente durante la primera llamada a la cohesión nacional, el día 15 de diciembre, ante las dos cámaras del Parlamento: un diálogo inclusivo con un mediador internacional para hablar sobre la reconciliación y el establecimiento de soluciones duraderas. La oposición institucional opina que este diálogo inclusivo no es más que el preludio de todas las discusiones que surgieron tras los resultados de las últimas elecciones presidenciales.

 

El presidente del Movimiento Congolés por la República, Jean-Claude Vuemba, afirma:

«Lo primero que deberíamos solucionar es el contencioso electoral del 28 de noviembre de 2011. Una vez solucionado este aspecto, podremos ponernos a pensar en cómo plantear un entorno permanente de concertación con las condiciones idóneas para todos los congoleses». Por su parte, la Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS) afirma que no apoya esta llamada, la cual califica de distracción.[10]

 

El 4 de enero, durante una rueda de prensa en Kinshasa, el deputado Jean-Pierre Lisanga Bonganga, portavoz de las Fuerzas Partidarias del Cambio (FAC/Oposición), afirmó que su plataforma política rechazaba categóricamente el diálogo propuesto por el presidente, ya que se trata de una serie de «encuentros informales calificados a veces como un entorno de concertación y a veces de intercambios, con unos contornos y contenidos poco definidos. Además, nadie puede oponerse a sus propuestas». Precisó que «desde las FAC/Oposición pensamos que el presidente Kabila no se puede encargar de organizar el diálogo nacional, ya que él mismo es el problema: no puede ser el problema y la solución al mismo tiempo. Es uno de los protagonistas de la crisis, no puede ser mediador de su resolución. No se puede ser juez y juzgado al mismo tiempo». Para esta plataforma de la oposición, el diálogo debería organizarse «entorno a la comunidad internacional y bajo la mediación de un presidente africano de un país que no sea agresor de la RDC».[11]

 

El 8 de enero, el diputado de la oposición Roger Lumbala perdió la inmunidad parlamentaria tras una votación llevada a cabo en la Asamblea Nacional por haberse unido recientemente al M23. Por lo tanto, el Procurador General de la República, que ya había exigido que Lumbala perdiese la inmunidad, puede demandarlos por alta traición. La votación de los diputados acabó con 216 votos a favor y 80 en contra. Aparte de perder su inmunidad, la Asamblea decidió también que Lambala abandonase su cargo de diputado nacional. El Procurador General de la República ya había exigido a la Asamblea Nacional que Lumbala perdiese su inmunidad ya que sospechaba de su relación con el M23. El pasado septiembre, Roger Lumbala negó a los servicios de seguridad de Burundi toda relación con el M23. Sin embargo, en enero le veíamos unirse de forma oficial al movimiento en París.

Richard Muyej, ministro del Interior, suspendió las actividades programadas de la Unión de Congoleses Demócratas y Nacionalistas (RCD/N) en toda la R. D. Congo y afirmó que el partido estaba en trámites de disolución. Tras esto, el presidente del partido, Roger Lumbala, se alió con los rebeldes del M23 y los miembros de la RCD/N no lo hicieron público. Desde el partido han prometido que la justicia decidirá las consecuencias de la decisión del ministro.[12]

 

 

3. LA REACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Un miembro de la diáspora congolesa de Bélgica, Roger Manangu, declaró que no entendía «porqué el gobierno congolés negocia con un movimiento político-militar terrorista». Según él, «el M23 no tendría la fuerza política y militar necesaria para ir a Bukavu o a Kinshasa si no fuese por la ayuda militar, logística y los consejos estratégicos y políticos de Ruanda y Uganda». «Por esta razón, Kinshasa debería abandonar las negociaciones de Kampala y dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para indicarles las numerosas agresiones que sufre la R. D. Congo de parte de Ruanda y Uganda». De esta manera, Roger Managu acusa a la ONU de ser «cómplice» del conflicto Congo-Ruanda-Uganda alimentado por las multinacionales con el objetivo de «conseguir la balcanización de la RDC». Pide a la comunidad internacional que obligue a Kigali y a Kampala a que dialoguen con sus respectivas rebeliones (FDLR, LRA y ASD-Nalu) para que abandonen el territorio congolés y vuelvan a sus países de origen, Ruanda y Uganda. Manangu opina que «es necesario un diálogo entre Ruanda, la RDC y la comunidad internacional para hablar sobre la vuelta de las FDLR y de la LRA a sus países y encontrar por fin la paz en nuestra región».[13]

 

Según la sociedad civil de Kivu del Norte, la población de la provincia se niega a que las negociaciones de Kampala se conviertan en una excusa para que el gobierno y los rebeldes compartan el poder. Declaran que muchos habitantes de Beni, Butembo, Lubero y Goma mostraron esta postura durante los diálogos sociales que organizaron del día 28 de diciembre de 2012 al 3 de enero de 2013.

