Falta de evidencia. Con esta justificación la Corte Penal Internacional (CPI) determinó en apelación que no podrá enjuiciar a Callixte Mbarushimana, secretario ejecutivo de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), rebelión hutu ruandesa. “El artículo 61 del Estatuto de Roma (el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional, n.d.r.) permite igualmente que el fiscal pueda pedir en el futuro una nueva confirmación de los cargos en su contra, en base a pruebas adicionales”, dijo el juez Erkki Kourula, quien leyó el veredicto.
Arrestado por las autoridades francesas en octubre de 2010 y trasladado a La Haya, sede de la Corte, en enero de 2011, Mbarushimana debería haber respondido a cinco cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, tortura, violaciones, actos inhumanos y persecución) y ocho cargos de crímenes de guerra (ataques contra civiles, asesinatos, mutilaciones, torturas, violaciones, tratos inhumanos, destrucción de bienes y saqueos) cometidos en el este de República Democrática del Congo en 2009. Por primera vez desde su creación en 2003, el 16 de diciembre del año pasado la CPI había ordenado su excarcelación, ya que no era capaz de confirmar los cargos contra el líder de las FDLR. El mismo fiscal Luis Moreno Ocampo había pedido a los jueces que suspendieran la liberación del líder político de la rebelión hutu de Ruanda, ordenada unos días antes.
Desde hace cinco meses, Mbarushimana, de 48 años de edad, se encuentra en Francia, donde vivía ya desde 2002, con su esposa y sus dos hijos. La justicia francesa lo puso en custodia cautelar, puesto que fue acusado por el Tribunal de Instrucción de París de crímenes de lesa humanidad, que habría cometido durante el genocidio de Ruanda, en 1994. Los jueces franceses aceptaron una denuncia presentada en 2008 por el “Collectif des parties civiles pour le Rwanda” (CPCR). [VV/VR]
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