 

Según el portavoz de la sociedad civil de Kivu del Norte, Omar Kavotha, las personas interrogadas se oponen también a «un alto el fuego» entre el ejército nacional y el M23, así como a la inclusión de unidades del M23 en el ejército y en la policía. Para ellos, las negociaciones de Kampala deberían «limitarse a la evaluación de los Acuerdos del 23 de marzo y respetar estrictamente la Constitución». La población recomienda, según la sociedad civil, que estas negociaciones se desvinculen de Uganda, «sobre todo porque este Estado ya no asumirá la presidencia de la CIRGL a partir del 1 de enero de 2013 y porque se ha confirmado su alianza con el M23». Desde enero de 2013, la presidencia rotatoria de la CIRGL debería pasar al presidente del distrito de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso.[14]

 

La Coordinación Provincial de la Sociedad Civil de Kivu del Norte realizó las siguientes observaciones en reacción a las declaraciones del M23 el día 8 de enero:

-Respecto a la tregua unilateral, en lugar de acatar la orden de cesar toda actividad militar y anticonstitucional de los jefes de Estado y del gobierno de la CIRGL, el M23 no ha abandonado el reclutamiento (en su mayoría forzado y cada vez más de menores), la formación, el abastecimiento de hombres, armas y munición y la designación de autoridades administrativas en los territorios que controlan. Para el M23 y sus aliados, hablar de un alto el fuego no es más que un subterfugio para engañar a la opinión local, nacional e internacional.

-La sociedad civil declara que las intenciones belicosas que se han atribuido al gobierno congolés nunca han formado parte de las recomendaciones y decisiones de los jefes de Estado ni del Gobierno acerca de prohibir el funcionamiento normal de las instituciones y servicios del Estado congolés y de las FARDC.

-Por el contrario, el M23 jamás ha respetado hasta el día de hoy la decisión de los jefes de Estado de la CIRGL que les invitaba, por un lado, a volver a las posiciones que ocupaban antes del 30 de junio de 2012  y por otro lado, a posicionarse a 20 km de la ciudad de Goma. «Nos llevamos una gran sorpresa al descubrir que el M23 había declarado que se situaría a 60 km de Goma, contando a partir de la gran barrera entre la RDC y Ruanda», dice con asombro la sociedad civil de Kivu del Norte, cuyo ponente general y presidente a.i., el Sr. Negura Barry Bonaventure, fue el encargado de firmar dicha declaración.

-El M23 sigue causando crímenes y actos terroristas en la ciudad de Goma. Entre sus acciones, destacan los continuos ataques en los campos de refugiados de Mugunga, el refuerzo de sus posiciones en todas las líneas del frente y la colaboración con el famoso coronel Mandevu, uno de los comandantes más importantes de las FDLR.

Todo indica que con esta tregua unilateral, el M23, debilitado a causa de las sanciones impuestas por la comunidad internacional (como las Naciones Unidas), intenta ganarse a la opinión pública.[15]

 

 

4. LAS PROPUESTAS Y DECISIONES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

 

a.      ¿Nos encontramos ante una estrategia más fuerte?

Con el objetivo de que los rebeldes congoleses del Movimiento del 23 de marzo (M23) efectúen desplazamientos «erráticos pero inquietantes» alrededor de Goma hacia una zona «neutra» a menos de 20 km de la ciudad, la ONU ha declarado que trabaja en la elaboración de una nueva estrategia más «potente» que afectará el plano político, implicando a los países vecinos, y el militar, con la creación de una especie de brigada de intervención inmediata que se integrará en la Misión de las Naciones Unidas para lograr la estabilización de la RDC (MONUSCO).

Según una fuente cercana al informe, en el plano político la idea que los países de la CIRGL (R. D. Congo, Ruanda, Uganda, Burundi, Tanzania, el distrito de Brazzaville, Angola y también África del Sur) se reúnan en una cumbre en Kinshasa, con la ONU «como testigo y aval», para que firmen un «Acuerdo Marco» que establezca principios como el respeto a la soberanía nacional, la prohibición de apoyar a las milicias y el fin de la impunidad de los crímenes de guerra. El presidente ruandés Paul Kagamé, cuyo país (junto a Uganda) está acusado de apoyar al M23, habría aceptado esta propuesta, al igual que sus siete compañeros. Se prevé que se lleven a cabo encuentros regulares entre los actores implicados, principalmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas o durante la cumbre anual de la Unión Africana (UA).

En el plano militar, el secretario general Ban Ki-moon debería proponer en sus recomendaciones al Consejo de Seguridad la creación de una unidad de intervención inmediata de 2000 soldados africanos capaces de «actuar como bomberos en los momentos más difíciles».

Tanzania y África del Sur contribuirán a esta medida. Estos futuros «Rambos» de la MONUSCO se diferenciarán claramente de los cascos azules, pero se encontrarán bajo las mismas órdenes que ellos y su financiación correrá a cargo de la ONU. La otra propuesta del secretario general, ideada por el jefe de operaciones de mantenimiento de la paz, Hervé Ladsous, consiste en el uso de drones para vigilar las fronteras y los movimientos de los grupos armados.[16]

 

El 8 de enero, el Consejo de Seguridad barajó la posibilidad de que la Misión de la ONU en la R. D. Congo (MONUSCO) utilizara drones para mejorar la vigilancia del este del país. «La idea es proporcionar los medios necesarios para que la MONUSCA pueda hacer bien su trabajo. Para ello hacen falta más helicópteros, algunos con visión nocturna, y más medios fluviales y equipamientos de vigilancia aérea, es decir, drones», explicó a la prensa el responsable de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, Hervé Ladsous. La ONU planea también redistribuir y aumentar  los efectivos de la ONU, que actualmente constan de 17500 hombres, a 19500.

 

Ruanda se opuso al uso de drones (aviones de vigilancia sin piloto) en el este de la R. D. Congo. Kigali no desea que África se convierta en un laboratorio de equipamientos para los servicios de información extranjeros. Ruanda, que debe defenderse de las acusaciones lanzadas por los expertos de la ONU afirmando que los rebeldes del M23 reciben su apoyo, dijo claramente que la decisión de Hervé Ladsous era un tanto prematura. «Se debería pensar más la decisión de utilizar un equipamiento sobre el que no tenemos prácticamente información», dijo en Reuters el número dos de la delegación ruandesa de la ONU, Olivier Nduhungirehe, añadiendo que es necesario conocer las implicaciones que tales medios aéreos tendrían sobre la soberanía territorial de los estados de la región. Una fuente diplomática declaró que los ruandeses avisaron al Consejo de Seguridad de que los cascos azules de la MONUSCO serían tratados como «beligerantes» si despliegan drones en el este congolés.

 

Según algunos diplomados de la ONU, Francia, Estados Unidos y Reino Unido están a favor del uso de drones, y que la oposición de los ruandeses es la primera de las dificultades previstas en el informe de la RDC mientras que Ruanda sea sede del Consejo de Seguridad, durante los dos próximos años.

La ONU lleva pidiendo el uso de drones de vigilancia desde el 2008. La propuesta nunca ha sido aceptada, pero ha vuelto a ponerse sobre la mesa estas últimas semanas a causa de los avances de los rebeldes del M23 en la provincia de Kivu del Norte, avances que los cascos blancos de la MONUSCO no han podido frenar.[17]

 

El 8 de enero se llevó a cabo una reunión ministerial muy importante en la sede de la Unión Africana en Addis-Abeba acerca de la futura Fuerza Internacional Neutra (FIN) de 4000 hombres que se desplegará en la R. D. Congo. La FIN formará parte de la MONUSCO, que ya se encuentra en el terreno, aunque aún quedan detalles técnicos por aclarar. «Se suele tender a utilizar una única potencia», explica Ramtane Lamamra, comisario de la paz y la seguridad de la Unión Africana. «Esta nueva iniciativa permitirá la estabilidad de la financiación, de los recursos, de la unidad de mando y de los objetivos». Se prevé el anuncia de una nueva resolución de las Naciones Unidas que dotaría a la MONUSCO de un mandato reforzado que le permita recurrir a la «violencia legítima» para imponer la paz. «Para las Naciones Unidas esto supone un mandato de imposición de la paz y no de mantenimiento de la paz, lo que quiere decir que habrá un cierto número de objetivos definidos de forma clara y que permitirán la violencia legítima en aquellos casos donde los problemas no se puedan resolver de forma pacífica», precisa Ramtane Lamamra. Queda por decidir si esta nueva fuerza apoyará al ejército congolés o si este último actuará por su cuenta. En la reunión participaron, entre otros, los ministros de Asuntos Exteriores de la RDC y de Ruanda, los jefes de Estado Mayor de los países de la región, además del consejero militar del secretario general de las Naciones Unidas.[18]

 

El 10 de enero, durante una rueda de prensa en Kinshasa, el portavoz del gobierno, Lambert Mende, declaró que el gobierno congolés se mostraba satisfecho sobre la creación de la Fuerza Internacional Neutra y el «despliegue de tres drones de las Naciones Unidas». Según él, estas acciones de la Unión Africana y las Naciones Unidas expresan la voluntad de la comunidad internacional de proteger a Kivu del Norte y de frenar la catástrofe humanitaria. El ministro Mende calificó de excelente la propuesta de desplegar drones en el este de la RDC, «ya que la frontera es el origen de muchos de los problemas, tanto como para la RDC como para Ruanda».

Según su criterio, los drones «proporcionarán a esta Fuerza Internacional Neutra y a la MONUSCO, que formará parte del dispositivo, una perspectiva un poco más precisa de lo que ocurre en ese área problemática y les permitirá llevar a cabo intervenciones adecuadas y más eficaces para restablecer una paz duradera en una región que ya ha sufrido demasiado».[19]

 

El 11 de enero, el ministro ugandés de Defensa y mediador entre el gobierno y el M23 en las negociaciones de Kampala, Crispus Kiyonga, afirmó que su país no se oponía al uso de drones por la MONUSCO para controlar el este de la R. D. Congo. Reconoció que estos aviones pilotados de forma automática ayudarán a la región a mejorar la búsqueda de información en el este de la RDC, zona plagada de bosques y montañas. Además, declaro que «si estos aviones se usan para recopilar información y no se alejan del principio de soberanía, aceptamos su uso». Sin embargo, añadió que «se deberían tratar ciertos aspectos antes de aplicar esta medida, principalmente para asegurar que se respete la soberanía de los países vecinos de la R. D. Congo».[20]

 

b. Nuevas sanciones

 

El 31 de diciembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aplicó nuevas sanciones a los responsables del M23 y de las FDLR, dos rebeliones que castigan el este de la RDC. A las personas que entran en esta lista negra se les sanciona con una congelación de activos y la prohibición de viajar. El Consejo ha incluido en esta lista a dos dirigentes del M23: Jean-Marie Runiga Lugerero, calificado como «jefe civil del movimiento», y Eric Badege, definido como «un comandante del M23 del que se sospecha que aplicó exacciones a mujeres y niños».

Esta medida se aplicó horas antes de la entrada de Ruanda en el Consejo como miembro no permanente, a partir del 1 de enero y durante dos años.

 

«Creemos que estas decisiones facilitarán el camino hacia una paz duradera en el este de la RDC», declaró en un comunicado la embajadora de los Estados Unidos de la ONU, Suzanne Rice. Además, pidió a los miembros del M23 y de las FDLR que «se movilizarán para desasociarse de los grupos sancionados». La diplomada americana mencionó la posibilidad de que el Consejo llevase a cabo «medidas suplementarias contra aquellos que insistan en apoyar al M23 o evitar el embargo de armas» impuesto a los grupos armados activos de la RDC. Algunos expertos de la ONU, diversas organizaciones y el gobierno de la R. D. Congo acusan a Ruanda y a Uganda de apoyar al M23, algo que ambos países niegan. El Consejo denunció en varias declaraciones todo «apoyo exterior» al M23, pero sin señalar abiertamente a Ruanda ni a Uganda.

 

El pasado noviembre, la ONU ya había aplicado sanciones a otros dirigentes del M23: Baudouin Ngaruye e Innocent Karina. El primero fue acusado, entre otros crímenes, de ejecuciones y torturas contra desertores del M23, además de violar de forma importante los derechos del hombre y el derecho internacional. Habría cometido asesinatos, mutilaciones y raptos de mujeres. El segundo fue acusado de haber supervisado el reclutamiento y el entrenamiento de más de 150 niños para la rebelión del M23, además de asesinar a los rebeldes que decidían huir. El jefe militar del M23, Sultani Makenga, también se encuentra bajo el régimen de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde el 13 de noviembre de 2012.[21]

 

Ahora que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acaba de sancionar al M23 al completo, incluyendo a todos sus dirigentes, ¿con quién va a evaluar los Acuerdos del 23 de marzo el gobierno de la R. D. Congo? ¿Va a negociar con personas que tienen prohibido viajar y tienen impuesta una congelación de activos? El gobierno no debe negociar con criminales de guerra acusados de graves violaciones de los derechos del hombre y sancionados actualmente por el Consejo de Seguridad. El aceptar negociar con ellos supone admitir que el Consejo de Seguridad se ha equivocado; es una trampa en la que la delegación de la R. D. Congo no debería caer.

Según ciertas personas, las sanciones impuestas a Jean-Marie Runiga y a Eric Badege no cambiarán nada, a no ser que también se sancione a Ruanda, acusada por el grupo de expertos de las Naciones Unidas de apoyar al M23. Al fin y al cabo, estas sanciones no aportan ningún resultado tangible sobre el terreno de operaciones. Es más, los rebeldes del M23, acostumbrados a actuar de manera oculta y en el contrabando, se ríen de estas sanciones. ¿Hasta cuándo durará este doble juego de los americanos y los británicos?[22]

 

El 11 de enero, el ministro ugandés de Defensa y mediador entre el gobierno y el M23 en las negociaciones de Kampala, Crispus Kiyonga, declaró que no estaba de acuerdo con las sanciones impuestas por las Naciones Unidas a ciertos dirigentes del M23: «En Uganda hemos establecido cuatro puntos según su importancia: la paz, la reconciliación, la democracia y la justicia, dónde el primero es el más importante y el último el menos. Algunas personas de la comunidad internacional han invertido la ecuación y ponen todo su interés en la justicia, haciendo que solo se hable de sanciones», declaró Crypsus Walter Kiyonga.[23]

 

Según el diario kinés Le Potentiel, el ministro ugandés de Defensa y mediador de las negociaciones entre la delegación gubernamental y el M23 mostró su apoyo al grupo rebelde declarando abiertamente que defendía al movimiento. Uganda, acusada de apoyar a los rebeldes del M23 por la ONU, muestra así sus verdaderas intenciones. Oponiéndose a las últimas sanciones de la ONU contra algunos dirigentes del M23, Kampala ha hecho que su papel en la resolución de la crisis del este de la RDC pierda credibilidad. Desafortunadamente, el Congo sigue acercándose de forma menos inocente, e incluso cómplice y acompañante, a esta estrategia que va en contra de los intereses del país.[24]

Algunas personas opinan que la actitud de Uganda podría ser la ocasión perfecta para que el gobierno congolés rechace la mediación ugandesa a causa de la presidencia rotatoria de la CIRGL, que acaba el día 15 de diciembre de 2012, y busque la mediación de Brazzaville, que asumirá la presidencia de la CIRGL en 2013.

 

 

5. EL MANDATO DE LA MONUSCO

 

El 25 de diciembre, día de Navidad, un grupo de figuras políticas y culturales denunciaba la ausencia de una aplicación real del mandato de la MONUSCO en una tribuna publicada por el diario francés Le Monde. Según estas personas, los 17000 cascos azules de la misión « son conscientes » del deterioro de la situación, pero no pueden intervenir de forma directa. Sugieren que las Naciones Unidas elaboren una resolución que permita a los cascos azules de la MONUSCO aplicar un mandato que cumpla las expectativas del pueblo congolés y que la misión de la ONU haga un uso real de la fuerza para neutralizar a los grupos armados que atemorizan a miles de congoleses todos los días.

 

Este grupo de personas lamenta los millones de muertes y vidas devastadas que ha causado el movimiento hasta el día de hoy en Kivu, al este de la RDC. Un drama que la comunidad internacional podría detener fácilmente, según ellos, permitiendo que los 17000 soldados de la MONUSCO hagan su trabajo y aplicando el mandato de forma real; como soldados, su misión es garantizar la paz y la dignidad de la especie humana. Para conseguirlo, estas personas piensan que sería necesaria una resolución del Consejo de Seguridad que permitiese actuar a los cascos azules.

 

Sitúan además al M23 entre los numerosos grupos armados que atacan el este de la R. D. Congo y lo califican de « escuadrón que luce bonitos uniformes y armas impolutas, y que lleva a cabo incursiones en Goma y siembra el terror en su periferia asesinando y arrasando todo lo que encuentra». «Violan a millones de mujeres y niños para atemorizar al pueblo. Destruyen y hacen desaparecer identidades para siempre. A los niños que dejan sin masacrar los entrenan para unirse a ellos», afirman.

Entre los veinte firmantes de esta tribuna figuran, entre otros, el antiguo presidente francés Jacques Chirac; la embajadora de la Fundación Danielle Mitterand, Valérie Trierweiler, pareja del actual presidente francés; la ministra francesa de la Francofonía, Yamina Benguigui; el antiguo presidente senegalés y secretario general de la francofonía, Abdou Diouf y el ginecólogo congolés Denis Mukwege.[25]

 

El 7 de enero, Camille Dugrand reaccionó ante esta tribuna con un artículo titulado «La situación de Kivu no se resolverá simplemente con una llamada a la intervención».

 

Según los firmantes de la tribuna, el drama que asola la región de las Kivus desde hace 20 años podría solucionarse «de forma inmediata» con tan solo modificar el mandato de la MONUSCO para «garantizar la paz» y que todas las personas puedan «vivir en harmonía».

 

El tono superficial y simplista de este llamamiento choca con la extrema complejidad de la situación a la que la ONU se enfrenta en ambas Kivus. Si la MONUSCO sigue siendo objeto de reproches, habrá que analizar la compleja situación de las Kivus para decidir qué acciones son necesarias.

 

Las bases del conflicto y las exacciones no se limitan a la explotación de recursos minerales. Los intereses territoriales, demográficos, políticos y militares son otras motivaciones que llevan a un gran número de grupos, cuyo interés es la explotación de recursos naturales, a tomar las armas. Alrededor de la MONUSCO surgen miles de milicias y grupos armados que cometen violaciones, robos y exacciones día a día. El oportunismo de las personas envueltas en el asunto, los apoyos y las agendas de Kinshasa, Kigali y Kampala constituyen alianzas particularmente volátiles.

Las violaciones, los robos y las masacres no son solo cosa del M23. En muchas ocasiones, son el ejército nacional, las milicias, los grupos armados o incluso individuos civiles los que causan estos actos de violencia.

Debido a esta situación, los soldados de la MONUSCO, como establecido en el llamamiento, deben «hacer su trabajo». ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso debemos exigirles «en nuestro nombre» que usen más poder? Y si es así, ¿sobre quién? ¿Los hutus ruandeses de las FDLR? ¿Los hutus congoleses de los Mai-Mai Nyatura? ¿Los tutsis y los hutus congoleses del M23, apoyados por Kigali? ¿Los hunde de la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano? ¿Los Mai-Mai Tcheka? ¿Los Raia Mutomboki? ¿La PARECO? ¿O incluso sobre las Fuerzas Armadas de la R. D. Congo, el deteriorado ejército del país, cuando sus soldados poco equipados y con sueldos irrisorios (si es que tienen…) cometen actos de violencia contra los civiles?

 

Hoy en día, la MONUSCO cuenta con 17049 soldados. La redacción del acta de compromiso y de las cadenas de mando de las naciones contribuyentes y las complejidades del mandato del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas son sin duda trabas para el «trabajo del soldado». ¿Puede una operación de mantenimiento de la paz tener un mandato ofensivo? Pedir un refuerzo inteligente y necesario del mandato de la MONUSCO es una cosa; dejar caer que los soldados podrían poner fin a las violaciones, muertes y exacciones cometidas de norte de Katanga a Ituri, pasando por Maniema, es un gran error de análisis y de posicionamiento político.

Si señalamos solo a aquellos que «no han hecho nada por evitar la situación», nos estamos olvidando de los responsables de los 20 años de guerra y de sus dramáticas consecuencias humanas.

Kinshasa no necesita hacerse con un ejército, una policía y una justicia verdaderas, y el estado congolés no está obligado a garantizar la seguridad de su propio pueblo. Kigali y Kampala están absueltos por apoyar a la rebelión del M23 y por sus actos de depredación en el este de la R. D. Congo. La impotencia de la MONUSCO es insoportable y se tiene que mejorar su mandato. Sin embargo, ¿la «comunidad internacional» no debería acoger una postura común para que todo su peso recaiga sobre los primeros responsables del conflicto de las Kivus sin olvidarse de ninguno de ellos (incluidas las grandes potencias y multinacionales occidentales – N. del E.)?[26]